Un reciente reportaje de Ojo Público evidencia el incremento de zonas de minería ilegal en el departamento de Amazonas, específicamente en el distrito Río Santiago (provincia de Condorcanqui), en la frontera con Ecuador. En total, se identificaron 17 zonas donde se realiza esta actividad que ha llevado no solo la destrucción de la biodiversidad, sino también ha generado otros delitos, como la explotación sexual de menores.

En la zona donde se realiza esta actividad ilegal viven aproximadamente 70 comunidades de los pueblos indígenas awajún y wampis. En el recorrido por el río Santiago, donde no existen policías ni Fuerzas Armadas, el equipo del portal de investigación identificó al menos 17 dragas ilegales y un taller donde se fabrican estas máquinas. Cada draga, dependiendo del tamaño y su ubicación, puede extraer en la Amazonía, entre 80 y 120 gramos de oro de 24 quilates por día.

Ante esta actividad, solo los líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), organización que agrupa a la mayoría de comunidades, intenta ejercer un control sobre el río con el fin de reducir la minería ilegal.

“Nos oponemos [a la minería] porque hay incremento de contaminación del medio ambiente. Hablamos de todo: de agua, de suelo, de plantas, del aire. (…) También causa problemas sociales, contradicciones dentro de la familia”, señaló un dirigente indígena de la zona, cuya identidad no se menciona por protección.

Uno de los principales insumos para la minería ilegal es el combustible que se usa para el bombeo de los motores en las dragas. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), solo un establecimiento tiene autorización para vender combustible en La Poza; sin embargo, OjoPúblico identificó que funcionan al menos otros cuatro.

El combustible que alimenta las dragas y motores del río Santiago tienen una única ruta: se transportan desde Jaén (Cajamarca) y Bagua (Amazonas) hasta Santa María de Nieva, y desde ahí, donde termina la carretera, se envía por vía fluvial hacia las localidades ribereñas.

Concesiones sobre el río

En esta cuenca, según la información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), existen 11 concesiones mineras tituladas, una en trámite y dos caducadas.

El Estado otorgó el 64 % de estas concesiones entre 2019 y 2022. Una de las concesiones, de 300 hectáreas y que se superpone a un sector del río Santiago, tiene como titular a Oro Grande Mining S.A.C. OjoPúblico intentó comunicarse con la empresa; sin embargo, la dirección que aparece en su expediente en el Ingemmet, que corresponde al distrito de Surquillo, en Lima, no existe. De acuerdo a Sunat, desde julio de 2023, Oro Grande Mining S.A.C. aparece con “baja de oficio”.

Explotación sexual de menores

En la localidad La Poza, de Río Santiago, el equipo de investigación encontró además lugares donde menores edad son explotadas sexualmente en discotecas improvisadas. Entre las explotadas figuran peruanas, pero también de nacionalidad ecuatoriana y venezolana.

“Algunas jovencitas [de las comunidades wampis] se van a La Poza en busca de trabajo. (…) Los dueños de los bares son los que las llaman. Ellos invitan y buscan a las chicas para utilizarlas como servicio”, denuncia un joven dirigente indígena. “Los mineros aprovechan, porque dicen que tienen dinero”, explica. La explotación sexual avanza en todas las localidades cercanas a las zonas de extracción ilegal de oro.

En diciembre de 2024, la municipalidad de Río Santiago identificó a menores de edad y mujeres que trabajaban en estos bares, confirmó un funcionario del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

Otro problema es el incremento de casos de VIH en la zona. Según datos del Gobierno Regional de Amazonas, el número de personas con VIH en la provincia de Condorcanqui –que incluye los distritos de Río Santiago, El Cenepa y Nieva– ha aumentado en los últimos cuatro años. Mientras que en 2020 había 40 casos, en 2024 se registraron 338 casos. Es decir, un aumento del 845 %.

De acuerdo a Roberto Rivera Sánchez, director de la Red de Salud de Condorcanqui, el 80 % de los nuevos casos corresponden a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25 años.

Los mineros también explotan a los menores de edad de otra manera: los exponen como escudos humanos cuando hay operativos. En enero de este año, el Gobierno Autónomo de Wampís denunció que los mineros usan a los niños como escudos en las comunidades de Belén, Guayabal y Fortaleza. Los menores son puestos deliberadamente en las dragas con el fin de que los policías no puedan detonar las balsas.

La policía sabe del problema

Según Ojo Público, la Policía Nacional conoce esta situación, pero, a pesar de que el puesto más cercano se encuentra a solo dos horas en bote, hasta el momento no han intervenido, por ejemplo, el taller ilegal donde se fabrican dragas.

En todo el trayecto que recorrieron los periodistas por el río Santiago, no hallaron ninguna embarcación fluvial policial o militar que controlara el río o la frontera, a pesar de que a lo largo están los puestos militares Teniente Pinglo, Ampama, Candungos, Cahuide y Subteniente Castro.

En la última operación contra la minería ilegal en el río Santiago, la policía recibió el apoyo de las fuerzas armadas. El 25 de enero de este año, volaron una draga en las orillas de la comunidad de Belén y destruyeron una carretera en El Cenepa que se utilizaba para transportar materiales de la minería ilegal.

Consultado sobre cómo el Gobierno busca enfrentar la minería ilegal en Amazonas, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis José Montero Cornejo, solo dijo que «se están haciendo varias acciones de interdicción. En la zona del Nanay, en la zona de la cordillera del Cóndor, en Condorcanqui en Amazonas”. Y señaló que, según ellos, “lo único que queda para hacer [contra la minería ilegal] es la interdicción.»

[Lee el reportaje completo aquí]