Foto: Andina
- El presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial (CNGA), propuso además la creación de una subcomisión dentro este organismo para analizar oportunidades de mejora constitucional en materia de ambiente y recursos naturales.
El presidente de la CNGA del Poder Judicial, Francisco Távara, anunció ayer, 25 de junio, el compromiso de su organización frente a la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que destaca la importancia del acceso a la justicia ambiental, la participación ciudadana y la protección de los defensores ambientales.
En específico, Távara anunció que presentará un pedido para que la Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial remita un pedido oficial al Congreso para la ratificación del Acuerdo de Escazú, suscrito por nuestro país en el 2018.
El anuncio se realizó en el seminario virtual “Retos de la Justicia Ambiental en tiempos de la Pandemia Global”, organizado por la CNGA del Poder Judicial con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Fundación Moore.
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Consultada sobre este importante anuncio, Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, destacó que la reafirmación del compromiso de la CNGA para la ratificación del Acuerdo de Escazú “indica también su disposición para implementar los estándares y herramientas que contiene este instrumento a fin de fortalecer la justicia ambiental en nuestro país”.
“La ratificación del Acuerdo de Escazú es el primer paso para alcanzar la democracia ambiental en nuestro país, el cual es un proceso largo que necesita del compromiso de todas las entidades del Estado”, agregó la abogada.
Revisión de sistema constitucional sobre ambiente y recursos naturales
En el mismo evento, el presidente de la CNGA del PJ destacó la importancia de revisar la normativa vigente de nuestro sistema constitucional sobre ambiente y recursos naturales.
Para ello, propuso la creación de una subcomisión dentro de la CNGA del PJ, encargada de elaborar un informe que identifique las oportunidades de mejora constitucional en materia de ambiente y recursos naturales a la luz de las tendencias actuales.
Távara indicó que el encargo se centraría en la revisión específica del contenido de los artículos Art. 2° inc. 22, además de los 66°, 67°, 68° y 69°. La revisión de estos artículos podrían implicar cambios significativos en nuestro modelo económico y de aprovechamiento de los recursos naturales.
Durante su ponencia en el seminario, Távara indicó que dicha subcomisión “deberá determinar si el vigente modelo es acorde con la tutela jurídica del ambiente. De no serlo, esta subcomisión elevaría una propuesta a la comisión que presidió y, después, se llevaría a la Sala Plena”.
“Así, la Corte Superior de Justicia de la República podría llevar una propuesta de reforma constitucional para una mejor redacción de esta materia en la Constitución Jurídica del Perú”, acotó.
De otro lado, el Poder Judicial solicitará al Ejecutivo que la Antártida forme parte de la discusión de las políticas públicas ambientales nacionales. Destacó que este continente es objeto de una profunda investigación.
“La Antártida debe estar incluida en la parte normativa de la Constitución. Pero lo más importante será incorporar este tema a la discusión ecológica a nivel nacional e internacional”, declaró Francisco Távara. “Queremos ser los primero en colocar en agenda nacional e internacional”, enfatizó en la citada ponencia.
Estas declaraciones se efectuaron en momentos que diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la SPDA, cuestionaron una reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley 30230 que, luego de más de cinco años y ocho meses, ha declarado infundada la acción interpuesta.
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