Con el objetivo de visibilizar el impacto territorial de los agronegocios en América Latina, Oxfam Perú organizó los días 24 y 25 de mayo el foro internacional “Agronegocios, Medio Ambiente y Derechos Humanos: Lecciones desde América Latina”.

Uno de los temas centrales del evento consistió en evidenciar cómo monocultivos de palma aceitera o cacao se expanden a zonas ambiental y socialmente sensibles como bosques primarios, territorios indígenas o regiones de conflicto, presionando a los ecosistemas y alterando las dinámicas productivas locales y generando conflictos por el uso de los recursos.

A través de casi 30 exposiciones, que recogieron experiencias de especialistas de Brasil, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica y varios casos puntuales de Perú (Ucayali, San Martín y Loreto, principalmente), se buscó generar una comprensión más profunda del tema y generar un diálogo entre pueblos indígenas, defensores locales, sociedad civil, industria y Estado.

Una amenaza latente

Ursula Arens, abogada del Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), participó en los dos días del evento y consideró que las exposiciones más significativas fueron aquellas que “tenían información cuantitativa y cualitativa de los impactos generados por los monocultivos no únicamente en la Amazonía sino en zonas de bosques tropicales a lo largo del continente, desde América Central (Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua) hasta América del Sur (principalmente lo ocurrido con Brasil, Colombia y Perú)”.

“El impacto generado en Perú a la fecha no es significativo en comparación con los demás países de la región. Sin embargo, de no contar con normas claras y efectivas, nuestra Amazonía va a continuar sufriendo los embates que se han generado en localidades como Santa Clara de Uchuña en Ucayali o lo ocurrido en Tamshiyacu y Panguana en Loreto, así como en Barranquita, en San Martín, producto de las actividades de las diferentes empresas agroindustriales de monocultivos adyacentes a estas zonas”, agregó Arens.

Descoordinación y desidia del Estado

La abogada de la SPDA indicó que se evidenció, en los casos expuestos, una falta de coordinación y sinergia entre los Gobiernos nacionales y regionales, entre los sectores y en la participación del Estado como actor, partícipe o facilitador de la pérdida de ecosistemas boscosos a cambio del incentivo de la agroindustria de monocultivos, principalmente la palma aceitera y el cacao.

“Me impresionó la desidia del Estado en lo referente a la protección de los ciudadanos de estas regiones alejadas y el acceso deficiente a su derecho a la justicia ambiental, haciendo evidente la priorización a las grandes inversiones en casos como la facilitación de la documentación requerida para hacerse de la tierra, la inseguridad que existe en estos lugares acechados por traficantes de terrenos”, señaló Ursula Arens.

“Uno de los afectados del departamento de San Martín expresó que inicialmente veían como bueno que el Estado se haya acordado de ellos, cuando vieron que se abría una carretera en la zona. Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que allí se iba a establecer una empresa. Cuando comenzó a operar, empezaron a ver tierras y aguas contaminadas, su falta de acceso a zonas tradicionales que empleaban para sembríos y otras especies de uso doméstico, quedándose con el malestar de sentir que era mejor cuando el Estado no se acordaba de ellos”, sostuvo Arens.

Finalmente, la abogada de la SPDA destacó la importancia de abordar estos temas para exponer la realidad olvidada de poblaciones que habitan en la Amazonía. “Se evidencia una pobre capacidad del Estado para, teniendo una regulación y política en favor del patrimonio forestal, lograr establecer una zonificación clara y priorizar la titulación de las poblaciones indígenas asentadas en zonas ancestrales. De otro lado, también es importante abordar estos temas ya que se trata de la introducción de monocultivos en una de las regiones más biodiversas del mundo. El incentivo de un cultivo que es eficiente pero que contamina, la no protección de bosques primarios, la falta de adecuación del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor y las políticas públicas abiertamente opuestas (conservación del patrimonio forestal, incentivo de monocultivos, desincentivo de cultivo de coca por monocultivos)”, concluyó Ursula Arens.

Fotos: Diego Pérez / Oxfam.

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