Fiscales Evelyn Lamadrid y Jorge Chávez Cotrina expresaron estar de acuerdo con la norma aprobada a mediados de este mes.

• Especialistas precisaron que la norma busca frenar a las grandes organizaciones criminales de alcance transnacional.
• El tráfico ilegal de vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo, luego del tráfico de armas, drogas y la trata de personas.

El pasado 16 de noviembre se publicó la Ley 31622, que modifica el Código Penal en temas de crimen organizado, el cual busca brindar herramientas para que los organismos del Estado puedan investigar y condenar el tráfico ilegal de vida silvestre con penas más severas, si se comprueba que esta actividad se realizó con la existencia de una organización criminal. Sin embargo, desde hace unas días, algunos grupos del sector pesquero artesanal han manifestado su preocupación pues consideran que la norma puede poner en peligro su trabajo.

Al respecto, la fiscal Evelyn Lamadrid, del despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, explicó en una reciente entrevista con Ojo Público que la norma es un acierto, pues va a permitir que la Fiscalía pueda hacerle frente a las grandes organizaciones criminales, que trafican ilegalmente con nuestra biodiversidad.

“Estas organizaciones cometen un delito ambiental con muchos delitos conexos porque necesitan falsificar documentos, financiamiento ilegal, lavado de activos, defraudación de impuestos. Muchos pescadores dicen que las leyes siempre van contra los más pequeños, pero con esta ley, el Estado va contra las organizaciones criminales grandes que utilizan a los pequeños para poder hacer su patrimonio”, indicó.

Por su parte, el Fiscal Superior Titular y Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, explicó en una entrevista para LP Derecho, que si bien el temor de los pescadores es que se les considere organización criminal por realizar sus faenas en grupos de 2 o más personas, este no es el único elemento para ser considerados como tal, pues tendría que haber evidencias de que ese grupo de personas se ha organizado únicamente con el fin de realizar una actividad ilegal. “Nuestros amigos pescadores tienen que estar tranquilos porque esta norma no los va a afectar directamente. Esta norma está dirigida (…) a las grandes organizaciones trasnacionales, porque hay que recordar que el crimen organizado es transnacional”, enfatizó.

Adicionalmente, la fiscal Lamadrid explicó que en el caso que un grupo de pescadores capture recursos hidrobiológicos en tallas menores a lo establecido, no se les va a investigar como crimen organizado, así sean 2 o más personas implicadas en la faena. La modificación de la norma aprobada aplicaría a “aquellos pescadores que extraen aletas tiburón, que han sido financiados con dinero mal habido y que, sin ningún tipo de autorización, las trafican, transportan y exportan”, precisó.

A pesar de los argumentos explicados por los fiscales y diversos especialistas, parlamentarios han propuesto la derogación de dicha norma que viene siendo analizada en la Comisión de Justicia del Congreso. Además, la fiscal Lamadrid señaló con preocupación la insistencia de algunos grupos de pescadores para solicitar su derogación ante el Congreso pero advirtió que detrás de esta campaña de desinformación estarían las organizaciones criminales y las grandes mafias que sí realizan actividades ilegales. Sin embargo, la fiscal resaltó también el hecho de que diversas organizaciones pesqueras se estén acercando a las FEMA para solicitar información, pues ello demuestra su interés por actuar dentro de la legalidad y que más allá de lo económico están velando por la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.