Foto: FEMA
- La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se suma al apoyo hacia el trabajo que realiza la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental a favor de nuestros recursos naturales.
Las organizaciones que conforman el “Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad” emitieron un pronunciamiento en el que respaldan las labores de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
“La FEMA cumple sus labores de investigación, fiscalización y vigilancia de los delitos ambientales, como por ejemplo la tala ilegal, minería ilegal, tráfico de vida silvestre, entre otros, que atentan contra los recursos naturales de todos los peruanos. Estos procesos merecen todo el apoyo y no deben ser obstaculizados ni sujetos a cuestionamientos, producto de presiones o intereses particulares”, se indica en el documento firmado por la SPDA y otras organizaciones.
Este pronunciamiento se da a pocos días de realizarse una protesta en Loreto contra la labor del fiscal ambiental Alberto Caraza. El grupo de manifestantes, que se ubicó en el frontis del Ministerio Público de Iquitos, estuvo conformado por decenas de personas de la localidad de Tamshiyacu, provincia de Fernando Lores.
Hay que recordar que Caraza Atoche está a cargo de cuatro investigaciones que no solo incluyen a empresas que realizan trabajos en Loreto, sino a autoridades políticas de la región en mención.
Dentro de estas investigaciones, resalta la que culminó con el histórico fallo contra Cacao del Perú Norte por traficar productos forestales del fundo Tamshiyacu, en la provincia de Maynas (Loreto), y que obliga a la empresa a pagar 15 millones de soles, además de la condena de ocho años de pena privativa de la libertad contra Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa.
Respecto a la situación del fiscal Alberto Caraza Atoche, Jean Piere Araujo, director de la Iniciativa de Justicia ambiental de la SPDA, indicó que las muestras de presión contra este se “vienen realizando a nivel mediático con publicaciones que buscan contradecir los argumentos relativos a la transformación de madera, indicando que ella no se habría producido, a partir de las declaraciones de algunos líderes locales”.
Sobre las manifestaciones, como la realizada en el Ministerio Público de Iquitos, el argumento principal de los participantes es que las inversiones agroindustriales en Tamshiyacu se realizan en tierras agrarias tituladas.
Sin embargo, Araujo indica que si bien esta información es cierta, “(esto) no las exonera de las obligaciones ambientales que debe cumplir una empresa que busca retirar la cobertura forestal para instalar un monocultivo”.
El representante de la SPDA también resaltó la importancia en cuanto al resguardo que deben tener fiscales como Caraza Atoche y otros integrantes de la FEMA.
“Actualmente en Loreto se vienen investigando otras denuncias vinculadas a lo sucedido en Tamshiyacu con motivo de la instalación de monocultivos. Los casos sobre delitos ambientales son bastante complejos y se requiere un alto nivel de seguridad para recabar la información y pruebas necesarias”, precisó Jean Piere Araujo.
DATO:
Estas son las 15 organizaciones que firmaron el pronunciamiento respaldando a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental:
1. Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN)
2. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
3. Cesar Ipenza Peralta
4. Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
5. Frankfurt Zoological Society Perú (FZS Perú)
6. Instituto del Bien Común (IBC)
7. José La Torre Montoya
8. Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)
9. Practical Action
10. Pronaturaleza
11. Rainforest Partnership
12. Red de Conservación Voluntaria de Amazonas (RED AMA)
13. Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural (SEPAR)
14. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
15. Yunkawasi
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