• Deforestación, minería ilegal, adaptación al cambio climático, ataque a los defensores ambientales, entre otros, son solo algunos temas que año tras año están en la lista de espera.
• En su discurso de 28 de julio, ¿la presidente Dina Boluarte se pronunciará sobre estos temas?

 

A sus 202 años de vida republicana, nuestro país llega con diversos desafíos. Tras la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, la recuperación económica fue uno de los principales retos. Sin embargo, en el camino se sumó la crisis política que en diciembre pasado alcanzó un nivel de gravedad casi de cuidados intensivos, debido a las protestas contra el Gobierno y las muertes que se produjeron en los enfrentamientos.

Si bien en el Perú existen desafíos históricos para cerrar diversas brechas en salud, educación, comunicación, entre otros, también existen retos ligados a la protección de la naturaleza y de quienes la defienden. Temas como la deforestación de la Amazonía, las actividades ilegales como la minería, tala y narcotráfico, el ataque a los defensores ambientales, la desatención a los pueblos indígenas y los atentados contra los indígenas en situación de aislamiento son solo algunos de estos retos pendientes que año tras años están en la lista de espera.

En el discurso de 28 de julio, ¿la presidenta Dina Boluarte se pronunciará sobre estos temas? No solo miles de personas perjudicadas por las actividades contra la naturaleza esperan que la mandataria alce su voz para que el Estado por fin atienda diversas demandas, sino se trata del presente y futuro de todos los peruanos, porque todos esperamos que nuestros recursos naturales sean protegidos, que nuestro patrimonio natural y cultural sean preservados, y que las personas que defienden los derechos humanos no sean objeto de amenazas o ataques contra sus vidas.

A continuación, la directora de la SPDA, Isabel Calle, resalta algunos retos ambientales pendientes:

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1. Enfrentar y detener la deforestación

En particular, la deforestación en la Amazonía peruana ha sido impulsada principalmente por la expansión de la frontera agrícola y la agricultura migratoria. Hasta el año 2020, se estima que se han perdido alrededor de 12 millones de hectáreas de bosque natural, de las cuales más de 200 mil se perdieron solo en ese año, superando en 54 846 la cantidad de bosques perdidos el año anterior. Esta deforestación ocurre principalmente en tierras de dominio público (tierras de capacidad de uso mayor forestal o tierras de capacidad de uso mayor para protección).

Pese a esta situación, en el Congreso de la República se han presentado, desde el 2021, proyectos de ley que buscan modificar las reglas para autorizar el cambio de uso de suelo, lo cual representa una amenaza para la Amazonía. Estas iniciativas legislativas buscan que los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas por una autoridad competente, y que no tengan cobertura boscosa debido a actividades agropecuarias, sean considerados como áreas excluidas de las restricciones de cambio de uso de suelo establecidas en la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esto implica eliminar los requisitos de clasificación de tierras necesarios para cambiar la categoría de un bosque a tierra agrícola en predios privados. Es importante tener en cuenta que estas propuestas podrían tener un impacto significativo en la conservación de los bosques. La deforestación tiene graves consecuencias, como la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, el cambio climático y la afectación de las comunidades locales que dependen de los recursos forestales.

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2. Erradicar la minería ilegal

Es importante tener en cuenta que la constante flexibilización del proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal puede resultar peligrosa, ya que debilita las acciones contra de esta actividad. Esto ha llevado a la proliferación de otros delitos relacionados, como la explotación laboral y sexual, el sicariato y el crimen organizado. La destrucción de espacios megadiversos como la Amazonía es el ejemplo más evidente del impacto de esta actividad, con un aumento alarmante en la deforestación y la contaminación por mercurio, sin que existan responsables sociales ni ambientales.

Durante el período de 2015-2017, se registraron afectaciones a 18 áreas naturales protegidas de competencia nacional, según la Estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas de administración nacional 2017-2021. Estas afectaciones incluso alcanzaron el interior de 8 áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Comunal El Sira y la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, entre otras. Hoy día sufrimos una amenaza desde el Congreso que, al prohibir la maquinaria de la maquinaria utilizada para esta ilegal actividad, generaría que ella regrese y promueva aún más destrucción de la que ya causaron.

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3. Proteger a los defensores ambientales

Es necesario abordar de manera integral tanto los desafíos ambientales como las preocupaciones sociales y económicas asociadas a las actividades como la minería ilegal, la tala o el narcotráfico. Esto implica tomar medidas efectivas para combatir estas actividades, proteger las áreas naturales protegidas y garantizar la seguridad y la justicia para quienes defienden el medio ambiente.

Es fundamental reconocer que los índices de violencia asociados a delitos ambientales han resultado en la muerte de al menos 29 defensores y defensoras ambientales en nuestro país. Estos casos aún se encuentran pendientes de resolución por parte de la justicia peruana.

En ese sentido, se debe considerar la situación vulnerable de las personas defensoras del ambiente, quienes se enfrentan a amenazas derivadas de las actividades ilegales mencionadas. Casos emblemáticos como los asesinatos de Edwin Chota en Ucayali, y Roberto Pacheco en Madre de Dios, han puesto de manifiesto esta problemática y la necesidad de desarrollar estrategias efectivas para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo a las personas defensoras del ambiente.

Resulta fundamental abordar las cuestiones estructurales que generan dichos riesgos y garantizar su protección.  Asimismo, es importante destacar la necesidad de que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú, un compromiso regional en favor de la justicia y la transparencia ambiental. La adhesión al Acuerdo de Escazú fortalecería la protección de los derechos de las personas defensoras del ambiente y promovería la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente. Por lo tanto, resulta crucial que el Congreso actúe de manera pronta y ratifique este importante acuerdo regional.

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4. Asegurar la protección de nuestro mar y sus recursos

En 2021 se logró la creación de la Reserva Marina Dorsal de Nasca, lo cual representó un avance significativo para el Perú en términos de la protección de su espacio marino, pasando del 0.5 % al 6.5 %. No obstante, es importante tener en cuenta que el compromiso asumido ante las Naciones Unidas es conservar al menos el 10 % de dicho espacio. En este contexto, es necesario destacar que aún está pendiente la aprobación para establecer la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. La importancia de esta área y la necesidad de su protección, radica en su contribución a la conservación de los recursos marinos y su potencial para el desarrollo sostenible del país en sectores como la pesca, el turismo y la recreación.

Sin embargo, en el área propuesta también se identifican intereses relacionados con la actividad de hidrocarburos, ya que existen lotes petroleros que han sido concesionados mediante contratos de exploración y explotación. Nuestra legislación permite la coexistencia de la actividad petrolera con áreas naturales protegidas, siempre y cuando ambas cumplan con los estándares ambientales aplicables a cualquier empresa de alto nivel.

5. Ganar la batalla contra el plástico

Otro aspecto relevante relacionado con la conservación marina está vinculado a la contaminación por plásticos. Cada año, aproximadamente 11 millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos, y se estima que esta cifra podría triplicarse para el año 2040. El Perú no está exento de estos impactos, ya que cada persona en nuestro país utiliza alrededor de 30 kilos de plástico al año. Podemos observar cómo este producto está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, pero especialmente en nuestros entornos naturales y frágiles, como playas, bosques, ríos, océanos y áreas naturales protegidas. El problema del plástico no conoce fronteras.

En respuesta a esta problemática, desde el año 2018, el Perú cuenta con la Ley 30884, la cual estableció un marco regulatorio para los plásticos de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los envases o recipientes descartables de poliestireno expandido (conocidos como tecnopor). Sin embargo, a lo largo de estos años, ha habido varios intentos de suspender los efectos de esta ley. En la actualidad, la implementación de la Ley de Plásticos se encuentra en un punto intermedio, ya que es necesario desarrollar los reglamentos técnicos pendientes. Asimismo, desde el 20 de diciembre de 2021, de acuerdo con la Ley de Plásticos, entró en vigor la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de envases descartables de tecnopor. Sin embargo, es evidente que esta medida no se cumple de manera efectiva y visible para todos.

En el marco de la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5.2), que tuvo lugar en Nairobi (Kenia), en 2022, se aprobó una histórica resolución titulada “Poner fin a la contaminación por plásticos: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante”. En esta resolución se acordó un mandato para negociar un tratado que aborde todo el ciclo de vida del plástico, desde su producción hasta su eliminación, y se estableció que un Comité Internacional de Negociación (INC) será responsable de redactar y ratificar dicho tratado en los próximos dos años. Este logro representa el resultado de un amplio diálogo multilateral con el objetivo de contar con un instrumento legalmente vinculante para abordar la contaminación por plásticos. El proceso de negociación se inició en Punta del Este, Uruguay, en noviembre de 2002, y la semana pasada, del 29 de mayo al 2 de junio, se llevó a cabo la segunda reunión del INC en París. Se espera que este proceso concluya en 2024 con la adopción del tratado internacional. [Ver más sobre este tratado]

6. Adaptarnos al cambio climático

El Perú se encuentra entre los 20 países más vulnerables al cambio climático debido a su ubicación geográfica con montañas tropicales y una amplia diversidad de ecosistemas. En este sentido, es crucial desarrollar acciones de adaptación al cambio climático, especialmente a través de la gestión de riesgos de desastres y la inversión en infraestructuras sostenibles. Estas medidas permitirán que las ciudades sean más resilientes frente a los impactos de este fenómeno global.

En cuanto al Acuerdo de París, el Perú presentó sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en 2018 y las actualizó en 2020. El país se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40 % para el año 2030, con dos terceras partes de esta reducción proviniendo del sector de Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura. El Estado peruano planea implementar un 30 % de reducción a través de inversiones y gastos con recursos internos, tanto públicos como privados, mientras que el 10 % restante estará sujeto a la disponibilidad de financiamiento externo internacional.

Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París no recae exclusivamente en los gobiernos nacionales, sino que requiere la colaboración de múltiples actores, incluyendo autoridades locales, la sociedad civil y las empresas. El sector privado desempeña un papel estratégico al adaptar su proceso productivo, operaciones y cadenas de suministro para garantizar la continuidad de sus negocios ajustando las mismas al cumplimiento del objetivo de dicho acuerdo. El sector privado y financiero del Perú son clave para que el Perú transite hacia la carbono neutralidad.

Ello, aún es más importante si se considera iniciativas como las que se vienen trabajando en la Unión Europea, para el establecimiento de un mecanismo de ajuste en frontera por carbono, lo que implicaría que los productos importados a la Unión Europea paguen un precio equivalente al pago que realizan los productores europeos por las emisiones que se da en el marco del régimen de comercio de derechos de emisiones. Ello busca nivelar las reglas de juego para los productores locales y los exportadores externos a la Unión Europea, igualando los costos asociados a las emisiones de carbono.

La competitividad de un país depende hoy de su responsabilidad ambiental, su acción climática y su esfuerzo por revertir los procesos de pérdida de naturaleza. El Perú está perdiendo el impulso que en ello se tuvo. Debemos recuperar las acciones, vencer las amenazas y apostar por un desarrollo que enmarcado en la sostenibilidad nos genere beneficio a todos los peruanos.