El viernes 28 de abril, a través del decreto supremo 002-2017-Minam, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente (Minam) y se quitó la competencia sobre ordenamiento territorial (OT) a este sector que veía dicho tema desde su creación en el 2008.
La norma indica que el Minam ahora solo verá el “ordenamiento territorial ambiental”, un término que no está definido legalmente, según Fernando Neyra, ex director general de Ordenamiento Territorial del Minam hasta setiembre de 2016.
De acuerdo con Neyra, esta decisión del Ejecutivo ha creado diversas incertidumbres respecto al OT en el país, ya que era un tema que era trabajado hace 16 años, desde los gobiernos regionales y municipalidades. Al quitarle esta competencia al Minam, aclara Neyra, se evidencia intereses políticos que priorizan la inversión en vez de la planificación. Con ello, se tira por la borda años de trabajo y no se toma en cuenta el gasto que ya se ha hecho, tema por el cual el propio Estado puede ser denunciado ante las instituciones pertinentes.
Para ahondar más en este tema, Actualidad Ambiental conversó con Fernando Neyra, quien resalta que “la gente tiene que entender la importancia del ordenamiento territorial y la necesidad que tiene este país de planificar. No podemos seguir como estamos. Las ciudades son vulnerables y el crecimiento es desordenado. Las actividades económicas tienen que tener un control, sostenibilidad y equilibrio, y el ordenamiento territorial busca eso, no impedir el desarrollo”.
¿Qué es el ordenamiento territorial y por qué es importante en nuestro país?
El ordenamiento territorial es una política de Estado, una herramienta que permite –de acuerdo a la ley– garantizar el aprovechamiento seguro y sostenible de los recursos naturales. Por eso es importante esta herramienta, porque evita que las actividades económicas generen desequilibrio, problemas ambientales, o problemas relacionados a la disponibilidad de recursos, como la falta de agua, las inundaciones, deslizamientos, entre otros.
¿Por qué el Ministerio del Ambiente (Minam) era el encargado de ver ese tema y no otro sector?
Porque el Minam es, a nivel de todos los sectores, el que busca garantizar la calidad de vida de la población y la sostenibilidad. Es el único que tiene esa función en el aparato gubernamental. Si bien en cada ministerio hay aspectos de consideración ambiental, estos se ven desde un criterio sectorial, por ello tiene que haber un ente imparcial que busque de manera objetiva y este es el Minam, un actor neutro. Esa era la fortaleza para que este sector vea el OT.
Si se viera desde la PCM, siempre habrá un tipo de interés de inversión, no tanto de consideración de calidad de vida, o de sostenibilidad, pero el Minam sí te garantizaba eso. Por tanto, había una buena percepción de los actores respecto a que sea este ministerio el que vea este tema. Finalmente, cuando hay un conflicto socioambiental, siempre se pide que esté el Minam porque es el que garantizará esa imparcialidad.
El Minam miraba el tema de ordenamiento territorial desde su creación…
Así es. Este tema lo recoge el Minam desde su creación y desde ahí diseña instrumentos para conducir y supervisar este proceso a nivel nacional. Las regiones y los municipios ya tenían esta competencia, pero faltaba definir en el 2008 quién era el ente rector a nivel nacional porque hasta esa fecha lo tenía el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), que no tenía un peso importante. El OT pasa al Minam porque este sector tenía un mayor nivel de decisión política.
¿A qué se refiere exactamente con “ordenamiento territorial ambiental”?
Si uno revisa el marco normativo peruano, en diversas leyes, solo hay una mención al “Ordenamiento territorial ambiental”, aunque es algo muy general y no determina una función del Estado; sin embargo, en todas las normas como la Ley General del Ambiente, Ley de Recursos Naturales, Ley de Gobiernos Regionales, entre otros, sí se habla de “Ordenamiento territorial”. ¿Qué es “ordenamiento territorial ambiental”? No está definido legalmente. No sé qué es. Crear así algo que no tiene de por sí una definición, es ilegal.
¿Cómo afecta esta decisión del Ejecutivo a los gobiernos regionales?
Los gobiernos regionales tienen competencia en ordenamiento territorial, mas no en “ordenamiento territorial ambiental”. Entonces, ¿qué va a coordinar el Minam con las regiones? El problema ahora es que los gobiernos regionales en estos momentos están realizando estudios especializados conforme al marco legal vigente, pero ahora no se sabe con quién van a coordinar. Legalmente, el Minam debe seguir viendo ese tema, pero esa no es la actual política del Gobierno. Eso significa un retroceso de unos 16 años, desde que está el tema en regiones. Sinceramente las regiones y los municipios que tienen competencia en el OT, deberían pronunciarse porque aquí hay un tema político de fondo que pretende negar una competencia importante.
Entonces, ¿el Minam ya no coordinaría con ningún otro organismo tampoco el tema ligado a «ordenamiento territorial ambiental»?
Primero se tendría que definir qué es “ordenamiento territorial ambiental”, qué implicancias tiene, quién tiene la competencia y si van a meter en el tema a los municipios, y si es así tendrían que modificar la Ley de Gobiernos Regionales y la Ley de Gobiernos Municipales. Eso políticamente es bien complicado.
¿El Ejecutivo tiene pensado pasar todo lo que ha avanzado el Minam al nuevo Viceministerio de Ordenamiento Territorial?
No, no hay nada claro sobre este tema. Lo han dejado en la incertidumbre.
Usted señala que detrás de esta decisión del Ejecutivo hay intereses políticos, ¿cuáles serían esos intereses?
Yo creo que un tema importante aquí es la no planificación. Se cree que tener una planificación de territorio es una limitante porque con ello se paran las inversiones o se retrasan los proyectos, y eso es falso. Al tener información sobre territorio, uno garantiza que se intervenga de forma sostenible y también garantiza que la inversión también sea de forma segura. Ahora, por ejemplo con el tema de El Niño, cuántas empresas o inversiones se han perdido por no tener planificación, por no incorporar este componente del ordenamiento territorial. Yo creo que el tema político acá es el miedo a que ocurra lo que ocurrió en Cajamarca, donde el Gobierno Regional hizo una interpretación equivocada del ordenamiento territorial, al usarlo para bloquear proyectos de inversión. Yo creo que ese es el temor de muchos inversionistas.
Desde la creación del Minam, incluso antes, se ha visto este tema y se han generado gastos. ¿Cree que se podría denunciar el Estado por estos gastos que ahora se perderán?
Por supuesto. Lo que se está evidenciando es un gasto ineficiente del Estado, se está paralizando un proceso. Va depender mucho de una demanda que considere ilegal a esta norma y eso a la vez depende de cómo se organicen la sociedad o las regiones para reclamar. Lo ideal sería hablar con el Estado para dar una solución a este asunto, porque si no veremos ya el tema de la responsabilidad a nivel administrativo o judicial porque hay recursos públicos que no se están utilizando o van a perderse. La denuncia lo podría hacer la sociedad civil organizada, los gobiernos regionales o la misma Contraloría.
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