Fátima Contreras (SPDA): “La recuperación económica debe ir de la mano con el respeto a los derechos ambientales”

En octubre del año pasado, el Congreso peruano decidió no ratificar el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, con las elecciones a cuestas y la próxima renovación de congresistas, el acuerdo podría ser nuevamente evaluado y llegar a ratificarse. Pero mientras en el Perú los congresistas le dijeron no al tratado, otros países de la región lo fueron ratificando. En noviembre del 2020, México se convirtió en el decimoprimer país en ratificarlo y esto permitirá que el 22 de abril de este año, el Acuerdo de Escazú entre en vigor para los doce países que a estas alturas ya lo ratificaron.

Este recuento sobre el Acuerdo de Escazú en la región fue el contexto sobre el cual se desarrolló el panel “#ApoyoEscazú: Escribiendo un nuevo capítulo ecológico”, organizado por Ríos Voladores, con apoyo de la Deutsche Welle Akademie y la Cooperación Alemana. En el evento participaron especialistas de Colombia, Ecuador y Perú. Una de las participantes de Perú fue Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con quien conversamos en Actualidad Ambiental.

En un escenario nacional definido por la pandemia, las próximas elecciones y las medidas que apuntan a recuperar la economía: ¿Por qué debería ser el Acuerdo de Escazú un tema de agenda nacional?, preguntamos a Fátima Contreras. “Porque la recuperación económica debe ir de la mano con el respeto a los derechos ambientales. Uno de los desafíos más importantes en el contexto desatado por la covid-19 será pensar en la forma de hacer inversiones que sean ambiental y socialmente responsables. El Acuerdo de Escazú es un punto de partida para trabajar en mejores condiciones para ejercer nuestros derechos de acceso y mejorar la transparencia, participación y fortalecer la justicia ambiental”, señaló la abogada.

¿Considera viable que el Gobierno de turno o el próximo pueda plantear la recuperación económica del país sin caer en flexibilizaciones ambientales?, preguntamos. “La viabilidad de la ratificación del Acuerdo de Escazú dependerá del debate del nuevo Congreso de la República. Sin embargo, la implementación y mejora de los estándares de transparencia, participación y justicia ambiental es innegable ya que son derechos reconocidos en nuestra Constitución y no podemos avanzar en inversiones óptimas a costa de estos. Es un deber fortalecer los medios y herramientas sobre los que ejerceremos la transparencia, el diálogo y nuestro aparato judicial”, indicó Fátima Contreras.

Puede escuchar el panel “#ApoyoEscazú: Escribiendo un nuevo capítulo ecológico” en este enlace.

Diana Ríos (lideresa asháninka – Ucayali): «En el 2014 fue asesinado mi papá por defender nuestro territorio. Hoy en día nuestro territorio está invadido por cocaleros, taladores ilegales, concesionarios. El Estado y el mundo deben escuchar nuestras voces. Eso es lo que pido». pic.twitter.com/qteA9oI9mm

— SPDA (@spdaorg) March 24, 2021

[1/2] Fátima Contreras (SPDA): Debemos dejar de pensar que lo ambiental y los procesos de información, transparencia y participación puedan implicar obstáculos para las inversiones. Es todo lo contrario. pic.twitter.com/KuR6OWHDqc

— SPDA (@spdaorg) March 25, 2021