Foto: SPDA

• Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, señaló que a 12 meses del desastre ecológico producido por Repsol todavía no se conoce la situación exacta de las playas ni las consecuencias de la contaminación
• Además, la especialista resalta la importancia de modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante este tipo de desastres ambientales

Hace un año cerca de 12 mil barriles de petróleo fueron vertidos a la costa de Perú por la empresa Repsol, contaminando diversas playas desde Ventanilla (Callao) hasta Chancay (Huaral). La catástrofe ambiental afectó la economía de cientos de familias y ocasionó la muerte de 1852 animales silvestres según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Sin embargo, contar con esta información no fue posible hasta varios meses luego de ocurrido el desastre. 

Para Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), uno de los principales problemas que se detectó cuando ocurrió el derrame de petróleo fue que no había información clara y concreta sobre la cantidad de barriles que se habían derramado, ni del impacto en el ecosistema. 

“Hay información que se considera confidencial y no ha podido ayudar a tomar acciones concretas y mucho más rápidas. Esto requiere modificar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para que en un caso de emergencia ambiental, donde hay un daño al ambiente y un daño a la salud de las personas, no se considere como información confidencial cualquier supuesto de una emergencia ambiental. Eso es fundamental para evitar casos como el de Repsol”, expresó en entrevista con RPP Noticias. 

La especialista agregó que, actualmente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene siete procedimientos administrativos sancionadores contra Repsol, y de esos siete han encontrado que la empresa es responsable de seis. Sin embargo, tres de estos procedimientos han sido apelados. 

“Si Repsol hubiera desde un inicio, por ejemplo, reportado las dimensiones reales del impacto, no hubiera minimizado la emergencia ambiental, hubiera tenido acciones de respuesta rápida; no estaríamos en la magnitud del problema que tenemos ahora”, comentó. 

Cambios en el marco legal

La directora ejecutiva de la SPDA resalta que sería importante proponer la caducidad o cancelación del derecho de cualquier empresa que genere un daño al ecosistema. 

“Lo que sucede ahora es que cualquier empresa ante un incumplimiento ambiental igual va a seguir con su derecho y continuará ejecutando la actividad. Creo que ya tenemos que incorporar en nuestro marco legal que, ante un incumplimiento ambiental de una empresa que cause daño a la vida o al ecosistema, se caduque el derecho que tiene esa empresa de ejercer actividad. ¿Queremos actividad económica? Sí, pero lo que tenemos que saber es cuál es el estándar de la empresa que queremos que desarrolle actividades en el Perú”, dijo.