Foto: OEFA

• Organismo se pronunció sobre el próximo fallo que el Tribunal Constitucional estaría por emitir respecto a las demandas de amparo presentadas por empresas mineras que se oponen a pagar el aporte por regulación.
• Sin el aporte por regulación, OEFA podría perder el 74% del presupuesto de la fiscalización ambiental del 2019.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación ante “el grave impacto que tendría el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del aporte por regulación” que brindan las empresas mineras al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Como se recuerda, diversas empresas mineras se oponen a pagar este aporte por considerarlo ilegal y hasta una barrera burocrática, según demandas que hicieron ante el Poder Judicial, Indecopi y el propio Tribunal Constitucional (TC) desde el 2014.

Respecto al TC, existen 12 demandas de amparo de las cuales 2 estarían próximas a resolver. Si el fallo se da a favor de las mineras Cerro Verde y Perubar, el OEFA podría perder el 74% de su presupuesto anual y, además, devolver casi 700 millones de soles.

“La fiscalización ambiental es de máxima importancia para la protección del derecho a un ambiente sano en nuestro país, pues asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental en beneficio del entorno, la vida y la salud. Por este motivo, el OEFA requiere contar con capacidad técnica, autonomía y sostenibilidad presupuestal que le permitan una eficiente labor y, para ello, las empresas supervisadas deben asumir los costos de la fiscalización ambiental. De lo contrario, se afectaría gravemente el rol que cumple este organismo”, manifestó la Defensoría.

Cabe resaltar que dicho organismo, desde el 2014, insiste en la necesidad de adoptar medidas para asegurar el presupuesto suficiente para que el OEFA cumpla con su labor y, desde el año 2017, plantea la necesidad de que “se suspendan los efectos de una posible sentencia que determine la no viabilidad del aporte por regulación, hasta que se asegure la sostenibilidad financiera de esta entidad, permitiendo de esta manera la continuidad del adecuado ejercicio de sus funciones”.

[Ver además ► OEFA podría perder el 74% de su presupuesto debido a demandas de empresas mineras]

Fiscalización truncada

La Defensoría del Pueblo también señaló que una sentencia en contra del OEFA perjudicaría la supervisión ambiental de importantes proyectos extractivos, como el proyecto minero La Bambas, Antapaccay (caso Espinar), así como las actividades petroleras en los Lotes 8 y 192. Para el 2019, se tienen programadas casi 7800 acciones de fiscalización ambiental.

“Con relación a la actividad minera, dicha entidad había priorizado la supervisión de 115 casos de alto riesgo ambiental en 30 unidades mineras, que involucran 77 puntos de vertimiento de efluentes en 47 cuerpos de agua. Un recorte del 74% del presupuesto para este año impediría cumplir con estas tareas adecuadamente”, explicó.

Finalmente, hizo un “llamado a la responsabilidad y a evitar debilitar la fiscalización ambiental en nuestro país, asegurando una adecuada protección de los derechos de las empresas, sin que ello signifique poner en riesgo la institucionalidad ambiental y, en consecuencia, la protección del derecho de la población a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”.