• En la siguiente entrevista, el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Maximiliano Proaño, plantea las claves para fortalecer la institucionalidad ambiental, la cooperación entre Perú y Chile y la transición hacia una economía más sostenible.

Por Daniel Contreras y Frank De La Cruz

En los últimos años, Chile se ha posicionado como un país líder de la región en materia de protección ambiental. El país vecino está a la vanguardia de temas como la inversión en energía renovable, legislación contra el cambio climático y conservación de ecosistemas.

En esta entrevista, Maximiliano Proaño, subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, resalta la importancia de la cooperación regional, el intercambio de experiencias y la formación de alianzas estratégicas para enfrentar los desafíos ambientales de manera efectiva.

¿Qué lecciones de Chile, en cuanto a gestión ambiental, restaría?

Creo que lo primero es contar con una institucionalidad que se fortalezca en el tiempo. Debemos entender que estamos hablando de una visión de Estado. Por ejemplo, en materia de cambio climático, contamos con la Ley Marco de Cambio Climático, aprobada en el Gobierno anterior. Nosotros la promulgamos y en nuestro Gobierno estamos desarrollando casi todos los planes sectoriales de los distintos ministerios, en mitigación y adaptación. Al siguiente Gobierno le corresponderá implementar esos planes. Esta es una política de Estado, pues si cada gobierno llega y cambia el carácter o dice: “en el Gobierno anterior se hacía así, nosotros haremos otra cosa”, sería un problema muy grande.

Esa continuidad va asegurando una institucionalidad cada vez más robusta. El reto es cómo conciliar los distintos intereses en el proceso de implementación. Porque es en la implementación donde te das cuenta de que hay ciertos sectores económicos a los que esta normativa les afecta de forma importante. La transición de economías contaminantes a economías bajas en emisiones debe abordarse integralmente para incluir aspectos sociales y ambientales. Por eso, algo que desarrollamos en este Gobierno es la creación de una oficina de transición socioecológica justa.

Además de la Ley Marco de Cambio Climático, estamos implementando el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP) y el Acuerdo de Escazú. Todos estos procesos deben ir acompañados de un fortalecimiento de la democracia ambiental en términos de información, participación y justicia ambiental.

Sabemos que Perú firmó el acuerdo, pero todavía no ha sido aprobado por su Congreso. Esperamos que pronto lo aprueben y que Perú sea Estado parte. Es el primer acuerdo regional de Latinoamérica y el Caribe en asuntos ambientales y creemos que podemos ser un ejemplo para el mundo. Lamentablemente, Latinoamérica y el Caribe son las regiones más peligrosas para ser defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y es un tema que debemos abordar juntos.

¿Cómo fue el proceso de implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (Ley REP) en Chile sobre reciclaje?

Hablamos mucho de la triple crisis para visibilizar que no solo estamos atravesando la crisis climática, que quizás es la más visible y presente en la ciudadanía y en los medios, sino también una crisis de pérdida de biodiversidad y una crisis de contaminación que están estrechamente relacionadas.

Debemos transitar de una economía lineal, donde los recursos se extraen, se producen, se consumen y se desechan, a una economía circular. En esta economía circular, los productos y recursos pueden tener muchas vidas, para disminuir la cantidad de recursos extraídos de la naturaleza y reducir la pérdida de biodiversidad y las emisiones de la economía lineal. En ese contexto es que surge la necesidad de contar con instrumentos efectivos probados internacionalmente, como la Responsabilidad Extendida del Productor.

Desde 2017 contamos con esta ley. Ha sido un proceso largo porque estamos hablando de un cambio de paradigma en el desarrollo. De hecho, recién el año pasado entraron en vigencia los primeros decretos.

La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor establece seis productos prioritarios sobre los cuales debemos generar decretos con metas específicas de valorización y reciclaje. El año pasado, en enero, entró en vigencia el decreto de neumáticos y en septiembre el decreto para envase y embalaje, que es el más masivo, ciudadano y visible, porque los plásticos son un problema global.

¿Qué oportunidades ve para la cooperación ambiental entre Perú y Chile?

En este contexto de triple crisis tenemos que partir de la base de que ningún país por sí solo puede enfrentarla de manera exitosa. Sobre todo en la región, y especialmente entre países hermanos con realidades y desafíos muy similares. Son fundamentales el trabajo en conjunto, la cooperación, la colaboración y los aprendizajes de experiencias.

Por ejemplo, en Perú se cuenta desde hace muchos años con un servicio para la administración de áreas protegidas. Nosotros, después de 13 años de gestión en el Congreso, recién el año pasado aprobamos la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que ahora vamos a implementar. Ahí tenemos mucho que aprender de la experiencia de ustedes.

Al mismo tiempo, contamos con una Ley Marco de Cambio Climático en proceso de implementación. En una reunión reciente con el Ministerio del Ambiente de Perú nos comentaron que también están por sacar un plan en ese sentido. Así es como compartimos experiencias y sacamos lecciones, lo que hace que la implementación sea más exitosa.

Además, en base al trabajo conjunto vamos construyendo confianza para desarrollar posiciones comunes a nivel internacional, en distintos foros y convenciones como las COP. Formamos parte de una alianza, el AILAC, en materia de negociación. Por ejemplo, ahora está en discusión un acuerdo jurídicamente vinculante para enfrentar la contaminación por plásticos, donde Perú ha jugado un rol importante.

Creo que estamos en buen pie y hay una oportunidad histórica entre nuestros países para avanzar en materia ambiental. Cuando consulté en distintas divisiones de nuestro ministerio, pregunté sobre el trabajo conjunto con el Ministerio del Ambiente peruano en economía circular y cambio climático. Resulta que hay mucho trabajo en conjunto, se comparten experiencias y los técnicos de nuestros ministerios colaboran estrechamente.

Esa misma integración a nivel político y de negociaciones es fundamental. Es cierto que hay países que han contribuido más a esta crisis y, por lo tanto, deben ser más ambiciosos y colaborar con los países que sufren más las consecuencias. Debemos exigir el cumplimiento del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas.

La ley peruana para regular la contaminación lumínica se inspiró en la experiencia chilena. ¿Cómo surgió en Chile la iniciativa para regular este tema?

En Chile surgió la necesidad de contar con una norma lumínica debido a la importancia de las zonas con potencial astronómico y el impacto de la contaminación lumínica en la zona del desierto de Atacama.

Más adelante, y eso es algo que tenemos en común con Perú, surgió la necesidad de regular la iluminación para la conservación de especies, especialmente las aves playeras, que son muy afectadas por la contaminación lumínica en las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota. En el proceso de actualización de la norma, que está a punto de entrar en vigencia, se amplió el espectro de la regulación para abarcar estos aspectos.

Además, este proceso de elaboración y actualización de la norma ha ido acompañado de campañas de educación ambiental y sensibilización de la población. Ha sido un proceso intenso, pero bien recibido por la ciudadanía. La actualización de la norma y la existencia de instrumentos normativos requieren un proceso de concientización para evitar que se conviertan en letra muerta.

¿Cómo ha logrado Chile socializar la economía circular y responder a las preocupaciones de los productores, especialmente en la industria del plástico?

Esa pregunta es muy interesante porque es uno de los principales desafíos en la implementación de este tipo de leyes. Además de la ley REP, desde hace un par de años contamos con la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, que también va prohibiendo algunos elementos.

El desafío es cómo este proceso de transición se hace adecuadamente y cómo logramos que quienes hoy desarrollan actividades con un impacto importante trabajen con nosotros para que vean las oportunidades económicas que este proceso ofrece. Esto es parte de una nueva economía, donde pueden aparecer nuevos productos o se cambian los materiales para mantener el mismo producto final.

Una anécdota que me gusta contar para ilustrar esto está vinculada a la prohibición de bolsas plásticas de un solo uso en Chile. Hace varios años hubo una demanda por parte de una empresa productora de plásticos contra esta prohibición. Me di cuenta de que quien la había presentado era un compañero de la universidad. Lo llamé y le pregunté por qué no continuaron con la demanda. Me contó que su padre, dueño de la empresa, se dio cuenta de que era mejor negocio producir bolsas reutilizables (risas).

Ahora, es vital entender que los cambios no se producen de un día para otro. Los plazos intermedios y el seguimiento son necesarios, porque algunos sectores necesitan tiempo para hacer la transición de manera exitosa. Tanto la Ley REP como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso establecen medidas progresivas. La Hoja de Ruta de Economía Circular estableció metas ambiciosas para el año 2040 que, por ejemplo, apuntan a una tasa general de reciclaje del 75 % o la disminución de un 25 % de la generación de residuos por habitantes.

En relación con la meta “30×30”, Chile ha avanzado bastante. ¿Tiene Chile planes de declarar más áreas protegidas?

Ahí tenemos muchos desafíos. La Convención de Diversidad Biológica y el Marco Global de Biodiversidad establecen el objetivo de proteger el 30 % de áreas marinas y terrestres para el 2030, así como asegurar la representatividad ecosistémica. Es decir, no basta con proteger solo uno o dos ecosistemas presentes en un país, sino que también es necesario proteger los distintos ecosistemas que están amenazados.

Hemos avanzado bastante en la creación de áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. En el caso de las áreas marinas, ya cumplimos el objetivo del 30 %, con un 42 %. En materia terrestre, tenemos un 23 %, así que para 2030 vamos a lograrlo. Nuestro gran desafío está en la protección efectiva y la gestión de las áreas protegidas, por eso insistimos en la tramitación del proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

También estamos enfocados en la representatividad de los ecosistemas. En los últimos años, hemos protegido mucho la Patagonia, pero en la zona central del país o en el norte, donde está el desierto, muy poco. El año pasado, creamos el Parque Nacional Desierto Florido, la primera área protegida en más de 15 años en la Región de Atacama. En la zona central, estamos avanzando también. En la Región Metropolitana, donde está Santiago, teníamos un 5 % de áreas protegidas y ahora estamos creando un parque nacional de glaciares y otras zonas adyacentes, lo que nos permitirá pasar rápidamente a un 22 %.

¿Cómo pueden los países sudamericanos coordinar una estrategia de integración regional para la transición energética?

Si uno piensa en la experiencia de la Unión Europea, que es quizás la experiencia de integración regional más exitosa, surge a partir de recursos, como la unión del acero y el carbón. En el proceso de transición energética, Chile y Perú comparten reservas muy importantes de cobre, un mineral crítico en esta transición. Chile, Argentina y Bolivia también forman parte del triángulo del litio, otro mineral muy importante para una transición exitosa.

El gran desafío es cómo equilibrar la importancia de estos minerales para enfrentar la crisis climática con los impactos ambientales de su extracción, que son enormes. Tenemos mucho que aprender juntos sobre cómo minimizar estos impactos y fijar estándares, porque elevar los estándares ambientales tiene costos. Si no establecemos estándares en conjunto, los mercados internacionales buscarán donde sea más barato, muchas veces a costa de no internalizar los costos ambientales y sociales, ya que la contaminación afecta a las comunidades locales.

Además, hay una oportunidad para que nuestros países sean inteligentes respecto al rol histórico de abastecer de materias primas a los países más ricos. Esto perpetúa el círculo del subdesarrollo, como los superciclos de los commodities. Ahora, con el cobre entrando en un superciclo, podemos usar estas rentas excepcionales para diversificar y sofisticar nuestra economía, generar capacidades locales y pensar en el desarrollo más amplio de nuestros países.