Sierra del Divisor Occidental es la octava reserva indígena del país. Foto: Diego Pérez / WWF

• Orpio presentó una demanda de amparo para solicitar la modificación de la zonificación del Parque Nacional Sierra del Divisor y la exclusión de lotes petroleros, a fin de garantizar la intangibilidad de territorios habitados por PIACI.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando que ordene al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) la modificación de la actual zonificación del Parque Nacional Sierra del Divisor, para que se establezcan zonas de protección estricta en las que se prohíba cualquier tipo de actividad que ponga en peligro la salud, integridad y vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que habitan en esta zona.

Según han advertido desde la Orpio, la zonificación del Parque Nacional Sierra del Divisor actualmente no toma en cuenta las necesidades de protección específica para los pueblos indígenas en situación de aislamiento que viven en las Reservas Indígenas Yavarí Tapiche y Sierra del Divisor Occidental, las cuales se encuentran superpuestas en parte a esta área natural protegida (ANP).

En febrero de 2023, el Sernanp aprobó el Plan Maestro del Parque Nacional Sierra del Divisor, pero -según Orpio- este no contempla la zonificación necesaria para garantizar la protección de la vida de los pueblos indígenas aislados que habitan en la reserva Yavarí Tapiche, categorizada antes de aprobación de este documento y superpuesta en parte al área natural protegida. Asimismo, existe una superposición con la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, esta última categorizada luego de la aprobación del plan maestro en cuestión.

Otro punto que debe ser revisado por el Tribunal Constitucional, advierte Orpio, es la exclusión de los lotes petroleros 135, 138 y 31-B, ubicados en el Parque Nacional Sierra del Divisor, los cuales ya fueron devueltos al Estado en los años 2014, 2017 y 2019 respectivamente. Sin embargo, Orpio teme que estos puedan ser concesionados nuevamente, poniendo en peligro la vida de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

En este contexto, la organización indígena indica que es obligación del Estado “adoptar medidas efectivas para proteger la vida y salud de los PIACI”, y advierten que esto debe hacerse rápidamente por el bien de la supervivencia de estos pueblos.

Urgente protección

Los pueblos indígenas en aislamiento son peruanos y peruanas que han optado por no mantener o descontinuar relaciones con el resto de la sociedad nacional, probablemente como respuesta a eventos traumáticos. Ellos viven de forma nómada en la Amazonía, y por su condición de aislamiento se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad a distintos niveles: territorial, social, cultural, inmunológica y demográfica.

Para garantizar el principio de no contacto y autodeterminación, el Estado peruano ha establecido -a través de la Ley PIACI- la figura de las reservas indígenas como espacios intangibles para la protección de su vida y territorio.

En Perú se estima que viven aproximadamente 7500 indígenas en aislamiento y contacto inicial, los cuales forman parte de 25 pueblos indígenas. Para asegurar su protección, el Estado ha creado hasta el momento dos reservas territoriales: Kugapakori, Nahua, Nanti y otros; y, Madre de Dios; y seis reservas indígenas: Murunahua, Isconahua, Mashco Piro, Yavarí Tapiche, Kakataibo Norte y Sur, y Sierra del Divisor Occidental – Kapanawa.

Entre todas suman más de 4.5 millones de hectáreas de territorios PIACI reconocidos legalmente. Además, existen 5 solicitudes de reservas, equivalentes a casi 3.5 millones de hectáreas adicionales, pendientes de aprobación.