En video exclusivo, obtenido por Actualidad Ambiental, se muestra cómo indígenas en aislamiento voluntario se enfrentaron a pobladores que transitaron en bote por el río Madre de Dios. En las imágenes se aprecia el rechazo de los indígenas ante lo que ellos, aparentemente, consideraron como una intromisión en los territorios que ellos habitan.

Las imágenes, grabadas en mayo de este año en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, también muestran cómo los pobladores de la embarcación se acercan a la orilla para dejar un polo, presuntamente para ver la reacción de los indígenas. Aún se desconoce al autor de este registro.

Según Ramón Rivero, abogado del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la SPDA, esta clase de acercamientos podrían ocasionar daños a la salud y atentar contra la vida de los indígenas (contagio de enfermedades), debido a que estos no han desarrollado los anticuerpos necesarios para afrontar estos males.

Tras conocerse sobre este nuevo contacto, autoridades y asociaciones que velan por los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) abrieron nuevamente la discusión sobre el tema, con la realización de mesas de diálogo y talleres, como el realizado por Ramón Rivero, el cual  buscó rescatar oportunidades de gestión para la protección de los PIAV desde el gobierno regional.

Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, indicó que el espacio territorial en donde se encuentran los PIAV es tan amplio que no solo incluye Madre de Dios, sino también las reservas protegidas de Brasil.

Para Zambrano, es indispensable buscar todos los mecanismos necesarios para que su espacio sea protegido con el fin de evitar estos contactos que en los últimos años ha causado muertes por enfrentamientos o enfermedades. “El Estado debe hacer presencia física en estos lugares”, indicó.

Por su parte, Jaime Corisepa, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), señaló que la protección de estos pueblos amenazados por los taladores, construcciones o industrias extractivas, lo debe asumir el Estado, desarrollando una política bifronteriza con Brasil.

“Exigimos a este nuevo Gobierno que se implante un plan de protección de esta reserva territorial”, sostuvo Corisepa.