Escriben Jorge Caillaux (SPDA) y Marcos Alegre (GEA)

El artículo fue publicado en  International Centre for Trade and Sustainable Development.

No hay duda que una de las fortalezas de Perú en materia macroeconómica se explica por la continuidad de su política económica de los últimos 20 años y la coherencia entre las funciones y decisiones de sus órganos competentes: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR).

La disciplina fiscal y la autonomía del BCR en el manejo monetario ha permitido al país crecer a tasas promedio muy por encima de sus pares latinoamericanos a partir de grandes flujos de inversión privada nacional y extranjera que han cubierto parte de las necesidades de la infraestructura productiva, creación de empleo, reducción de la pobreza y aprovechamiento acelerado de sus recursos naturales en un entorno global de mucha demanda, especialmente asociada a la expansión económica de China.

Completa el esquema una agresiva política comercial basada en acuerdos comerciales suscritos con 52 países y la activa participación de Perú en el Acuerdo de Asociación Transpacífico y en la Alianza del Pacífico (véase Fairlie, 2015).

En este contexto, la infraestructura natural y los servicios ecosistémicos han sufrido impactos significativos expresados en el incremento de conflictos socio-ambientales, aun cuando la legislación y la política ambiental han desarrollado instrumentos básicos de prevención y fiscalización similares a otras partes del mundo.

Es evidente que Perú requiere con urgencia consolidar sus instituciones públicas y privadas para mejorar su desempeño ambiental y prevenir los daños y conflictos asociados, especialmente si su geografía, diversidad biológica y cultural y su condición de país muy vulnerable a los efectos del cambio climático exigen decisiones drásticas para corregir errores de una política pública muy influenciada por un liberalismo económico, impulsado por el sector empresarial y que se concentra más en la velocidad que en la calidad del crecimiento. De allí que la estrategia de crecimiento verde y la decisión del país de ingresar al club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) representan un gran reto cuyo diseño inicial comentamos a continuación.

¿Cuál es la estrategia de crecimiento verde en Perú?

En el 2013, el Gobierno del Perú acordó participar en el proyecto Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en Inglés). Dicho proyectocuenta con una plataforma conformada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones para el Desarrollo Industrial, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, a los cual que se suman los ministerios del Ambiente, Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y de Transportes y Comunicaciones. Como Perú está en pleno camino a incorporarse como país miembro de la OCDE, los compromisos que ha suscrito en el contexto de PAGE y OCDE en gran medida motivan y orientan la estrategia gubernamental de crecimiento verde en el país.

La Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (ENCV) se está construyendo por la acción conductora e inductora del Ministerio del Ambiente (Minam). No se tiene anunciado un plazo para su aprobación, pero es claro que Perú desea aprovechar su calidad de actor funcional de la 20ª. Conferencia de las Partes (COP) y COP21 para mostrar sus compromisos en la materia y acceder a las opciones de cooperación y financiamiento existentes.

En el evento “Conversatorio Internacional sobre Infraestructura Natural”, realizado en Lima entre el 15 y el 17 de setiembre 2015, el Minam presentó un esbozo de la ENCV en diversos frentes de trabajo que resumimos y ampliamos a continuación.

Políticas generales y formulación de la ENCV

Perú está concluyendo un diagnóstico económico y modelamiento de políticas sobre crecimiento verde en sectores priorizados: agroindustria, turismo, bosques, transportes y minería. Esto servirá de base para la formulación de la ENCV que busca generar sinergias con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” y el “Plan Nacional de Acción Ambiental. 2011-2021” (véase Plan Bicentenario). Los temas sombrilla de la estrategia son la inclusión social y la competitividad empresarial.

Políticas de protección del capital natural

Las políticas de protección del capital natural que se planea insertar en la ENCV incluyen el direccionamiento de la inversión pública como catalizador del crecimiento verde. El Minam ha aprobado los Lineamientos de Política de Inversión Pública en Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos 2015-2021 que tiene como base una novedosa Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), la cual pretende orientar recursos hacia la conservación y uso sostenible de la infraestructura natural. Dicha ley, además, declara los servicios ambientales que prestan los ecosistemas como patrimonio de la Nación.

Igualmente, está en proceso final una norma reglamentaria que establece el financiamiento de proyectos de manejo integrado de cuencas con una fracción de la tarifa de agua y saneamiento, así como la inclusión de mecanismos de compensación ambiental en los Estudios de Impacto Ambiental a través un esquema “naturaleza por naturaleza”. El énfasis estará puesto en favorecer la implementación de MRSE, brindando apoyo técnico y financiero, especialmente a las empresas que administran el agua, lo que abre un abanico de opciones para alianzas entre el sector forestal y agrícola asociados a las cuencas hidrográficas.

Fomento de mercados verdes a nivel doméstico

La ENCV apunta a fortalecer los mercados verdes a nivel nacional e internacional. El Minam, conjuntamente con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y el MEF, está desarrollando un importante proyecto de compras públicas y ecoetiquetado. Dicho proyecto pretende aumentar significativamente la demanda de bienes y servicios verdes, considerando que el sector público compra aproximadamente el 10% del valor del PBI nacional.

La ENCV pretende modificar patrones de producción y consumo hacia unos más sostenibles. En este sentido, la innovación verde o eco-innovación se considera como una fuente de oportunidad para el crecimiento verde. El Minam lidera un proyecto de eco-innovación con el apoyo del PNUMA que busca desarrollar casos prácticos en sectores industriales priorizados como químicos y metales y al mismo tiempo generar una hoja de ruta para incorporar transversalmente la eco-innovación en las políticas de desarrollo del país.

Mercados verdes a nivel regional

La agroexportación en el Perú ha sido el gran motor del crecimiento y la productividad agropecuaria de los últimos 10 años, creciendo a una tasa de1 8,8% anual, según la Asociación de Gremios de Productores Agrarios. Es un sector fuertemente alineado con estándares internacionales de calidad ambiental y responsabilidad social concentrado especialmente en la costa. La necesidad de competitividad e ingreso a ciertos nichos de mercado exige certificaciones como comercio justo, producción orgánica, FSC para bosques, entre otros.

En general, las empresas son más sensibles a incentivos o demandas de mercados que a exigencias legales. Si bien las grandes empresas se alinean con estándares de calidad comúnmente aceptados, a nivel de pequeñas y medianas empresas aún impera un alto grado de informalidad y de técnicas de riego insostenibles, especialmente en la costa.

La Sierra peruana viene desarrollándose en función de su potencial para el cultivo de una gran diversidad de productos orgánicos con muy buenos resultados y la incorporación de prácticas agrícolas sostenibles. No obstante, los problemas de la titulación de las tierras y de conectividad con los mercados impiden acelerar su inserción a los mercados nacional e internacional.

Además, la valoración del ámbito culinario tanto tradicional como fusión y su rápida expansión a partir de la gran diversidad biológica y cultural ha significado también riesgos y oportunidades para instalar nuevas prácticas agrícolas más armoniosas y amigables con los ecosistemas, salvo el gran ecosistema marino que todavía sigue siendo aprovechado en algunas de sus especies más comerciales sin la adopción de prácticas sostenibles.

Las INDC de Perú y el PlanCC

A fines de septiembre de 2015 Perú presentó sus contribuciones determinadas nacionalmente (INDC), comprometiéndose a una reducción del 30% respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas para el año 2030 comparadas con el ritmo y tendencia actual de las emisiones nacionales, además de fortalecer sus políticas de adaptación a los impactos del cambio climático.

Con bajas emisiones per cápita y totales, solamente 0,3% sobre el total de emisiones globales, de las cuales aproximadamente la mitad se originan en el sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, el reto estará en resolver el grave y creciente problema causado por la deforestación y minería ilegal como se señala más adelante.

Perú está implementando, además, el proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” (PlanCC) que busca construir las bases para un desarrollo “limpio” o bajo en carbono. El PlanCC ha permitido diseñar opciones de mitigación sectoriales que se podrían implementar en Perú al 2021 y al 2050; es también parte del programa “Planes de Acción y Escenarios de Mitigación”, una colaboración entre Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia y Perú para facilitar la transición de largo plazo hacia economías bajas en carbono.

Un aporte del PlanCC a la ENCV es la formulación de escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú al 2050. En contraposición al escenario “business as usual”, se plantea un “escenario sostenible” basado en 33 medidas de mitigación de emisiones de carbono en 6 sectores clave: energía, transporte, industria, agricultura, forestal y residuos.

Diversidad Biológica

La Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica cuenta con un Plan de Acción 2014-2018. Esto cobra especial relevancia en tanto Perú es reconocido como uno de los 17 países megadiversos por ser poseedores en conjunto del 70% de la biodiversidad del planeta. De acuerdo con la Ley 26839, la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica es el principal instrumento para la gestión de la biodiversidad en el Perú.

No obstante, la región amazónica, y no solamente Perú, sufre el creciente embate de la minería ilegal que viene arrasando ecosistemas valiosísimos como se documenta en “Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países amazónicos”, un libro reciente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que presenta investigaciones realizadas en Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú en torno a la minería ilegal, el comercio del oro y los destinos de este metal cuya extracción está causando graves daños a los bosques de la Amazonía.

¿Cuáles son las oportunidades?

El marco de políticas y tendencias normativas apuntalan oportunidades en la provisión de bienes y servicios en temas como eficiencia de materiales y energía, sin contar con los sectores tradicionales como agroindustria, turismo sostenible, manejo forestal e industria eco-eficiente, entre otros. Algunas señales de mercado dan cuenta de ello.

En Perú existen un número importante de empresas nuevas que se dedican al reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, elaboración de empaques con materiales reciclados, turismo sostenible y exportación de productos orgánicos de la biodiversidad, como la quinua, kiwicha y otros. También existen iniciativas privadas de financiación como el Aquafondo para proyectos de infraestructura verde aplicados al manejo integrado del agua en las cuencas de Lima y Callao o la Línea de Crédito Ambiental auspiciada por la Cooperación Suiza (SECO).

Se estima que la creciente conciencia de los consumidores peruanos, en especial de la clase media emergente, podría estar dinamizando la provisión de bienes y servicios verdes. Cada día es más frecuente encontrar negocios con productos orgánicos, comercio justo y empresas que adoptan estrategias de sostenibilidad para satisfacer las expectativas de sus accionistas y clientes.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Principios de Ecuador para incorporar las dimensiones sociales y ambientales en los negocios y operaciones de financiamiento son asimilados por un importante número de corporaciones. Estas empresas inducen cambios en sus cadenas de suministro en diversas áreas como insumos industriales no tóxicos, tecnologías eco-eficientes, entre otros.

Al evaluar la estrategia de crecimiento verde, un primer desafío será concluir la etapa del proceso de formulación, consenso y compromiso social. La economía peruana ha venido creciendo constantemente en los últimos años. Este escenario plantea el enorme desafío de continuar con el mejoramiento de la calidad de vida de la población y al mismo tiempo preservar el capital natural, reducir la intensidad de uso de materiales, minimizar las emisiones de carbono y estimular la adopción de estilos de vida más sostenibles.

Participación del sector privado y crecimiento verde

Las empresas privadas, especialmente las exportadoras, adoptan el crecimiento verde principalmente por exigencias de los mercados globales en evolución que piden garantías de manejo sostenible de los procesos producción y cultivos. En algunos casos también influye una mayor conciencia del consumidor y las regulaciones ambientales.

Las empresas directamente vinculadas a recursos de la biodiversidad de sectores como el pesquero, agrícola y forestal totalizan exportaciones anuales por alrededor de US$ 3.500 millones. Esto ocurre con la participación de grandes y pequeñas empresas que normalmente se asocian para exportar. En estos sectores existen innumerables iniciativas de emprendimientos verdes como la comercialización de textiles de camélidos, banano y café orgánico, castaña y miel de abejas, así como turismo rural o eco-turismo dirigidos a mercados nacionales e internacionales que, a su vez, generan altos niveles de empleo local e inclusión social.

Las empresas de manufactura e industria en general, así como de construcción y servicios orientadas a mercados nacionales, empiezan a alinearse a mayor escala con prácticas más verdes conforme las grandes corporaciones o “empresas ancla” lo implementan y, por extensión, lo demandan a sus cadenas de suministro, como proveedores de ecoempaques, tecnologías limpias o energéticamente eficientes. Esto ocurre ya sea para cumplir con políticas corporativas de sostenibilidad o por exigencias propias del rubro de negocio.

La banca privada también cuenta con un sólido marco voluntario suscrito por importantes bancos bajo el título de los Principios del Ecuador, ya referidos anteriormente. La Asociación de Banca de Perú acaba de suscribir con el Minam un acuerdo denominado “Protocolo Verde”, que sirve de base para generar procesos voluntarios de enverdecimiento de líneas de crédito y migrar hacia una economía verde en general.

Conclusión

La ENCV está en franco proceso de diseño y puesta en marcha, la cual se articulará con los planes de desarrollo social, económico y ambiental del país. Existen dinámicas públicas y privadas concurrentes con la ENCV, como compras públicas sostenibles, proyectos de eco-innovación, eco-parques industriales y eco-negocios, estos últimos en gran medida basados en la biodiversidad de Perú.

A pesar de las iniciativas privadas existentes, el empresariado en general mantiene aún una posición conservadora respecto a las oportunidades de negocios verdes. El Gobierno deberá acelerar la implantación y amplia difusión de los incentivos tributarios y mecanismos de financiamiento para el crecimiento verde, pues está en sus manos crear las condiciones para favorecer el cambio hacia una economía verde. De forma inmediata se puede iniciar con una asignación para negocios verdes proveniente de los fondos disponibles para innovación y tecnología en Perú.

Un tema crucial en la ENCV es la participación de la sociedad civil en el soporte y vigilancia de los avances que le pueda dar al crecimiento verde. En este sentido, la información y empoderamiento de consumidores y el establecimiento de nuevos conceptos de bienestar y prosperidad, así como el cambio de patrones de desarrollo urbano hacia ciudades más sostenibles son temas clave.

El Gobierno de Perú deberá asegurar condiciones apropiadas para la implementación de importantes normas como las referidas a retribución por servicios ecosistémicos, infraestructura verde, inversión pública en diversidad biológica, entre otros.