• Según la Defensoría del Pueblo, cada entidad emite su registro de impactos y no necesariamente coinciden. Un ejemplo es el de las playas contaminadas: Digesa tiene una lista de playas afectadas que no necesariamente coinciden con el registro de OEFA.

 

El pasado 15 de enero, ocurrió uno de los mayores desastres ambientales en el país: se derramaron casi 12 mil barriles de petróleo en la refinería La Pampilla, frente al mar de Ventanilla (Callao). El hecho impactó sobre la biodiversidad que habita en el mar y nuestro litoral, y afectó la economía de cientos de personas que viven de las actividades asociadas a la costa peruana.

Según la Defensoría del Pueblo, el hecho evidenció diversas falencias del Estado para atender acontecimientos de esta naturaleza a pesar de que hechos similares ocurren desde hace años en el Perú, especialmente en la Amazonía, donde habitan las personas más vulnerables y desatendidas del país.

A más de 45 días después del derrame, los reclamos de la población afectada aún persisten. La empresa señala que ya se limpió un buen porcentaje de las zonas impactadas; sin embargo, aún, a través de videos, se denuncia que la contaminación persiste. Asimismo, pescadores y comerciantes afirman que los acuerdos con la empresa Repsol no están dando frutos, y que el Estado, a través de diferentes instituciones, no ha cumplido su rol en defensa de los afectados.

Conversamos con Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, para conocer qué evidenció este desastre respecto a la capacidad del Estado para atender emergencias similares, qué se necesita para brindar mayor atención a la población afectada y cuáles son las propuestas de la Defensoría para que, en el futuro, hechos similares sean afrontados de manera más adecuada.

¿Qué factores cree que existieron para que el derrame de Ventanilla tenga más atención en comparación con los derrames en la Amazonía?

De alguna manera se ha prestado más atención porque se ha afectado a una población urbana, a la población que acudía a las playas, a los bañistas, al mismo comercio interno que se desarrolla en el lugar, además también a la fauna marina, a las áreas protegidas. En el caso de la Amazonía, el impacto también es significativo y, aunque afecta a una población que no es la mayoritaria, se trata de la población más vulnerable y este es el punto en que la Defensoría siempre ha hecho hincapié. Es la población que requiere mayor atención del Estado, es la población que viene sufriendo los impactos de un Estado que no siempre llega a la zona, que no tiene servicios de salud, postas médicas. Se trata de una zona donde la educación intercultural bilingüe no llega como debe llegar, que no tiene servicios básicos como agua para el consumo humano, no tiene electricidad. Entonces, es ahí donde el Estado debe llegar en una mayor magnitud.

Si en Ventanilla no se ha podido actuar como debe ser, entonces, ¿se evidencia que en la Amazonía aún estamos lejos de atender los desastres como se debería?     

Este derrame ha evidenciado las grandes deficiencias del Estado para atender este tipo de casos. La Defensoría del Pueblo ha evidenciado varios de esos, y no solamente ahora, sino desde hace muchos años.

Uno de los aspectos en que la Defensoría ha venido insistiendo, a propósito de los derrames en la Amazonía, es que nuestro marco normativo, el que regula el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, no contempla en el plan de contingencia cuáles son los protocolos específicos –por ejemplo– para atender a la población afectada. Nuestro marco jurídico establece que, cuando se habla de los impactos ambientales, también se incluyen a los impactos sociales, de tal manera que los instrumentos de gestión ambiental tienen que contener tanto los impactos al ambiente como los impactos a la población.

En el 2016, época en la que hubo muchos derrames, la Defensoría observó que no había protocolos que debía seguir la empresa para atender a esta población. Todo se concentró únicamente en la limpieza ambiental pero no en la población que esta desatendida. ¿Qué ha venido pasando a lo largo de los años? Es el mismo Estado el que ha venido asumiendo los impactos sociales. Si bien es algo que le corresponde al Estado, también se debe considerar que son impactos que la empresa debe asumir, pero nuestro marco normativo no contempla, en el plan de contingencia, protocolos específicos para atender esos impactos a la población.

Es decir, ¿tampoco hubo un protocolo de atención en el caso del derrame de Ventanilla?

En el derrame de Ventanilla ha pasado exactamente lo mismo, aunque a una magnitud mayor. A partir de las playas clausuradas, mucha gente ya no tenía con qué subsistir. Los pescadores ya tienen casi tres meses de inactividad económica. Entonces, a partir de ello, la Defensoría del Pueblo ha recordado su recomendación del 2016, que no solo beneficiaría a la población afectada por el derrame en Ventanilla sino también a la población de la Amazonía, que está en mucha mayor vulnerabilidad.

Otro aspecto que encontró la Defensoría es que no hay una guía para la elaboración de planes de contingencia de los estudios de impacto ambiental. Es decir, no hay una guía que haya elaborado el rector, en este caso el Ministerio del Ambiente (Minam), para decirle a las autoridades sectoriales o los ministerios cómo deben exigir, o cuál debe ser el contenido mínimo del plan de contingencia. El Minam debería regularlo, debe contar con una guía para la elaboración de estos planes. Algunas empresas la pueden tener, otras no; es decir, no hay una uniformidad y mientras no haya esa uniformidad no es posible la supervisión.

El año pasado, el Minam prepublicó una norma en la que se establecía, por ejemplo, el contenido mínimo de los planes de los estudios ambientales, y en esa propuesta normativa incorporó este planteamiento de la Defensoría, que los planes de contingencia contemplen las medidas específicas para la atención de la población. Eso lo prepublicó el 2021, pero es una norma que hasta la fecha no se ha aprobado. Si esa norma se hubiese aprobado hubiésemos evitado muchos impactos a los afectados por el derrame en Ventanilla.

¿Cuáles han sido las acciones de la Defensoría del Pueblo respecto al derrame de petróleo en Ventanilla?

La Defensoría intervino desde que ocurrió el desastre. Hemos ido a la zona en varias oportunidades, y hemos sacado pronunciamientos de varias índoles, tanto para la atención del impacto ambiental, la contención, la limpieza, advirtiendo la demora, entre otros. También registramos que, mientras la empresa reportaba una información, en campo veíamos que sucedía otra. Entonces, hemos venido alertando a las autoridades que fiscalice y supervise de manera oportuna. Eso, en el plano ambiental.

En el plano social, hemos venido advirtiendo que existe mucha la población afectada, y no solo estamos hablando de pescadores, porque hay todo un comercio detrás de las playas clausuradas. La Defensoría advirtió desde el principio que ha habido una completa desatención a esta población. Hay que recordar que las primeras semanas se decían que iban a empadronar, que iban a emitir un bono. Han pasado tres meses y hay promesas que no se han cumplido, hay una demora sustantiva en el empadronamiento que, si bien ha tenido avance, aún no se ha concluido. Se conoce además que hay un acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa para poder dar un adelanto en materia de compensación, pero hemos recibido la preocupación de la población porque algunos no han sido incluidos y otros advierten que el monto no sería suficiente, otros consideran que la ayuda no está llegando, que no se ha atendido a la totalidad de las personas afectadas.

¿Qué medida urgente se debe tomar para que los afectados reciban la atención necesaria?

La Defensoría ha recomendado que, además de la declaración de emergencia ambiental, se debe declarar en estado de emergencia a la zona, para que el Estado otorgue la ayuda humanitaria que no está dando a toda la población afectada. Es una recomendación que no se ha podido cumplir y las consecuencias la estamos viendo porque la población aún considera que no se le está atendiendo y que sus derechos están siendo vulnerados.

También hay otro tema, es el relacionado a los riesgos a la salud. Hemos venido haciendo seguimiento a las instancias en salud para que se pueda garantizar una adecuada atención a la población que se ha podido identificar con algún indicio o nivel de intoxicación. En este punto, hemos venido planteando, por ejemplo, el hecho de que se pueda difundir información clara y uniforme de las playas afectadas. Hemos hallado que no existe información uniforme, cada entidad saca su registro de impactos y no necesariamente coinciden. Un ejemplo muy puntual es el de las playas afectadas; en este caso, Digesa tiene su lista de playas afectadas que no necesariamente coinciden con el registro de OEFA. Necesitamos información clara, necesitamos difundir la información para evitar riesgos a la salud de las personas.