Foto: Andina

Los integrantes del nuevo Congreso de la República, elegidos en enero pasado, iniciaron su labor parlamentaria pese a las complicaciones del nuevo coronavirus (COVID-19) y las medidas dictadas por el Gobierno para combatir esta enfermedad.

Si bien hasta el momento el Legislativo no ha podido trabajar al 100%, se espera que su labor pueda ser parte importante de la lucha contra el COVID-19, pero que también pueda atender temas pendientes que se dejaron de lado después de la disolución del Congreso en setiembre del año pasado.

Uno de estos temas, es la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, y la protección de los defensores ambientales.

Como se recuerda, dicho acuerdo fue suscrito por el país en setiembre de 2018 pero necesita ser ratificado por el Congreso para entrar en vigencia. Por ello, se necesitaba que la Cancillería enviara un informe técnico al Legislativo para recomendar su aprobación, lo cual se dio en agosto de 2019, según afirmó Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam).

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En conversación con Actualidad Ambiental, el viceministro Quijandría señaló que el Minam está muy interesado en que la ratificación del Acuerdo de Escazú ocurra lo antes posible, “de hecho estuvimos en un trabajo fuerte con el Congreso anterior pero finalmente no se pudo porque tenía otra agenda de prioridades”.

“Esperamos que con este Congreso haya mayor receptividad y que podamos avanzar en ese sentido. Desde el Ejecutivo las cosas ya están listas, nosotros ya cumplimos con enviar todos los informes correspondientes, por ejemplo de Cancillería y todo lo relacionado a la política internacional. Ahora solo le toca al Congreso agendarlo, discutirlo y avanzar”, agregó.

Para Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, la aprobación de este acuerdo significaría un hito histórico para la construcción de la democracia ambiental en el país y para la región América Latina y el Caribe, especialmente en este contexto de emergencia sanitaria, en el que se deben asegurar que las herramientas de transparencia, participación ciudadana y acceso a la justicia sean fortalecidos y no relajados.

“La democracia ambiental es fundamental en épocas de crisis para mantener la gobernabilidad, por ello, esperamos que el Congreso pueda darle la atención que amerita la ratificación del Acuerdo de Escazú”, señaló la especialista.

Finalmente, el viceministro Quijandría manifestó que “todo está en manos del Congreso pero nosotros estamos haciendo una incidencia en ese tema. De hecho, cuando [como Ejecutivo] hemos tenido reuniones con las bancadas, ese ha sido uno de los temas que hemos conversado con cada uno de ellos. Esperamos que este sea uno de los temas de prioridad”.

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