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* Pablo Abdo, abogado de Earth Rights Internacional, explica por qué dos proyectos de ley presentados por congresistas de Fuerza Popular significan un riesgo para la vida pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) y cómo los ministerios de Transportes y de Cultura podrían frenar estos posibles daños.

Desde hace algunos años, además de autoridades locales y regionales, diversos congresistas han intentado promover vías terrestres en la Amazonía con el argumento de contribuir con el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, algunas de estas propuestas no siempre han sido muy bien recibidas debido a que muchas veces la construcción de carreteras o trochas implican un riesgo para las áreas naturales protegidas y, sobre todo, los pueblos originarios.

No hace falta que una vía terrestre atraviese un parque nacional o una zona habitada por pueblos indígenas para lograr un impacto negativo. El ejemplo más cercano es la carretera Interoceánica, una vía que en vez de masificar el intercambio comercial con Brasil, ha servido más para la expansión de la minería ilegal, actividad que ha llegado incluso a la misma Reserva Nacional Tambopata y a la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios.

Pese a este antecedente, algunos congresistas insisten en que las vías terrestres son prioritarias y han propuesto que se declare de “interés nacional” algunas posibles carreteras. Es el caso de los legisladores Glider Ushñahua y Modesto Figueroa, ambos de Fuerza Popular, quienes presentaron proyectos de ley (1123/2016-CR y 1893/2017-CR) que han encendido la alarma de diversas organizaciones, ya que sus propuestas podrían perjudicar no solo áreas naturales protegidas sino también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), caracterizados por su alta vulnerabilidad.

Para conocer un poco más sobre estos casos, conversamos con Pablo Abdo, especialista de Earth Rights Internacional, que acompaña a organizaciones como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afleuntes (Fenamad) en la defensa de sus derechos.

¿Por qué debemos prestar especial interés en estos dos proyectos de ley?
Ambos pretenden activar la construcción de carreteras que van a pasar por el Parque Nacional Alto Purús, así como por territorios de pueblos indígenas en aislamiento. Ese es el riesgo que tiene actualmente. Hay una ley que protege a los PIACI, que prohíbe cualquier actividad que vulnere los derechos y costumbres de estas poblaciones, y el problema de estos proyectos de ley es que esquivan estas normas de protección y solo se centran en el aprovechamiento de los recursos naturales.

Estas posibles vías ya están dentro del clasificador de rutas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)…
El clasificador de rutas del MTC diseña un plan de carreteras a nivel nacional, regional y local. En este caso, el plan de carretera está contenido en el clasificador, lo que no significa que haya sido implementado. El MTC suele decir que el clasificador de rutas es declarativo, que no representa ninguna amenaza ya que no presenta un trazo final. Sin embargo, la amenaza empieza a volverse palpable cuando ya tres veces, tres congresistas diferentes has solicitado la activación de estas carreteras. ¿Por qué se presentan estos proyectos de ley? Porque el clasificador de rutas lo permite.

¿Cuál es el real impacto de declarar a una vía de “interés nacional”?
Es importante puntualizar ese punto. El proyecto de ley, como el del congresista Ushñahua, no está ordenando construir una carretera, pero está pidiendo que se priorice la construcción porque es de “interés nacional”. El solo hecho de pedir la priorización ya permite que un gobierno local solicite presupuesto y presente un proyecto para que se ejecute la construcción de esta vía. Si bien el camino nos parece largo, cuando menos nos demos cuenta, las carreteras van a estar trazadas y los pueblos indígenas van a estar amenazados.

[Ver además-> Conoce a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial a través de esta infografía]

¿A quiénes favorece la construcción de estas vías?
Con el término “interés nacional”, los proyectos de ley argumentan que buscan promover la inversión privada, garantizar la cohesión nacional y extranjera, y obviamente favorecer a la industria maderera. Si hablamos de todo ello, estamos hablando de derechos humanos, sí, pero al momento de poner todo esto en el lado de una balanza y en el otro extremo colocamos a la salud, vida de hombres y mujeres, niños y adolescentes, que forman parte de estos pueblos aislados, estaremos hablando de la muerte de cientos de personas.

¿Los proyectos tienen similitud con el que presentó hace un tiempo el congresista Carlos Tubino?
El proyecto de Carlos Tubino por lo menos tenía la deferencia, con todo lo malo que contenía, de mencionar que se debe respetar la vida de los pueblos indígenas en aislamiento. Por lo menos lo decía, en cambio estos nuevos proyectos ya no tienen ese detalle, uno de ellos solo dice que se protejan las áreas naturales protegidas y los yacimientos arqueológicos.

¿Qué están solicitando para detener esta amenaza?
Para empezar, el MTC en la aplicación de la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento -donde se señala la prohibición de cualquier actividad que vulnere a estos pueblos-, podría aliminar esta vía del plan. Si el congresista no ve la ruta en el clasificador, no propondría un proyecto de ley.

Es decir, si el MTC determina eliminar de su clasificador estas dos vías, ¿se acabaría el problema o aún tendría valor el proyecto de ley de los dos congresistas?
Ahí tenemos una coyuntura fuerte, la solución están simple que se hace difícil. Pero las dificultades las pone la coyuntura. Lo único que debería hacer el MTC es mendiante una resolución ministerial, quitar estas vías. Sin embargo, ellos colocan la burocracia y señalan que esa medida lo debe solicitar el mismo gobierno regional o local, pese a que por oficio puede tomar una decisión. La presión es fuerte por parte de la industria maderera, hay varios interesados. Esa es la coyuntura.

¿El Ministerio de Cultura (Mincul) también debería presentar esta solicitud?
El Mincul ha mostrado su apoyo a los PIACI, pero no quiere involucrarse en la competencia de otro ministerio. No se trata de meterse, solo de hacer el oficio, la solicitud en donde se diga que no se está respetando la ley. Esto es una democracia, no estamos hablando con monarcas.
No hay que esperar que la amenaza se cumpla. La amenaza va teniendo diferentes etapas. Lamentablemente el Tribunal Constitucional dice que no hay ninguna amenaza hasta que haya un proyecto en vías de ejecución. Pero si uno ve que se acerca un meteoro a la Tierra, no vamos a decir que mientras no esté cerca no vamos a considerarlo una amenaza. Hay que empezar a tomar medidas. ¿Necesitamos que muertan cien, doscientas personas para tomar medidas? Lamentablemente no adoptamos medidas de seguridad para garantizar un derecho humano hasta que no tenemos las personas muertas encima y así no tiene que trabajarse en derecho constitucional.

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