Foto: Minagri

•  Hace poco, el INIA publicó un proyecto de reglamento sobre OVM (transgénicos) para el sector agrario, sin embargo un grupo de organizaciones rechazó dicho documento, asegurando que esto sería el primer paso para el ingreso de semillas transgénicas que atentarían contra la biodiversidad del país.

 

En los últimos días, diversas organizaciones expresaron su rechazo contra el proyecto de reglamento sobre desarrollo de actividades con organismos vivos modificados (OVM o transgénicos) elaborado por el Instituto de Innovación Agraria (INIA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) a fines de mayo. Este documento, según la entidad, fue publicado para recibir aportes, comentarios, observaciones y recomendaciones de los productores, organizaciones agrarias, entidades públicas y privadas, y sociedad civil en general.

Si bien el Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA), aclara que este tiene por objetivo regular el uso de OVM excluidos de la Ley 29811, norma que plantea una moratoria al ingreso y producción de transgénicos en el territorio nacional por un período de diez años, organizaciones como la Convención Nacional del Agro (Conveagro), Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Asociación de Productores del Parque de la Papa, entre otros, expresaron su desacuerdo con dicha publicación.

Las organizaciones, a través de un pronunciamiento conjunto, señalan que este proyecto de reglamento es un “intento de tomar ventaja sobre la coyuntura para introducir organismos vivos modificados” y que “busca crear un sistema regulatorio que permita la liberación comercial de cultivos transgénicos al medioambiente en el Perú, sin respetar el debido proceso y el marco legal vigente”.

Asimismo, afirman que los transgénicos “representan una grave amenaza a la rica biodiversidad del Perú y a nuestra herencia cultural” y pone en riesgo a “la economía de miles de familias peruanas que han prosperado gracias al crecimiento de los sectores de agroexportación, gastronómico y turístico, que cuentan con la riqueza de nuestra biodiversidad como elemento en común para su desarrollo”.

Finalmente, las organizaciones que firman el pronunciamiento reiteran su “rechazo al Proyecto RISBA que promueve un modelo económico que solo beneficiaría los intereses de compañías multinacionales y exhortamos al Gobierno del Perú a respetar los procesos de diálogo para lograr consensos que beneficien a todos los peruanos y que proteja nuestra biodiversidad como herencia de un país megadiverso”.

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Los transgénicos después de la moratoria

Como se recuerda, en diciembre de 2011, el Estado declaró una moratoria por diez años para OVM que pueden ser liberados en el ambiente, con el objetivo de que en dicho tiempo se realicen diversas investigaciones sobre los posibles riesgos en nuestra agrobiodiversidad; para analizar si estos cultivos son convenientes en nuestra realidad; y para fortalecer las capacidades de las entidades especializadas con el fin de que puedan garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales si es que se decide finalmente optar por estos productos.

Para Manuel Ruiz, especialista en bioseguridad y recursos genéticos, este proyecto de reglamento “debería verse en principio como una buena señal” porque significa que el INIA ha estado cumpliendo la tarea que le correspondía después de haberse declarado la moratoria. Sin embargo, considera que la entidad debería compartir sus avances con los sectores interesados para darle mayor transparencia al proceso.

“Creo que tenemos una oportunidad para revisar no solo la propuesta, sino también los documentos que la sustentan, que no necesariamente están entre los textos que se han hecho públicos”, señaló Ruiz, y resaltó que por su parte el Ministerio del Ambiente (Minam) también ha mostrado avances en este tema, por lo cual considera necesario que debe sumarse a esta tarea de hacer pública la información para que las futuras decisiones sean más participativas.

Según el especialista, en estos nueve años, tanto el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) como el Minam ya deberían tener avances importantes en temas como la identificación de centros de origen, el análisis sobre la posibilidad de la coexistencia entre cultivos transgénicos y cultivos tradicionales, entre otros, sin embargo aún no se conocen los resultados finales.

“Ha debido de haber una discusión mucho mayor sobre esos resultados. Lo que estamos viendo ahora es una situación en la cual, asumimos que esa información, esas investigaciones se han hecho y por ello se está tomando la decisión, pero se desconoce aún esos informes. Eso genera preocupaciones, suspicacias y crea una situación de tensión entre distintos actores, como se vivió al comienzo cuando recién se discutía este asunto”, afirmó el especialista.

[Ver además ► Asociación AGUAPAN: Los guardianes de nuestra papa nativa]

Sobre una nueva moratoria

Ante la pregunta sobre si se puede plantear una nueva moratoria, Manuel Ruiz considera que sí es posible, y para ello se tendría que promulgar nuevamente una ley que establezca otro plazo. Sin embargo, señala que en este caso “se deberán encontrar argumentos mucho más contundentes y justificar las razones por la cual en ningún lugar del Perú se pueda utilizar semillas transgénicas y otros productos de la tecnología moderna para potenciar ciertos tipos de agricultura”.

Ruiz también considera que si bien una de las principales campañas para rechazar los OVM fue el lema “Perú, país libre de transgénicos”, se desaprovechó la oportunidad para promover la exportación de productos naturales que se producen en nuestro territorio.

Por su parte, Dino Delgado, especialista que también siguió el proceso de moratoria en el 2011, considera que este proyecto de reglamento no va en contra de la Ley de Moratoria, sino busca regular los OVM excluidos de dicha norma. Sin embargo, considera que sí es posible solicitar una nueva moratoria pero antes debemos preguntarnos si es necesario.

“La Ley de Moratoria se promulgó porque se argumentó que había un riesgo grave para la diversidad biológica, la agrobiodiversidad peruana, si es que se liberaban al ambiente los OVM. Las autoridades encargadas de evaluar estos riesgos, se argumentaba, no tenían las capacidades técnicas, infraestructura o materiales más convenientes para hacer esta evaluación. A esto se sumaba que la información sobre las especies nativas o de centros de origen estaban desactualizadas o era inexistente, y por lo tanto iba a ser muy difícil hacer una evaluación para lugares específicos donde pudieran liberarse OVM y saber qué impacto exacto iba a tener”, explica Delgado, quien hoy es el director ejecutivo de la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental.

Según Delgado, en estos diez años se debían resolver todas estas carencias y entiende que se ha avanzado, pero la decisión de liberar OVM al ambiente es una decisión que tendrán que tomar en conjunto los sectores involucrados.

“Sé que se ha hecho mucho con respecto a las líneas de base, de los recursos priorizados por el Perú. Se han hecho avances de control y vigilancia, hay una actuación coordinada entre distintas autoridades para hacer el control en fronteras. Estoy seguro que se ha ganado mucha experiencia en ese sentido, pero si estamos completamente listos, la verdad no lo sé. Tendría que haber una evaluación entre las autoridades involucradas y ver qué es lo más conveniente para el país”, agregó.

Delgado también resaltó que el sector agrario ha sido el que más ha avanzado en este tema, pero considera que se debe saber todavía si el sector salud o el sector que vela por los recursos hidrobiológicos ha avanzado su parte. “Entonces, sí es posible pedir una nueva moratoria, pero debemos evaluar si es necesario”, recalcó el especialista.

Para complementar esta nota, nos comunicamos con el área de prensa del INIA, pero hasta el cierre de la nota no tuvimos respuesta.