* Patrick Wieland, jefe del Senace, conversó con Actualidad Ambiental sobre los logros de la institución desde que entró en funciones en diciembre de 2015.

 

Hace dos años, precisamente el 28 de diciembre de 2015, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) entró en funciones. Desde entonces inició un proceso de implementación para ser la única entidad que evalúe y apruebe los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d) de grandes proyectos de inversión de diversos sectores.

Hasta la fecha, la institución ha respetado y seguido el proceso de transferencia que culminará el 2021. Hasta el momento han asumido Energía y Minas, Transporte, Agricultura y Residuos Sólidos, por lo cual el personal y el presupuesto fue creciendo hasta el 2017, pero para el 2018 –pese a tener dos sectores más y esperar otro– ha sufrido una baja. De 33.5 millones pasó a 29.6 millones.

Esta reducción en el presupuesto va en contra de lo encomendado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que recomendaron a nuestro país el fortalecimiento del Senace, en el informe que contiene las Evaluaciones del Desempeño Ambiental del Perú.

Hace poco además, en el Congreso de la República, el legislador Oracio Pacori (Nuevo Perú) presentó proyecto de ley 1246-2016-CR, “Ley que garantiza la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión por parte del Senace”. El objetivo es modificar el artículo 1.3 de la Ley de creación del Senace, la cual especificaba que salvo excepciones algunos EIA podían no pasar por el organismo, según la determinación del Consejo de Ministros. Este artículo fue criticado en su momento y ahora se pretende eliminar.

Para conversar sobre estos temas, además de los logros del Senace y el avance que han tenido en estos dos años en el proceso de transferencia, conversamos con Patrick Wieland, jefe de dicho organismo.

¿Ustedes apoyarán el proyecto de ley del congresista Oracio Pacori?
Nosotros y el Ministerio del Ambiente (Minam) hemos emitido una opinión favorable, entendemos que eso también lo hizo la Defensoría del Pueblo en su informe sobre desempeño ambiental del Perú, y lo recomendaba porque veía en esa posibilidad un riesgo de politización. Nosotros entendíamos que también habían otras razones que pudieran justificar que un proyecto no fuera visto por el Senace, por ejemplo la Reconstrucción. Era posible que la Reconstrucción sea canalizada no por el conducto oficial del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sino por otra vía. Pero entendemos que puede haber un riesgo y por tanto este proyecto de ley nos fortalece porque evita cualquier uso no oficial de la institución.

¿Por qué se esperó a que un congresista lo plantee? ¿Por qué no lo propusieron ustedes o el Minam?
Por nunca se ha usado. Nunca en los dos años del Senace, el Consejo de Ministros aprobó que no sea el Senace el que vea un proyecto. Entonces, no vimos nunca un riesgo.

¿Pero no le parece a que no se debería esperar a comprobar a que sí había un riesgo?
No, no lo creo. Yo creo que hay muchas otras cosas a la que ley del Senace puede ajustarse para mejorar la certificación ambiental del país. Eso no ha sido algo que nos haya preocupado, más aún si no se ha utilizado. Pero entiendo la preocupación de la Defensoría, pero no es un riesgo que haya afectado o haya puesto en peligro el funcionamiento de la institución.

¿Cuál considera que es el principal logro del Senace en estos dos años?
Creo que el principal logro ha sido demostrar que sí es posible evaluar estudios de impacto ambiental (EIA) dentro del plazo legal, pero manteniendo la rigurosidad técnica. Es decir, sí podemos tener agilidad con rigurosidad y eso lo demuestran nuestras cifras. Tenemos 17 EIA aprobados, 7 en cartera, 50 que van a llegar en los próximos 2 años, el 75% de los informes técnicos sustentatorios (ITS) se han aprobado y el 25 restante no ha pasado el filtro de la institución. Entonces, creo que la promesa de tener una entidad especializada, técnica y objetiva, pero que funcione dando resultados rápidos, porque los proyectos de inversión necesitan respuestas acordes, se ha cumplido y ese es el mérito del equipo de 68 evaluadores que hacen un trabajo enorme.

Había mucha resistencia para la creación y entrada en vigencia del Senace, había muchas percepciones de que Senace estando adscrito al Minam podía demorar y trabar las inversiones, pero esa percepción ha sido disuelta. Había la percepción de que no teníamos los recursos humanos preparados para poder atender los expedientes y creo que eso lo hemos tratado de solucionar en lo que se refiere a agilidad y atención de los expedientes. Lo cierto es que hay mucha desconfianza de parte de la población, más allá de si es el sector promotor de inversiones o el Minam, respecto del trabajo en la gestión ambiental. Entonces, uno de los retos más importantes que hemos tenido ha sido demostrar independencia y objetividad en el trabajo que hacemos.

¿Qué tipo de trabajo han realizado con la población para generar esa confianza?
Uno de los pilares de nuestra institución ha sido la participación ciudadana efectiva. Vale decir, acercar los EIA, que muchas veces está escrito en lenguaje técnico, enredado o difícil de entender. El otro pilar ha sido la inclusión, darle voz a los que no participaban usualmente, en este caso a las mujeres, quienes participan poco. Sólo el 18% de las preguntas que se hacen en nuestros talleres, que pueden involucrar a 13 mil personas, son formuladas por mujeres. Tenemos también a los pueblos indígenas y ciudadanos que han sido normalmente excluidos, en estos casos hemos generado una serie de mecanismos para incluirlos en la participación ciudadana.

Por último, nos preocupamos por la transparencia. La población puede tener la seguridad de que es escuchada y que sus comentarios nos ayudan a nutrir y robustecer el EIA. Eso es un poco el objetivo y que hasta hoy lo hemos logrado.

En estos dos años, ¿sienten que el Senace ya es más conocido y ha aumentado la confianza por parte de la población?
En enero saldrá un estudio de percepción, en donde podremos hacer una comparación con otro hecho en el 2015. Tenemos un presupuesto reducido, no hacemos publicidad y creo que las organizaciones civiles, los órganos del Estado, las empresas mineras, los stakeholders vinculados a nosotros conocen plenamente nuestras funciones, a nuestros evaluadores, pero evidentemente el Senace no tiene un alcance nacional sino más bien focalizado a los proyectos que vemos.

¿Cuáles han sido los principales proyectos en los que ha participado el Senace en estos dos años?
Ya hemos aprobado 17 EIA, donde figuran proyectos de minería y transportes. La agenda de transportes es una agenda bien rica por la coyuntura que atraviesa el país. Hemos recibido el EIA del aeropuerto Jorge Chávez el viernes pasado (16 de diciembre) y eso va a permitir que la ampliación del aeropuerto, la pista 2 y el nuevo terminal. Senace también permite medir la temperatura de la economía porque no hay megaproyecto u obra de gran envergadura que no requiera un EIA. En el sector transportes también tenemos 4 megapuertos que son Marcona, Salaverry, San Martín y Pucusana, que se quieren construir en los próximos 2 años.

¿Ya se está evaluando el EIA de la Hidrovía Amazónica?
Este proyecto está por los primeros pasos para presentar un EIA. Por contrato, el 2018 ellos tienen que presentar este documento y Senace tendrá siete meses para evaluarlo. Hay un término de referencia para ese EIA que fue objeto de consulta previa por parte del Ministerio de Transportes, y nuestro compromiso es hacer que el EIA sea abierto, que respete los derechos de los pueblos indígenas, que sea intercultural. Pero todavía no ha llegado al Senace.

¿Han sido invocados o formado parte de alguna mesa de diálogo para gestionar algún conflicto?
En algunas oportunidades se nos ha invocado para participar en mesas de diálogo, junto con otras entidades públicas del Gobierno, pero no hemos tenido una intervención con conflictos sociales.

¿Cuál sería el rol del Senace en algún conflicto teniendo en cuenta que ya aprobó un estudio de impacto ambiental?
Hay órganos del Estado como la Defensoría, el Minam, MEM, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros, que tienen oficinas de prevención y manejo de conflictos sociales, y a ellos les corresponde el manejo de esas crisis. Nosotros vemos la parte técnica de los EIA y haremos nuestro mejor esfuerzo por explicarlos, pero hasta el momento no hemos tenido algún EIA cuyo carácter técnico haya sido puesto en duda y por tanto hayamos tenido que participar en una situación de conflicto.

Ustedes siguen cronograma, en donde se señala que recién el 2021 estará a cargo de revisar todos los EIA detallados de todos los sectores. ¿No es mucho tiempo?
Cada sector es muy complicado, cada sector implica un aprendizaje nuestro, pero también de los gremios, de los usuarios del servicio. Nos ha costado mucho, por ejemplo, trabajar con el sector Transportes. Hay una serie de prácticas y cultura que debemos ir cambiando. Hay sectores que no tienen reglamento de protección ambiental, otros que no tienen estándares de calidad ambiental (ECA) o límites máximos permisibles (LMP). La ley del Senace ha buscado que el proceso de transferencia sea, no lento, sino estructurado y ordenado. Hemos demostrado que no hay ninguna demora. En el 2015 asumimos Energía y Minas, el 2016 Transportes, en 2017 Agricultura y Residuos Sólidos, y así sucesivamente. El reto que tiene el Senace y el Gobierno –y además es una recomendación de la OCDE– es dotar al organismo de los recursos suficientes para que asumir nuevos sectores no sea una sobrecarga. Sin embargo, hemos asumido sectores, sin necesariamente haber recibido recursos, entonces hay ahí todavía un trabajo pendiente de fortalecer el presupuesto de la institución.

¿Por qué les ha costado mucho trabajar con el sector Transportes?
Primero, porque no había reglamento ambiental, recién entró en vigencia en mayo de este año. En cuanto a infraestructura, es un sector que no había tenido una vinculación tan estrecha con el Minam, respecto a sus normas, regulaciones. Entonces, estamos haciendo un aprendizaje y un compartir con ellos sobre cómo debemos trabajar los EIA y cuál es el estándar que se quiere para que estos proyectos caminen de manera sostenible.

Hace poco se aprobó un proyecto de ley que promueve carreteras en Ucayali, las cuales afectarán áreas protegidas e indígenas en aislamiento. El congresista que promovió la norma se basó en el clasificador de rutas del Ministerio de Transportes. ¿Cómo el Senace podría actuar para que no se den situaciones como esta?
Esto tiene que ver con cómo diseñamos los proyectos de inversión. Los proyectos lo diseñan los sectores, las entidades que promueven proyectos, como Proinverisón, Provías, los gobiernos regionales, entre otros. Ellos diseñan esos proyectos y como necesitan una certificación ambiental vienen al Senace, pero los proyectos ya llegan diseñados con contratos predeterminados. Senace no es una autoridad de planificación, nosotros no podemos decir que la carretera tal debería ir por esta ruta y no por esta otra. Tampoco podemos decir que la Línea 3 del Metro debería ser subterránea y no superficial, así como tampoco podemos decir que la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos no debería hacerse, porque esas son decisiones que corresponden a otro nivel. El problema surge cuando ese proyecto presenta un EIA muchas veces nos topamos con situaciones como proyectos que atraviesan sitios RAMSA, un área natural protegida, entonces creo que la oportunidad de mejora va por incorporar al Senace y las agencias ambientales de manera muy temprana en el diseño y estructuración de estos proyectos de inversión para no esperar dos o tres años para que los contratos estén firmados, sacados a licitación con empresas que tienen además de tribunales internacionales.

Yo creo que hay que ver cómo, sin ser Senace una entidad de planificación, podemos intervenir en validar la variable ambiental de una manera muy temprana y evitar situaciones de conflicto. En cuanto al tema de carreteras en Ucayali, no le corresponde al Senace emitir una opinión. Si llega ese proyecto el Senace tendrá que ser riguroso en la evaluación. Las normas nos obligan a pedir opinión al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Ministerio de Cultura, y con ello aseguraremos una revisión ponderada y que respete la normativa.

DATO:
Hasta el momento el Senace ha asumido Energía y Minas, Transporte, Agricultura y Residuos Sólidos. Falta transferir sectores como Telecomunicaciones, Turismo, Defensa, Vivienda y Construcción, Pesca, entre otras funciones.