Foto: FEMA

• En FEMA de Madre de Dios pasaron de 5 a solo 2 fiscales para liderar las intervenciones contra esta actividad que depreda los bosques.

En febrero de 2019, el Estado emprendió una lucha frontal contra la minería ilegal en Madre de Dios. Se trataba de la “Operación Mercurio”, un plan integral para combatir esta actividad ilegal que trae consigo otros delitos conexos como la trata de personas, el sicariato y el crimen organizado en general.

Como es de conocimiento público, Madre de Dios es la región más afectada por la minería ilegal. Miles de hectáreas bosques han sido arrasadas, los ríos y suelos fueron contaminados y esto ha afectado la salud de las personas que habitan cerca de los campamentos, por ejemplo los pueblos indígenas. Esta actividad incluso ha llegado a la Reserva Nacional Tambopata y su zona de amortiguamiento, e incluso varió el curso natural del río Malinowski, tal como lo demostró una imagen satelital en el 2016.

Para complementar la tarea iniciada en el 2019, en julio de 2021 se aprobó el “Plan Restauración”, el cual -además de Madre de Dios- incluía intervenciones en distritos de Cusco y Puno, donde esta actividad ilegal se ha expandido en los últimos años. Este plan, donde participaban diversos sectores, apuntaba a realizar acciones hasta 2023, con probabilidad de ampliarse.

En ambos casos, se pretendía primero identificar las zonas afectadas por la minería ilegal para intervenirlas y posteriormente controlarlas. Para ello se iba a necesitar de una logística básica como vehículos cargueros, helicópteros para traslado de agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero -según fuentes de la Fiscalía- esto no se ha dado a cabalidad. Es decir, no se ha destinado el presupuesto adecuado para cumplir las metas trazadas.

A ello se suma la falta de fiscales que acompañan las intervenciones. De 2019 al 2021 se contó con tres fiscales de la FEMA. En el 2022 incluso se llegó a trabajar con cinco fiscales. Sin embargo, en enero de este año se redujo el personal y ahora solo se cuenta con 2 fiscales para esta tarea que incluye no solo ir a campo, sino también trabajar con el caso en despacho y asistir a las audiencias.  

Solo en Madre de Dios se realizan unos 25 operativos al mes en zonas como La Pampa, los ríos Madre de Dios y Malinowski, Inambari y Las Piedras. Por ello, la presencia de más representantes del Ministerio Público es evidente. Cabe resaltar que, debido a las manifestaciones realizadas en los últimos dos meses contra el Gobierno de Dina Boluarte, los operativos se redujeron, aunque las últimas dos semanas han mostrado un incremento.

A esta falta de personal se suma otro obstáculo: el 17 de diciembre del año pasado venció el estado de emergencia en la región. Según fuentes de la Fiscalía, esta medida era necesaria para la lucha contra la minería ilegal y se venía ampliando cada dos meses, pero ya pasaron casi 90 días desde la última prórroga y no se ha concretado otra ampliación.