• Publicación de Oxfam y la CNDDHH estima además que de 1997 a 2021 se han derramado 87 mil barriles de petróleo en todo el Perú.

 

El pasado 15 de enero se registró un derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el cual fue catalogado como uno de los mayores desastres ambientales en el Perú; sin embargo, esta situación de contaminación no es nueva en la Amazonía, donde las poblaciones indígenas son las principales afectadas.

Según La sombra de hidrocarburos en el Perú, una publicación de Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde 1997 hasta 2021 ocurrieron 566 derrames de petróleo en la Amazonía, 404 en la costa y 5 en la sierra, que suman en total más de 87 mil barriles.

José Fachín, líder indígena kichwa y asesor principal de la plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), afirmó que tras el derrame de Ventanilla “las comunidades se sintieron discriminadas porque, además de la ausencia del Estado y de la prensa cuando suceden los derrames de hidrocarburos en la Amazonía, lo poco que se informa contribuye con la persecución a los pueblos indígenas, a quienes muchas veces se ha culpado de estos desastres ambientales”.

“Por reclamar ese tipo de situaciones nos han matado, nos han torturado, nos han encarcelado y seguimos perseguidos judicialmente”, afirmó Fachín en conversación con Diálogo Chino.

En el caso de la Amazonía, el mayor número de derrames se dio en el Lote 192 (233), que abarca territorios de las provincias de Datem del Marañón y Loreto; seguido por el Lote 8 (189), provincia de Loreto; y el Oleoducto Norperuano (111), que recorre las regiones Loreto y Amazonas a través de sus tramos I y II y el denominado Ramal Norte.

Oleoducto Norperuano: un caso clave

Según el informe de la CNDDHH y Oxfam, el 33 % de los derrames en el oleoducto entre 1997 y 2021 corresponde a fallas operativas, el 22.33 % a corrosión, el 31.07 % a terceros, y el 13.59 % a causas naturales como terremotos y avalanchas.

Algunos casos representativos son los de Cuninico y Morona (Loreto), así como el de Imaza (Amazonas). En el primero, ocurrido en el 2014, se derramaron 2500 barriles de petróleo; en el segundo (2016), 1444 barriles; y en el tercero (2016), 3 mil barriles. Solo estos tres casos suman casi 7 mil barriles vertidos sobre ríos, quebradas y suelos de la Amazonía.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), afirmó que el caso más emblemático fue el de Cuninico porque, antes de dicho derrame, se solía acusar a las comunidades que habitaban cerca al desastre de dañar y vandalizar la infraestructura y ello favorecía a Petroperú porque le eximía de toda responsabilidad.

“[En el caso Cuninico] OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) presentó una histórica resolución. Por primera vez se declaró la responsabilidad administrativa de Petroperú; primero, por no darle mantenimiento al oleoducto; segundo, por daño real a la flora y fauna; tercero, por daño potencial a la salud. Nunca antes se había tomado esa decisión”, detalló el abogado de IDL.

Ruiz Molleda también mencionó que este caso sirvió de base a otros como los de Imaza y Morona, por el cual el OEFA multó a Petroperú con 27 millones de soles, precisamente por no realizar mantenimiento al oleoducto, por no adoptar medidas inmediatas para controlar y minimizar los impactos ocasionados, por generar daño a salud, entre otros.

En estos tres derrames, agregó el especialista de IDL, “las víctimas querían que se les reconozca que ellos no habían roto la tubería. Les indignaba que los acusen. Querían salud, porque después de recoger el petróleo tenían secuelas. Dijeron que habían sido perjudicados económicamente, ya que perdieron sus chacras y no podían pescar en los ríos, y por ello querían compensación. Luego querían que se les asegure que no habrá otro derrame”.

Cabe destacar que, en 2017, el Congreso de la República creó una comisión investigadora para determinar quiénes eran los responsables de los derrames en el Oleoducto Norperuano. En su informe final, una de sus conclusiones fue la siguiente: “La comisión investigadora ha constatado la ineficiencia, inoperancia y falta de compromiso con la que vino actuando Petroperú en la gestión del Oleoducto Norperuano, en la conservación del ambiente, en la gestión de riesgos, en su relacionamiento y responsabilidad social frente a las comunidades nativas”.

¿Cómo reducir o poner fin a los derrames?

Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que primero es necesario que tanto autoridades como las empresas –antes de la elaboración de un plan o la aprobación de una norma– consideren a este tema como prioridad, lo cual no ha ocurrido en los últimos años.

“La atención de los impactos ambientales no han sido ni son una prioridad para muchas gestiones estatales. Este tema tiene que priorizarse por los riesgos y los impactos significativos que generan al ambiente y la salud”, indicó.

Por su parte, César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, consideró que –frente a derrames de hidrocarburos– organismos como Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) y OEFA solo actúan reactivamente, “sobre hechos consumados”. “¿Cuál es la labor de ellos? Básicamente sancionar y tener una reacción cuando hay una situación de contaminación, y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Si tienen los recursos, deberían tener una posición mucho más proactiva y adelantarse o verificar que no sucedan. Se trata de que no lleguen después, que no lleguen tarde”, afirmó.

En esa misma línea, Lissette Vásquez recalcó que se necesita “fortalecer e intensificar la fiscalización permanente y preventiva de todas las actividades, y no solamente la fiscalización ambiental, sino también las obligaciones técnicas y de seguridad. No podemos esperar a darnos cuenta de que un plan de contingencia o una infraestructura no funcionan. Esos son aspectos que pueden detectarse en supervisiones permanentes y preventivas”.

Si bien el ideal es que las empresas y las entidades del Estado cumplan con las normas ya existentes para atender casos de emergencias o evitarlos, Juan Carlos Ruiz de IDL consideró que este escenario aún es lejano para la realidad peruana. Por ello, recordó que denunciar los hechos de manera formal ante las entidades correspondientes puede dar algunos frutos cruciales.

Para poner un ejemplo, el especialista de IDL mencionó que solo el caso Cuninico tiene cinco “batallas judiciales”. Estas tienen que ver con declarar la responsabilidad de Petroperú, la atención de los afectados, la compensación económica de cuatro comunidades nativas, el derecho de pago por servidumbre petrolera a las comunidades indígenas, y la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional para que Petroperú realice el mantenimiento del oleoducto.

Según IDL, en este último caso, presentado en el 2018, se “busca una decisión judicial final que obligue a la empresa estatal Petroperú a fiscalizar y monitorear las operaciones del Oleoducto Norperuano, el más largo del país, así como dar mantenimiento a sus tuberías en condiciones seguras para evitar nuevos derrames”.

Finalmente, Lissette Vásquez de la Defensoría agregó que también es necesario que nuestros sistemas de fiscalización, “además de ser preventivos, garanticen permanentemente medidas correctivas o sanciones que aseguren un desincentivo de la comisión de conductas infractoras, y debemos asegurar que se cumplan las medidas destinadas a la remediación ambiental”.

“No basta con sancionar. Por ejemplo, es inconcebible que hayan pasado 7 años y no tengamos información sobre si los impactos generados por el derrame de Cuninico se remediaron. Algo mal estamos haciendo como Estado para que esa situación se siga dando”, concluyó.

[Lee el informe completo de Diálogo Chino aquí]