Una investigación presentada por el World Resources Institute (WRI) evidenció las desigualdades que se presentan en el Perú para formalizar derechos a la tierra dependiendo de quién los solicite: si se trata de una empresa, un contrato de uso forestal puede rondar el año; en cambio, si un pueblo indígena solicita la titulación de su territorio, el proceso se vuelve extremadamente complejo, costoso y lento, pudiendo extenderse por 25 años.

Según el informe “La lucha por los derechos a la tierra: reducir la inequidad entre las comunidades nativas y las empresas”, actualmente hay 36.3 millones de hectáreas de tierras tituladas a nombre de 6 500 comunidades y alrededor de 4 mil comunidades tienen solicitudes por 34.9 millones de hectáreas. (AIDESEP 2016; Defensoría del Pueblo 2014; GOP/MINAM 2016; IBC 2016). La titulación para cada una de estas comunidades demanda 19 pasos (que en la práctica se extienden a 28) e involucra el trabajo de 7 entidades del Estado (que en la práctica se vuelven 12).

“Nuestra investigación muestra que en Perú el proceso de titulación de tierras indígenas es largo, complicado y costoso. A pesar de importantes avances, el procedimiento sigue estando sobrerregulado y presenta inconsistencias. Debería ser básico contar con mecanismos para manejar los conflictos en el proceso de titulación, ya que la incapacidad de lidiar con situaciones de conflicto impide el éxito tanto para las comunidades como para los bosques”, indicó Anne Larson, jefa de científicos del Center for International Forestry Research (Cifor).

Un problema no solo de los pueblos indígenas

Laura Notess, autora del informe y abogada integrante de la Iniciativa para los Derechos a la Tierra y los Recursos del WRI, dijo que el problema de la titulación involucra a todo el país y no solo a los pueblos indígenas.

“Creo que hay factores que evidencian que esto va a ser un problema más grande para el Perú más adelante. La semana pasada, la Unión Europea pasó una resolución pidiendo a sus Estados miembros que no hagan negocios, comercio o inversión en países que no respeten los derechos de los pueblos indígenas o los derechos a sus tierras. Es un problema del Perú porque si no se toma en serio esta situación va a ser un problema de competitividad en el futuro”, indicó Laura Notess.

Referida a las acciones que habría que tomar frente a este escenario, la especialista destacó la importancia de destinar fondos y trabajar a largo plazo. “Este es un problema de voluntad política. Hay personas en el Estado, tanto a nivel nacional como en las regiones, muy comprometidas con ayudar, apoyar y titular a las comunidades nativas. Pero no lo van a hacer solos. Actualmente hay unos 10 proyectos de titulación en el país, pero todos están financiados por entes externos. Para mostrar un compromiso de país hay que financiarlo desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Tienen que reconocer que es un problema del país y que no se va a resolver en 2 años. Es un problema de largo plazo. También hay que invertir en la resolución de conflictos. En Perú se tiende a ignorar los problemas de conflictos hasta que saltan a nivel nacional en los medios”, sostuvo la especialista.

Antonio Collantes, jefe del Área de Comunidades Nativas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali. Foto: Jhonny Salazar / Actualidad Ambiental.

Concesiones forestales sobre titulaciones de pueblos indígenas en Ucayali

Antonio Collantes, jefe del Área de Comunidades Nativas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, dijo que en esa región amazónica se prefiere dar derechos a las concesiones forestales sobre las solicitudes de las comunidades nativas. Señaló que entre el 2002 y 2014 no se ha creado, reconocido ni titulado una sola comunidad nativa en Ucayali. El funcionario alerta que ahora, con la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, hay un procedimiento abreviado para concesiones forestales que permite crearlas en 3 o 4 meses. Estas concesiones pueden afectar los derechos solicitados por las comunidades nativas por superponerse en algunas áreas, indicando que se presentaron 29 casos de ese tipo en Ucayali, donde no se atendieron los recursos de oposición presentado por las comunidades y en 15 o 20 días se generaron los contratos para los concesionarios.

“Lo que está en juego es el destino de la Amazonía y sus poblaciones indígenas. No hacer nada y dar la espalda a estas comunidades es demasiado peligroso. Los Gobiernos, incluido el de Perú, deben hacer más para proteger los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades. Deben simplificar los procesos para documentar la tierra, fortalecer el acceso de los pueblos indígenas a los títulos y brindar más recursos para mediar en los crecientes conflictos alimentados por el aumento del tráfico de drogas, la tala ilegal y el tráfico ilícito de tierras”, mencionó Collantes.

Slide 1: Antonio Collantes, jefe del Área de Comunidades Nativas de la Dirección Regional Agraria de Ucayali; Anne Larson, jefa de científicos del Center for International Forestry Research (Cifor) y Laura Notess, autora del informe y abogada integrante de la Iniciativa para los Derechos a la Tierra y los Recursos del WRI. Slide 2: Diana Ríos. Slide 3: Julio Curusichi, presidente de Fenamad.

La titulación a pueblos indígenas reduce la deforestación

Señala el informe que reconocer el derecho de los indígenas y las comunidades a las tierras es una solución comprobada para conservar los bosques, mitigar el cambio climático, reducir la pobreza y catalizar el desarrollo sostenible. Se indica que la tasa de pérdida de cobertura arbórea dentro de los bosques de pueblos indígenas y comunidades fue menos de la mitad que fuera de ellos.

Por otra parte se indica que cuando las empresas obtienen los derechos a la tierra comunitarias “agotan los recursos naturales en una comunidad y luego pasan a la siguiente. Desplazan a los pueblos indígenas y las comunidades rurales, muchos de los cuales han administrado de manera sostenible su tierra, los bosques que la rodean y los ríos cercanos”.

“Los Gobiernos deben examinar con rigurosidad cómo sus políticas sobre los derechos de la tierra favorecen especialmente a aquellos que talan bosques, queman turberas ricas en carbono o agotan de otros modos los recursos naturales, frente a las comunidades que desde hace largo tiempo protegen los bosques del mundo. Estas condiciones injustas no solo plantean graves riesgos ambientales sino que también amenazan el medio de vida de más de 2 500 millones de personas que dependen de la tierra colectiva”, sostuvo Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Hallazgos del informe

– Los procedimientos de las comunidades son onerosos e inaccesibles.
– Para formalizar su tierra, muchas comunidades deben aceptar derechos restringidos, nuevos riesgos y/o menos tierra.
– En promedio, los procedimientos presentan más desafíos para las comunidades que para los inversores.
– En la práctica, los derechos de las comunidades están restringidos, pero los inversores tienen oportunidades cada vez mayores, especialmente si no tienen fuertes compromisos sociales y medioambientales.
– Los marcos normativos y regulatorios favorecen a los inversores por sobre los procedimientos de formalización de las comunidades.

Recomendaciones

– Establecer e implementar un procedimiento de formalización de tierra comunitaria que sea claro.
– Establecer mecanismos de resolución de conflictos y abordar los reclamos contrapuestos de terceros.
– Prevenir la pérdida de tierra consuetudinaria y brindar más conjuntos de derechos inclusivos.
– Garantizar la supervisión, rendición de cuentas y transparencia.
– Igualar las condiciones entre las comunidades y las empresas.

Sobre el informe

El documento “La lucha por los derechos a la tierra: reducir la inequidad entre las comunidades nativas y las empresas” analizó casos de 15 países de América Latina, Asia y África (Perú, Brasil, Chile, Guyana, Panamá, Costa de Marfil, Camerún, Uganda, Tanzania, Mozambique, India, Camboya, Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea). Fue elaborado por el World Resources Institute (WRI) en sociedad con AsM Law Office, el Center for International Forestry Research (Cifor), Rainforest Foundation United States (RFUS), la Iniciativa por los Derechos y los Recursos (RRI) y Ujamaa Community Resources Team.