Escribe Katherine Sánchez / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas

 

 

 

Para agosto de 2020, la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), reportó que en el nuestro país existían 669 comunidades nativas sin título de propiedad. Sin embargo, esta no es la única brecha cuando se hace referencia a la seguridad jurídica de los territorios indígenas. En Loreto y Madre de Dios, por ejemplo, existen 419 comunidades nativas cuyos títulos de propiedad deben ser corregidos para que reflejen la real extensión de sus territorios. ¿Qué ha hecho el Gobierno para atender esta realidad y qué se debería reforzar para garantizar el cierre de brechas?

En el 2019, el mandatario de turno señaló que todas las comunidades nativas contarían con título de propiedad. Esta declaración llevó a dicho Gobierno a implementar medidas que hoy nos permiten contar con información clave y normas que aclararon algunos detalles sobre el procedimiento de demarcación de estos territorios.

Un ejemplo de ello es la Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el Establecimiento de Acciones Prioritarias para la Promoción del Desarrollo Sostenible de los Territorios de la Amazonía, un espacio multisectorial conformado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Midagri, el Ministerio de Cultura (Mincul), el Ministerio del Ambiente (Minam), entre otros, donde se desarrolló un diagnóstico sobre la problemática del saneamiento físico legal de territorios de comunidades nativas. Este insumo permitió plantear acciones iniciales que deberán orientar los planes y la gestión sobre la materia para el nuevo Gobierno.

[Leer además ► #Elecciones2021: ¿Tienen propuestas los partidos para proteger nuestra biodiversidad?]

Asimismo, está la aprobación del primer lineamiento sobre demarcación de comunidades nativas que –además de dar claridad sobre los pasos que este procedimiento debe tener en todas las regiones de nuestro país– establece dos criterios que cierran un círculo que por años había quedado abierto: la continuidad de los procedimientos de titulación pese al inicio de otro, para redimensionar bosques de producción permanente y la precisión sobre la posibilidad de demarcar estos territorios dentro de áreas naturales protegidas bajo determinados supuestos.

En definitiva se han producido avances y ha surgido mucho interés sobre esta materia en los últimos años. Incluso se cuenta con un sistema catastral único que aspira a ser completamente interoperable y que nos permitiría ordenar debidamente nuestro territorio. Pero, ¿qué más necesitamos?

¿Qué debemos esperar del nuevo gobierno?

Uno de los principales problemas detectados por la comisión mencionada, así como por la Defensoría del Pueblo en el último informe emitido, radica en el tema del presupuesto. No solo el presupuesto público que se dispone para sanear predios rurales es reducido, sino que este no se encuentra diferenciado, por lo que poseemos una “bolsa común” que debe compartirse entre los territorios de comunidades nativas, campesinas y predios rurales individuales. Esto resulta relevante para establecer metas específicas y le brinda a la ciudadanía herramientas para poder monitorear el avance de estas.

Y esto resulta aun más importante si observamos que en el caso de las comunidades nativas existen diversos proyectos de titulación que, si bien pueden llegar a asumir el costo del trabajo de campo, no pueden cubrir el presupuesto que los gobiernos regionales necesitan para validar dicha información con el equipo, logística y tiempo adecuado y pertinente. No olvidemos que, como consecuencia del proceso de descentralización, la titulación y cualquier otro procedimiento vinculado son competencias de los gobiernos regionales, motivo por el que ningún proyecto especial de titulación podría asumir esta función sin que se realicen modificaciones legislativas.

Por ejemplo, podemos mencionar al proyecto de “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa” a cargo del Midagri, que responde a un contrato de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, y que al igual que los proyectos de cooperación requiere de la validación del gobierno regional de la información recopilada.

Esta realidad nos debe obligar a ver en los planes de gobierno propuestas claras que impliquen el fortalecimiento de los gobiernos regionales para estos fines. En Loreto, por ejemplo, en donde existen 477 comunidades nativas sin título de propiedad, la dirección encargada del Gobierno Regional de Loreto solo cuenta con una persona designada formalmente para atender los procedimientos de saneamiento de estos territorios y los demás miembros del equipo deben atender de forma indistinta a todos los usuarios de esta dirección. Es necesario visibilizar esta situación y plantear acciones concretas para garantizar la efectiva articulación entre estos niveles de gobierno en beneficio de los pueblos indígenas.

Pero esto no es todo. Si buscamos un camino coherente, la estrategia del nuevo Gobierno debe colocar al mismo nivel que la titulación a otros procedimientos para sanear la situación de los territorios indígenas: los de georreferenciación y ampliación.

Como señalamos al inicio de este texto, en nuestro país existen títulos de propiedad que requieren ser corregidos a través de su georreferenciación, ya que fueron emitidos con métodos de topografía clásica que no nos permiten tener certeza sobre los límites ni resultan compatibles con el sistema catastral actual. Es decir, existen comunidades nativas que no pueden ser incluidas en este sistema para evitar superposiciones y otras que no pueden titularse, ya que su colindante necesita actualizar sus límites. Este es un claro ejemplo de que un título de propiedad puede resultar insuficiente en nuestro país.

Este procedimiento, al igual que el de titulación, debe ser cubierto con el presupuesto público otorgado a los gobiernos regionales para el saneamiento físico legal pero, a diferencia del proceso de titulación, el soporte de proyectos de cooperación internacional es mucho menor. Así, tenemos una brecha considerable que aún no terminamos de medir adecuadamente en nuestro país y que resulta igual de urgente que el de titulación para evitar conflictos intercomunales y por superposición de derechos.

«El nuevo gobierno tiene la tarea de implementar mecanismos articulados para demarcar a las comunidades nativas identificadas en este periodo dentro de áreas naturales protegidas».

Esto último es relevante en ambos casos. Si bien existen avances, el nuevo Gobierno tiene la tarea de implementar mecanismos articulados para demarcar a las comunidades nativas identificadas en este periodo dentro de áreas naturales protegidas. También deberá atender los casos de superposición de derechos de aprovechamiento de recursos naturales. Actualmente, ambos supuestos constituyen un cuello de botella que imposibilita considerar a estas comunidades como hábiles para el saneamiento de sus predios, condición que resulta una clara afectación al derecho que los pueblos indígenas tienen sobre sus territorios.

Además de esto, los gobiernos regionales atienden los pedidos de ampliación de las comunidades nativas que requieren de mayor extensión territorial que la reconocida como consecuencia del crecimiento de su población. Esta es una situación poco visibilizada y que responde directamente a la especial naturaleza de nuestros pueblos indígenas. Claramente, los problemas para estos casos son aún mayores partiendo por la poca información oficial que existe sobre la materia.

En definitiva el nuevo Gobierno no solo tiene como tarea el continuar y mejorar las acciones iniciadas para cerrar la brecha de titulación de nuestro país, sino, ampliar la visión que como Estado tenemos para hablar de una seguridad jurídica de los territorios indígenas integral, una que incluya un territorio correctamente delimitado; adecuado a las necesidades y usos del grupo humano que lo ocupa; y, con un título inscrito en el registro respectivo, con el objetivo de hacer público y oponible ante terceros tal derecho. Es esta idea de protección la que debe guiar nuestro sistema normativo y el accionar de las entidades competentes en cada etapa.