• Garantizar la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisión y acompañar proyectos, programas y políticas, así como el derecho a una adecuada consulta, aún es un reto en el Perú. Por ello, es necesario preguntarse: ¿qué propuestas tienen los partidos en sus planes de gobierno respecto a estos temas?

 

El poder involucrarse en los procesos, proyectos o políticas relacionadas a la gestión y gobernanza ambiental, que finalmente impactan sobre nuestras vidas, es un derecho y deber que tenemos todas y todos. Sin embargo, el ejercicio de este derecho aún representa un desafío en varios sectores por la falta de criterios para su aplicación.

Del mismo modo, aunque la consulta previa a los pueblos indígenas debería darse sin excepción en cualquier proyecto que los involucre a ellos o a sus territorios, en la práctica aún son varios los obstáculos que condicionan este derecho.

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En este contexto, la pandemia generada por el COVID-19 suma nuevas dificultades para el cumplimiento pleno de estos dos derechos. Por ello, teniendo en cuenta la importancia de que el próximo Gobierno tome en cuenta estos temas, analizamos sus planes de gobierno.

¿Cuáles son las propuestas?

Democracia Directa, con Andrés Alcántara, resalta que “se cumplirá estrictamente con la consulta y con la aprobación de las comunidades campesinas y nativas para la realización de actividades de extracción de recursos naturales en zonas cercanas a sus terrenos».

Juntos por el Perú, liderado por Verónika Mendoza, señala que garantizarán “los derechos de los pueblos indígenas, a su libre determinación, a la gestión de sus territorios, su participación en las decisiones que les afecten y la consulta previa libre e informada”, aunque no explica cómo lo harán.

En cuanto a participación ciudadana, este partido propone establecer la paridad y escaños reservados para los pueblos indígenas como regla ante la Asamblea Popular Constituyente que plantean para la apertura de una “refundación» de la República.

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Acción Popular, de Yohny Lescano, propone “instaurar el Gobierno Abierto”, un modelo con el que, según señalan, harán de conocimiento público y en tiempo real todos los actos de la administración pública.

El Frente Amplio, con Marco Arana a la cabeza, plantea “ampliar los derechos de participación y representación política de los pueblos y la ciudadanía en todos los niveles de gobierno”, esto mediante partidos y movimientos políticos.

 

Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, plantea “fortalecer el gobierno digital para integrar de manera eficaz la transparencia en beneficio de los ciudadanos”, esto como resultado de “asegurar el acceso masivo a la información vía internet”.

Además, este partido hace énfasis en “garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre las políticas, normas y medidas que afecten el ambiente, la ecología o pudiesen generar algún daño”. Y propone promover la educación ambiental como mecanismo para formar ciudadanos participativos.

El Partido Morado, de Julio Guzmán, plantea la creación de una Oficina Nacional para el Diálogo y Resolución de Conflictos Sociales, la cual, según detalla, sería una entidad encargada de la “gestión, operación y monitoreo de la conflictividad nacional”.

Renacimiento Unido Nacional, con Ciro Gálvez, plantea la participación de la población, tanto urbana como rural, en la formulación de un plan con enfoque territorial para el desarrollo sostenible y de gestión ambiental.

En esta misma línea, menciona como parte de sus políticas la coordinación “con las comunidades campesinas que intervienen en las cuencas que protejan, rehabiliten y compense ambientalmente los impactos negativos que generan en su intervención del agua y sus residuos”.

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Somos Perú, de Daniel Salaverry, propone la creación de unidades de diálogo y participación ciudadana a nivel nacional, así como unidades especializadas en prevención y gestión de conflictos sociales. Asimismo, plantea “revisar los procedimientos ambientales que requieren participación ciudadana y consulta previa para asegurar alcanzar estándares de transparencia, acceso a información y participación de la ciudadanía en general y de los pueblos indígenas en particular”.

Las veedurías forestales, mineras y pesqueras comunitarias, y el monitoreo participativo, también son propuestas de esta agrupación política.

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