- ¿Qué proponen los candidatos a presidentes en temas de justicia ambiental y delitos relacionados al ambiente? Conoce las propuestas según sus planes de gobierno.
Si bien la mayoría de los planes de gobierno de los candidatos a las elecciones generales 2021 están enfocados en temas referidos a la salud, la economía y seguridad, varios de estos también contemplan el aspecto ambiental, un tema que, sin duda, no puede pasar desapercibido.
Desde Actualidad Ambiental revisamos los planes de gobierno para conocer a detalle las propuestas de las planchas presidenciales en cuanto a Justicia Ambiental y Delitos Ambientales en relación a la minería y energía.
Según el la publicación El derecho de acceso a la Justicia Ambiental de la SPDA, la justicia ambiental es aquella que vela por el respeto de los derechos relacionados con el ambiente y para corregir un daño derivado de su afectación.
«[El derecho a la justicia ambiental] es un derecho fundamental de toda persona, consagrado en la Constitución Política del Perú, que consiste en obtener por parte de las autoridades judiciales y administrativas una solución rápida, sencilla y efectiva respecto de los conflictos originados por la afectación al ambiente y a sus componentes», especifica la SPDA.
Respecto a los delitos ambientales, son aquellos que trasgreden las normas de protección al ambiente, como por ejemplo la minería ilegal, la contaminación de ríos y otras fuentes de agua, la contaminación del aire, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, el tráfico ilegal de recursos genéticos, la deforestación, entre otros.
Conozcamos cuáles son las propuestas de los partidos con respecto a esto temas:
Acción Popular
Para Acción Popular, del candidato Yonhy Lescano, se plantea una reforma estructural a fin de lograr una institución moderna, seria, honesta y confiable, que garantice el orden y la paz social. Sin entrar en muchos detalles, el plan de gobierno también anuncia un combate a prácticas como la minería ilegal.
Frente Amplio
El Frente Amplio de Marco Arana propone una reforma integral del sistema de justicia nacional, enfocada en lograr una justicia plurinacional y popular, “que deje atrás la conducción elitista y discriminadora”.
El documento también se refiere al debido proceso indígena y la necesidad de reconocer su legitimidad. También se plantea una coordinación de alto nivel de la justicia republicada con la justicia indígena, esto sin menoscabar la autoridad de la segunda en sus territorios y pueblos.
Partido Nacionalista Peruano
El Partido Nacionalista Peruano, del candidato presidencial Ollanta Humala, plantea la existencia de una Ley de Reforma que tenga como objetivo la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Fuerza Popular
Desde Fuerza Popular de Keiko Fujimori se plantea el cumplimiento de la normativa ambiental, una sana convivencia entre agricultura y minería a través de diálogos que eviten conflictos entre comunidades y empresas. También se plantea mejorar las respuestas de los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente.
Respecto a la pequeña minería y minería artesanal, se busca una reformulación de la legislación para diferenciar las zonas de operación, además de mejorar los procedimientos relacionados a las autorizaciones de suelos, agua y demás terrenos.
Partido Morado
El Partido Morado de Julio Guzmán apuesta por una visión de sostenibilidad ambiental en la que la actividad minera conviva con nuevos estándares de bioseguridad para suelos, fuentes de agua y aire, además del respeto al derecho a la consulta previa ciudadana. Mediante obras por impuestos, los proyectos nuevos deberán garantizar el desarrollo de la región.
Partido Popular Cristiano
El Partido Popular Cristiano y su candidato Alberto Beingolea proponen que los jueces de paz y autoridades indígenas cuenten con mejores capacitaciones y mejoras en temas de infraestructura.
Respecto a la minería, el plan de gobierno asegura la promoción de una minería sostenible que respete el medio ambiente. El documento hace un cálculo de proyectos y prospectos mineros que equivalen a más de 200 mil millones de soles.
Renacimiento Unido Nacional
Desde al partido Renacimiento Unido Nacional de Ciro Gálvez se garantiza la firma del Acuerdo de Escazú, la priorización de los pueblos indígenas en cuanto al canon minero (85% para las regiones y el 15% restante para el Gobierno central) y que la explotación de los recursos no renovables se fortalezca con la participación subsidiaria del Estado.
El plan de gobierno también garantiza una minería amigable en términos ambientales que cuenta con diversos certificados internacionales: ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 9001:2008, entre otros. También se plantea trabajar con los pequeños mineros a fin de cuidar el medio ambiente y apoyo a la minería artesanal a través de una entidad financiera.
Somos Perú
Somos Perú con Daniel Salaverry propone una reforma del sistema de justicia con nuevos sistemas, programas, promoción de defensorías universitarias, comisiones del Poder Judicial, así como la creación de una escuela judicial y apostar por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) respecto a las actuales competencias que manejan los gobiernos regionales.
En cuanto a la minería y energía se apunta a las buenas prácticas, al cierre de brechas y el desarrollo sostenible, la reducción de la incertidumbre generada por la COVID-19 respecto a producción. También se apuesta por el diálogo preventivo a fin de evitar conflictos sociales, la electrificación rural a nivel nacional y la promoción de una nueva ley general de hidrocarburos y de regalías.
Partido Victoria Nacional
El partido Victoria Nacional de George Forsyth apuesta por elevar de forma progresiva la participación de las energías renovables de bajo costo ambiental, también la reducción de los costos de energía eléctrica, así como minimizar el uso de combustibles fósiles y la maximización de energías limpias.
También propone mejorar los trámites, permisos, autorizaciones, certificaciones y plazos en el tema minero, así como el aspecto técnico y tecnológico para evitar daños ambientales, la promoción del uso de plantas de tratamiento de calidad, supervisión de los trabajos a tiempo real, la reducción de la informalidad y beneficios para la pequeña minería.
El plan de gobierno también indica la reducción de daños ambientales, nuevos modelos de contrato de exploración, el cierre de brechas sociales en la Amazonía, cambios en cuanto al canon y regalías, mejoras en tarifas y mayor participación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales en casos de tala ilegal y de exportación de madera sin trazabilidad comprobada.
Alianza para el Progreso
Alianza por el Progreso de César Acuña solo menciona una “solución” contra la depredación de los bosques y la minería ilegal. Para ello se compromete a que estos temas sean considerados dentro del centro de la política ambiental del gobierno.
Juntos por el Perú
El partido Juntos por el Perú de Verónika Mendoza plantea impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, y “generar los arreglos institucionales y las capacidades para la implementación de este acuerdo”.
Asimismo, se compromete a fortalecer las capacidades del Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) para fiscalizar los sectores productivos y sancionar a titulares que cometan infracciones, incluyendo algunos procesos regidos aún bajo el ámbito de otros sectores.
Finalmente, propone fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y continuar con la adecuación de todos los sectores a sus principios (actualización de sus reglamentos de gestión ambiental), e incorporando la Evaluación Ambiental Estratégica.
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