Se abre el debate. En su editorial de hoy, el diario El Comercio cuestionó las acciones que ha tomado el Gobierno para enfrentar la minería informal en Madre de Dios. Según el rotativo, se ha premiado a un sector de los mineros dándoles un plazo de formalización, luego de que estos participaron en protestas que violaban una serie de delitos.

“El Gobierno ha dado un pobre espectáculo nuevamente”, señaló el diario en referencia a los acuerdos que han firmado para concertar la formalización minera y cesar la violencia en la región amazónica más golpeada por la extracción aurífera.

“Cuando el Gobierno cede ante un grupo de personas que lo fuerza a negociar mediante el desborde y la violencia, tratándolos como interlocutores válidos, está disponiendo de algo que no es suyo. Está diciendo, por ejemplo, que secuestrar ciudades, impedir el libre tránsito, forzar el cierre de negocios o destruir propiedad ajena puede llevarte a conseguir lo que quieres. Quizá, precisamente porque no se trata de su tránsito, negocios o propiedades, le es fácil ceder estas cosas”, señala el diario.

“Este es ya un guion institucionalizado que sigue el Estado cada vez que enfrenta una de estas protestas. Primero, promulga una norma y promete que se hará cumplir con autoridad. Segundo, se organiza una protesta que lo presiona bloqueando carreteras y, de ser posible, cerrando mercados, tomando puentes, secuestrando trabajadores y quemando edificios. Tercero, instala una “mesa de diálogo”. Cuarto, cede a las presiones, olvida los delitos y propone mirar hacia el esperanzador futuro (que durará hasta la marcha de la siguiente semana)”, agrega El Comercio.

Leer editorial:

La autoridad ja, ja

El Gobierno, una vez más, ha validado el delito como método para negociar la ley

Miércoles 21 de Marzo del 2012

Por más de una semana, mineros de diversas regiones del país bloquearon las carreteras Panamericana e Interoceánica, quemaron autos, destruyeron propiedad pública y privada, se enfrentaron a la policía usando bombas molotov, intentaron tomar un aeropuerto y un mercado y obligaron a todos los negocios de la ciudad de Madre de Dios a cerrar con una pérdida que la Cámara de Comercio del lugar calculó en 1,5 millones de soles diarios. Tres personas murieron. Los manifestantes pedían la derogación de los decretos legislativos recientemente promulgados que tipifican la minería ilegal. Fue con ese objeto que cometieron esta serie de delitos tipificados en el Código Penal.

El lunes, como quien comienza bien la semana, el Gobierno decidió premiar estos delitos cediendo frente a una parte de quienes así protestaban (los llamados “mineros informales”). De esta forma un grupo de protestantes obtuvo el derecho a que la ley no se le aplique en, al menos, un año más. Y decimos “al menos” porque, ni bien cruzó el umbral de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde acababa de firmar el acta estipulando este plazo, el presidente de la Federación Minera de Madre de Dios declaró que no creía que en ese año lograsen formalizarse y que la fecha seguramente se tendría que prorrogar.

Con esto, el Gobierno ha dado un pobre espectáculo nuevamente. Puede que efectivamente haya buenos motivos para exceptuar de la aplicación inmediata de los decretos a los mineros llamados “informales”, si es que los requisitos para ser formal en el sector minero son irracionales y económicamente inviables. Pero eso no es algo que el Gobierno debió “descubrir” luego de la violencia y consignar en una de esas actas-tratados-de-paz que en el Perú se firman entre particulares y gobernantes un día sí y otro no. En otras palabras, debieron considerarlo antes, y no después, de dar los famosos decretos legislativos cuya entrada en vigencia ahora van a prorrogar. “La ley –decía el político decimonónico español Gumersindo de Azcárate– debe de ser libremente discutida y firmemente aplicada”. Nuestros Gobiernos lo hacen al revés –primero dan las normas y luego las discuten al momento de aplicarlas– enseñando así a todos los grupos de presión que toda ley es negociable. Lo que no es más que otra forma de decir que no hay ley.

Lo sucedido, como todos sabemos, era esperable y, de hecho, esta página lo anunció. Después de todo este es ya un guion institucionalizado que sigue el Estado cada vez que enfrenta una de estas protestas. Primero, promulga una norma y promete que se hará cumplir con autoridad. Segundo, se organiza una protesta que lo presiona bloqueando carreteras y, de ser posible, cerrando mercados, tomando puentes, secuestrando trabajadores y quemando edificios. Tercero, instala una “mesa de diálogo”. Cuarto, cede a las presiones, olvida los delitos y propone mirar hacia el esperanzador futuro (que durará hasta la marcha de la siguiente semana).

Cuando el Gobierno cede ante un grupo de personas que lo fuerza a negociar mediante el desborde y la violencia, tratándolos como interlocutores válidos, está disponiendo de algo que no es suyo. Está diciendo, por ejemplo, que secuestrar ciudades, impedir el libre tránsito, forzar el cierre de negocios o destruir propiedad ajena puede llevarte a conseguir lo que quieres. Quizá, precisamente porque no se trata de su tránsito, negocios o propiedades, le es fácil ceder estas cosas ¿Perdonarían acaso el presidente y sus ministros a alguien que haya tomado Palacio de Gobierno o sus casas un par de semanas? ¿Si el millón y medio de soles diarios que perdieron los comerciantes de Madre de Dios fuese suyo, pondría “mesas de diálogo” también?

En el mismo día de la firma del acta, el Ministro del Interior –sí, el del Gobierno que la firmó- ha declarado: “el Gobierno aplicará la ley con autoridad”. Sus palabras deben haberle sugerido a los mineros informales algo así como un título de Alfredo Bryce: “La autoridad ja, ja”.

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Foto: LaMula