En su editorial de hoy miércoles, el diario El Comercio cuestionó los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, que excluyen a los estudios de impacto ambiental como requisito para que los proyectos de inversión, como carreteras, puertos o centrales hidroeléctricas, obtengan la concesión final.

Resulta indignante y perjudicial para la lucha anticorrupción, el avance de las políticas ambientales, el desarrollo sostenible y la credibilidad del modelo económico, la sospechosa insistencia del Poder Ejecutivo de eliminar –vía dos decretos de urgencia– la certificación ambiental (estudio de impacto ambiental) como requisito previo para tramitar las concesiones o permisos estatales.

El editorial también hace referencia al proyecto de ley que se presentó hace tres meses para tratar de eliminar este requisito para las concesiones hidroeléctricas. Dicho intento fue cuestionado por la sociedad civil y diversas organizaciones. Asimismo, lamenta que estos decretos estén llevando al Perú a un retroceso en cuanto a política ambiental solo por favorecer proyectos ejecutados por un grupo de inversionistas.

A través de esos dos decretos se establece un absurdo y abusivo privilegio a favor de un determinado grupo de inversores, eximiéndolos de cumplir con las obligaciones ambientales normadas en nuestro país y que son práctica usual en el ámbito global. Se está consagrando un nefasto antecedente que vulnera la Constitución y resta credibilidad a las instituciones democráticas, que de paso echa sombras sobre la economía de mercado, cuya transparencia es básica para el perfeccionamiento del modelo.

La Constitución, en su artículo 118 (inc. 19), señala que los decretos de urgencia solo deben ser dictados en materia económica y financiera y no en temas regulatorios administrativos, como es el referido a las certificaciones ambientales como requisito para una concesión.

Para El Comercio, estos decretos podrían ser causantes de nuevos conflictos sociales que perturbarían la paz social, por lo que recomienda al Gobierno que se deroguen antes de que se cometan atropellos hacia el medio ambiente. Asimismo, hace un llamado al Congreso para “asumir su deber de fiscalizar y promover la desactivación de tan infelices iniciativas”.