Escribe José Luis López Follegatti / CARE

Se está cerrando una década de crecimiento de la minería. Algunos proyectos no prosperaron o están estancados por la resistencia de la población (Quilish, Tabaconas en San Ignacio, Tambogrande, Río Blanco, San Gregorio en Vicco, Quellaveco y Tía María) pero un número importante sigue adelante con un respaldo relativo, indirecto o una aceptación no explícita de sus poblaciones.

Por otro lado tenemos los avances y retrocesos en la fase de exploración. Es difícil tener un inventario de las mismas pues, en muchos casos, es una información reservada -por el tema de la bolsa y la especulación-. Sin embargo, estimamos unos 80 proyectos de exploración, de los cuales unas 60 contarían con un acuerdo previo o autorización y 20 enfrentan resistencia en la población. Adicionalmente, una decena de ampliaciones de antiguos proyectos mineros completan este listado.

Entonces, podemos estimar que en estos últimos diez años existen por lo menos 20 proyectos mineros en curso para su próxima inversión, además de 10 ampliaciones y 60 proyectos de exploración frente a unos 6 a 7 proyectos mineros estancados o cerrados y otras 20 exploraciones que no han logrado el acuerdo previo.

El 80% de los proyectos de inversión están en marcha y representan entre 30 a 40 mil millones de dólares para la nueva década que se inicia. Definitivamente la minería ha crecido y sigue creciendo y es un componente fundamental de los ingresos del Estado.

La mayoría de los ciudadanos consideran a la minería un factor fundamental de desarrollo. Si bien es cierto que depender de las actividades primarias es un riesgo, en realidad la agro exportación, la manufactura y la pequeña empresa también lo han hecho, pero en menor porcentaje.

La paradoja es que, siendo una minoría quienes se oponen al desarrollo de la minería, esta actividad crece en un mar de incertidumbre, conflictos y con una percepción –esta sí mayoritaria- de que la empresa minera no sólo contamina, sino que abusa de su poder frente a la poblacional.

Estamos, así, ante una dualidad en tensión. Si avanza a su polarización (es decir, que oponentes y defensores de la minería se confronten violentamente de manera continua, con exclusiones mutuas), todo este panorama de crecimiento podría quedar seriamente frenado o, en todo caso, continuar un desarrollo en base a la represión y el dominio.

Entonces, tal vez sea necesario comenzar a indagar cuál es el punto medio del crecimiento minero: asegurando sus inversiones pero también su legitimidad social y ambiental.

Tía María debe ser contemplada desde este escenario y perspectiva.

Una resolución violenta basada en la confrontación máxima y/o fortuita de la fuerza pública y violentista podría influir en el precario tramado de decenas de acuerdos logrados entre empresas y comunidades.

En los últimos dos meses, masivas audiencias de 500 a 5 mil comuneros han registrado una opinión favorable a los proyectos mineros. Nos referimos a Conga, Michiquillay, Galeno, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde y Constanza, por mencionar las más importantes. Sin embargo, todas las empresas protagonistas de estas reuniones consideran que estos acuerdos son relativos, vulnerables y mantienen un altísimo nivel de recelo o desconfianza. Ellos saben que el trabajo hecho para escuchar a las comunidades y ofrecerles buenos acuerdos en temas como el de la tierra, el agua, el trabajo y las empresas locales, no están asegurados y que todo puede cambiar de un momento a otro.

La transformación de estas relaciones ha empezado, es cierto, pero sólo se encuentra en sus primeros pasos y no es irreversible.

Estas empresas, desde luego, han cometido errores, pero aprenden de los mismos generando nuevas prácticas y ello, al parecer, podría marcar una diferencia con lo que viene ocurriendo en Tía María si es que no se recogen las lecciones que este conflicto ofrece.

Por ejemplo, no es que el poblador de Cotabambas, donde se encuentra el proyecto Las Bambas, esté naturalmente a favor de la minería y el de Cocachacra, del proyecto Tia María, en contra. En ambos casos se han producido graves conflictos.

En Cotabambas miles de campesinos llegaron a tomar el campamento minero y retener a funcionarios de la empresa y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ¿qué se hizo y qué no para hacer la diferencia?

En los propios medios empresariales se reconoce que empresas como Manhatttan, para el caso de Tambogrande, y Monterrico Metals, para el de Río Blanco Majaz, realizaron acciones tan desatinadas que provocaron el total rechazo de gruesos sectores de la población. Y la misma empresa Yanacocha luego de los sucesos del Quilish, aceptó mediante un comunicado público, que no había escuchado al pueblo de Cajamarca abriendo con ello una nueva etapa en su relación con las comunidades.

Cada inversión minera es diferente y no es posible una receta. Entonces, ¿qué se puede sugerir al respecto? Lo que hoy se necesita –tanto por parte de la empresa Southern, como del Ministerio de Energía y Minas, los dirigentes del Frente de Defensa y las autoridades regionales y locales- es paciencia y humildad para reconocer lo que no se hizo bien, y esfuerzo sincero para escuchar a los antagonistas de hoy.

Como resultado del anterior conflicto en Tía María se formó una mesa técnica que debía responder a todas las dudas, temores y observaciones hechas al proyecto. Pero las elecciones regionales y locales, además de las desconfianzas que aún subsistían, no permitieron la conformación de este espacio de diálogo en los plazos previstos.

Pasadas las elecciones, y configurado un nuevo escenario de líderes locales y regionales, la confrontación se reanudó en lugar del diálogo. Los actores se apresuraron y se olvidaron de sus compromisos.

De esta manera las acciones transitaron en el sentido contrario y un sector de los dirigentes sociales encontró el pretexto perfecto para recuperar esa influencia que se había debilitado a favor de una postura más dialogante.

Southern, al donar maquinarias a un sector de los agricultores con la presencia del Viceministro y continuar con sus actividades para convencer a jóvenes y pobladores, estaba emitiendo un mensaje claro: no creo en la mesa técnica, ya no hay dudas que resolver, la gente se está convenciendo de las bondades del proyecto, las elecciones lo demuestran y entonces seguiré adelante. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas no hizo nada y el Ministerio de Agricultura les respaldó, tácitamente, con su presencia.

Faltó paciencia para entender que la superación de las desconfianzas debía tomar su tiempo esperando que se configure una nuevo escenario.

(Tía María no tiene ni tres años, y algunos proyectos se han tomado más de cinco para lograr el acuerdo deseado).

Se siguieron señalando culpables, y el reconocimiento de los errores cometidos, lamentablemente, fue dejado de lado.

Se sabe que hace año y medio el Alcalde de Cocachacra solicitó al Ministerio de Energía y Minas conformar una mesa de diálogo. Existe, además, un oficio donde Southern responde que ellos no están de acuerdo con formar un mesa de diálogo, pues para eso están los procedimientos que contempla la ley.

Tía María nos ofrece importantes lecciones que, esperamos, sean contempladas por el Estado en la revisión de sus políticas, y reflejen nuevas prácticas que ya existen en otros lugares. Entre ellas se puede mencionar: mesas técnicas de diálogo y talleres directos que compensen la debilidad de las audiencias públicas, incluyendo la participación de instituciones técnicas imparciales para evaluar las críticas y observaciones; proyectos de protección del agua que no solo no afecten sino incrementen el caudal de agua para agricultores y pobladores; beneficios compartidos en base a planes de desarrollo mutuamente definidos, que no dividan a la población en relación al apoyo del proyecto minero y, sobre todo, tiempo y paciencia para encontrar el momento adecuado del acuerdo.

Lucio Rios ex Gerente de Tintaya, fue protagonista de uno de los más exitosos procesos de dialogo que se conozcan. Ello logró la concertación de comunidades autoridades locales con la participación de ONGs como CooperAcción y Oxfam. Hoy, estas buenas prácticas son la antesala de nuevos acuerdos que están impulsando una minería responsable en Cusco y Apurímac, leamos sus recomendaciones a partir de la experiencia vivida:

“En plena crisis, lo que más necesitamos son condiciones para tener serenidad, calma, y recibir buenos consejos. Yo esperaba más orientación para ver cómo podíamos reconstruir el dialogo. Más que incentivar la confrontación, esperaba voces de aliento reflexivo y, efectivamente, recibí mucho de ello (también críticas) para sacar oportunidades de estas.

Cada actor -Estado, Empresa y Sociedad Civil- debe ser congruente con sus principios. A mi me toco anteponer los principios de la empresa de CERO DAÑOS, dentro y fuera de la empresa ante presiones de usar la fuerza, o las perdidas económicas que pudieran significar. Ya que estas fueron decisiones trascendentales que afectaban económicamente a la empresa, Estado y a la población de la zona, nuestra prioridad fue por la paz social, que al final contribuyó a reconstruir el dialogo y la confianza.

Un factor determinante es que cada actor haga una autocrítica de su actuación antes y durante el conflicto. A mí me tocó hacer un mea culpa de toda mi gestión y, a partir de allí, buscar oportunidades de transformar la organización desde las líneas corporativas”.

Hay que mirar a Tía María en el contexto de inversiones y relaciones entre instituciones y, principalmente, personas con liderazgo.

Paralelo a las políticas públicas y lo que se propala en los medios, buenas y malas prácticas conviven y se confrontan; líderes diversos toman buenas o malas decisiones. La incertidumbre es la forma cómo se manifiesta, pero la tendencia al cambio y el desarrollo es visible, aunque no irreversible si sucede algún hecho de grave impacto social.

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Fotografía: Proyecto Tía María