Escribe Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

Esta es la primera entrega de dos artículos escritos por Marc Dourojeanni sobre el problema de la informalidad, sus nefastos impactos en el ambiente y los actores detrás de ese deterioro. 

Reconociendo la gran responsabilidad del sector privado formal nacional o transnacional en el deterioro ambiental en el Perú es fundamental recordar, una vez más, que ese sector de la economía no es el único foco de ese problema. En realidad, los principales problemas ambientales del Perú son consecuencia directa de las actividades económicas informales o ilegales. Poner la culpa de todos los males ambientales en el sector privado es hacer el juego a ecologistas ignorantes y a izquierdistas siempre empeñados en denigrar el “capitalismo”. Hacerlo es ocultar el verdadero problema para no tener que enfrentarlo y resolverlo.

Las grandes empresas son siempre culpadas

[pullquote]Poner la culpa de todos los males ambientales en el sector privado es hacer el juego a ecologistas ignorantes y a izquierdistas siempre empeñados en denigrar el “capitalismo”. Hacerlo es ocultar el verdadero problema para no tener que enfrentarlo y resolverlo.[/pullquote]La propaganda ha hecho creer que las llamadas transnacionales y las empresas nacionales importantes son las culpables de casi todos los males ambientales. Es verdad que ya hicieron mucho daño, como en los casos tan conocidos de la Cerro de Pasco Copper Co. en La Oroya o de la Occidental Petroleum (Oxy) en Loreto, en el Perú. También es evidente que algunas siguen haciendo daño, aunque no sea nada más que por no resolver sus enormes pasivos ambientales. Pero en la actualidad esa reiteración pierde consistencia pues las grandes empresas, presionadas por todos lados, en especial por consumidores y activistas socioambientales, han mejorado sustantivamente su modo de actuar. Además, aun en la época en que se portaban muy mal, otros actores ya causaban problemas ambientales tanto o más graves.

Dicho sea de paso, la noción popular de que las grandes empresas son las responsables principales del deterioro del ambiente es asimismo frecuente en las sociedades de países desarrollados. Eso se debe a que, en éstos, la actividad económica es enteramente realizada por empresas privadas grandes o pequeñas, pero siempre formales, es decir registradas, controladas y pagadoras de impuestos y contribuciones. De otra parte, se supone que las tales empresas respetan plenamente la legislación. De hecho, cuándo eventualmente no lo hacen y son detectadas, sufren penalidades severas. Pero aun así, es inevitable que sus actividades tengan impactos ambientales, especialmente en alguna de las variadas formas de contaminación y, en menor grado, por la presión que imponen sobre las áreas y recursos naturales. Y eso mantiene su mala fama en la sociedad que, de otra parte, reconoce que los bienes y servicios que las empresas brindan son en general indispensables.

[pullquote]En países donde toda la actividad económica es formal grande parte de la culpa de los problemas ambientales efectivamente recae en las empresas. Pero eso no se cumple en países en los que la economía informal es generalizada.[/pullquote]Gran parte de la mala fama de las empresas transnacionales en sus países de origen también se deriva de lo que se dice que hacen o de lo que realmente hacen en los países tropicales. Hay casos en que lo que se dice sobre ellas es verdad, como cuándo fomentan el uso de transgénicos donde sería mejor no tenerlos (como lo hace, por ejemplo, la Monsanto) o promueven formas de consumo inadecuadas (por ejemplo, la Coca Cola), aunque todo sea legal. Pero, las peores acusaciones contra las transnacionales están asociadas a decisiones y concesiones, es decir a políticas de los gobiernos de los países donde trabajan. Consecuentemente, si son erradas o perjudiciales la responsabilidad es, principalmente, del gobierno que concede las autorizaciones. Ese es el caso, por ejemplo, de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre bosques tropicales o la concesión de lotes petroleros sobre tierras indígenas. Estos gobiernos en general las otorgan de acuerdo a las leyes nacionales pero, como se sabe, puede ocurrir que acomoden la legislación a los intereses de la empresa, casos en que justificadamente puede sospecharse que hay corrupción de por medio. Otras veces las empresas violan la ley simplemente confiando en la incapacidad del Estado para hacerlas cumplir.

Los otros actores del deterioro ambiental

[pullquote]Cualquier evaluación de los problemas ambientales de un país como el Perú revela que la mayor parte de ellos son consecuencia de la actividad económica informal.[/pullquote]Cualquiera que sea la forma o los parámetros de evaluar, sumar y resumir los perjuicios al ambiente de las actividades económicas que realizan las grandes empresas privadas en el Perú, el resultado es inferior al que ocasionan la multitud de individuos y “empresas” pequeñas, cien por ciento locales, que simplemente ignoran la ley. Estos “otros” actores son los que púdicamente son denominados “informales”. Problemas ambientales gravísimos como la deforestación, la desertificación, la degradación del bosque, la erosión de los suelos, los procesos de extinción de especies animales y vegetales, la sobre-explotación de los recursos hidrobiológicos y hasta el cambio climático son, en un país como el Perú, esencialmente asociados a la informalidad. Cuando pueden asociarse a grandes empresas, éstas son casi siempre nacionales (por ejemplo, empresas pesqueras o agrícolas).

La deforestación en la Amazonia peruana, por ejemplo, ha sido y continúa siendo causada por centenas de miles de agricultores informales que invaden tierra pública que, en general, ni siquiera tiene aptitud para el cultivo y que por eso no se estabilizan. Así han desnudado gran parte de la Selva Alta, que técnicamente era donde menos se debía instalar agricultura y pecuaria debido a su alta susceptibilidad a la erosión y a la gran biodiversidad que caracteriza esos ecosistemas. Pero, es precisamente en ese ambiente donde se practica agricultura a plena pendiente como la del rocoto y ganadería extensiva, con quemas periódicas de la vegetación. Un estudio reciente demostró que el 75% de lo que se deforesta anualmente en el Perú consiste de chacras de menos de media hectárea, es decir nada que implique “grandes” empresas. Hay países tropicales, como Indonesia o Malasia, donde en efecto una parte considerable de la expansión agropecuaria es practicada por empresas grandes que, por ejemplo, cultivan palma aceitera o caucho. Pero aun en esos países el área deforestada por la agricultura informal supera la formal. De cualquier modo ese no es el caso del Perú aunque, si hay descuido, puede ocurrir, como ocurrió en la citada Indonesia y en muchos países africanos.

La deforestación del bosque es casi siempre precedida por otra actividad económica esencialmente informal. En efecto, a pesar de que existen millones de hectáreas concedidas para manejo forestal, más del 70% de la madera producida en el Perú sale de los llamados permisos de extracción, es decir que es extraída por pequeños madereros al margen de la legislación. Peor, prácticamente ninguno de los grandes concesionarios aplica los planes de manejo forestal que son requisito legal obligatorio desde hace 50 años. En realidad mucho más del 90% de la producción maderera nacional es ilegal en una medida u otra. Por eso es probable que no menos del 60% del bosque que aún existe esté degradado, habiendo perdido especies valiosas tanto de la flora como de la fauna. Comentarios similares pueden hacerse en relación a la caza de “subsistencia”, la pesca “artesanal” o la recolección de productos vegetales, en que la actividad extractiva comercial es prácticamente indiferenciable de la llamada “de sobrevivencia”. Toda esa realidad no tiene relación directa con empresas transnacionales, aunque en algunos segmentos de la cadena productiva puedan intervenir empresas relativamente importantes.

Los dos problemas mencionados, la agropecuaria y la explotación forestal informales no son exclusivos a la región amazonica habiendo dejado huellas indelebles también en la Costa Norte del Perú. La deforestación y la degradación del bosque son causas directas de la pérdida de suelos por erosión hídrica y eólica y, asimismo, de la perdida de la diversidad biológica y de la falta de regularidad de los flujos hídricos, ocasionando desastres naturales del tipo “sequias alternadas con inundaciones” o, simplemente, la falta de agua para consumo inclusive en condiciones amazónicas. Nada o muy poco de eso tiene que ver con las transnacionales o con las grandes empresas nacionales aunque, por ejemplo, si cabe mencionar a pesar de su escala comparativamente menor el caso de las empresas que crían langostinos destruyendo los manglares de Tumbes.

Asimismo, el problema de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, que a nivel de países desarrollados es principalmente ocasionado por el consumo de energía fósil, en el Perú es provocado en un 66% por la actividad económica informal que provoca la destrucción y quema de la vegetación, principalmente en la Amazonia. Y otra parte importante de este fenómeno es provocada por el transporte público informal, que domina todas las ciudades peruanas.

Ocurre que las grandes empresas tienen, por su naturaleza concentrada e intensa, impactos ambientales muy visibles y, por ser legalmente constituidas, están sujetas a escrutinio constante. Es mucho más fácil hacer seguimiento de su comportamiento y criticarlas que hacer lo mismo con millares de mineros, madereros o agricultores pequeños que, individualmente, hacen daños quizá insignificantes pero que en su conjunto, como dicho, impactan más.

El caso de la contaminación

[pullquote]Apenas la minería informal que incide en Madre de Dios tiene un impacto varias veces mayor que lo que el vilipendiado proyecto Conga podría tener en términos de contaminación del agua, de número de personas afectadas y de área impactada. Pero Conga fue paralizado y Madre de Dios sigue creciendo.[/pullquote]En el tema de la contaminación no cabe duda que las grandes empresas, en especial las mineras y petroleras, tienen una responsabilidad enorme e histórica. Han hecho mucho daño al ambiente que está acumulado en el entorno y, sin duda, continúan haciendo daño pues, en verdad, aun si fueran plenamente respetuosas de la ley, es imposible explotar esos recursos sin ocasionar algún impacto. Pero, como dicho, la actuación de las grandes empresas de esos ramos, sean nacionales o transnacionales, ha mejorado mucho pues las condiciones del mercado les obligan a ello y asimismo porque existen nuevas tecnologías “limpias” que inclusive aumentan la rentabilidad del negocio, como las que aplican Antamina, Yanacocha o Gas de Camisea, entre docenas más. Aun siendo así es un hecho que las tales empresas podrían hacer más por el medio humano y natural en que se desempeñan, y por eso hay que seguir presionándolas.

Hablando de contaminación minera es evidente que el daño ocasionado por la minería informal de oro aluvial y de docenas de otros minerales en todo el Perú es por lo menos comparable al que en la actualidad ocasionan, juntas, todas las grandes empresas mineras dedicadas a los mismos minerales. En efecto, apenas la minería informal que incide en Madre de Dios tiene un impacto varias veces mayor que lo que el vilipendiado proyecto Conga podría tener en términos de contaminantes vertidos en los ríos (mercurio, entre otros), de número de personas afectadas y de área impactada. Pero Conga fue paralizado y Madre de Dios sigue creciendo. Conga como mínimo pagaría impuestos y canon minero y, construiría infraestructura social. Los “informales” de Madre de Dios no pagan nada que no sea coimas pero ocasionan gravísimos problemas sociales y de salud y, para colmo, son beneficiados por el Estado que construye infraestructura (por ejemplo la carretera Interoceánica Sur) casi exclusivamente para su beneficio y les brinda toda clase de servicios públicos.

Es decir que empresas que conforme a ley hacen estudios, cumplen determinaciones del sector, desarrollan programas socioambientales, distribuyen royalties y pagan sus impuestos, son hostilizadas y espantadas mientras que los mismos elementos preocupados con el “bienestar del pueblo” no solamente no protestan sino que hasta apoyan la actividad ilegal. Con eso no se insinúa que la oposición al proyecto Conga sea injustificada. Lo único que se señala es que es irracional no hacer la misma oposición a la minería de oro aluvial que es muchísimo peor bajo cualquier criterio.