Escribe Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

Continuamos con la segunda y última entrega de artículos escritos por Marc Dourojeanni sobre el problema de la informalidad, sus nefastos impactos en el ambiente y los actores detrás de ese deterioro. (Primer artículo, en este enlace)

[pullquote]El daño al ambiente y su costo social son exactamente los mismos  si son consecuencia  de la actividad informal de los pobres o de la de las  grandes empresas de los ricos.[/pullquote]La causa de esta realidad es que las multitudes de ciudadanos que practican todas esas actividades económicas informales son pobres, a veces muy pobres y que, en gran medida, no tienen alternativas más atractivas. Pero, no cabe duda de que sus prácticas violen estentóreamente la legislación vigente. La legislación, que en principio busca el bienestar y la convivencia armoniosa de los ciudadanos y que, por eso, debe ser cumplida igualmente por todos es abiertamente incumplida por los denominados informales mientras que a veces es severamente aplicada a los poquísimos que hacen el esfuerzo de cumplirla. El ejemplo más conocido es el de aquellos pocos entre los detentores de concesiones de manejo forestal que invierten pesado en manejo sostenible pero que son continuamente hostilizados por la autoridad del ramo que, en cambio, deja que miles de extractores informales exploten madera en cualquier lugar sin ninguna restricción efectiva.

El hecho es que las leyes que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales tienen por decisión constitucional precipua la función de evitar daños al ambiente. Su violación perjudica a la sociedad como un todo y asimismo a cada ciudadano individualmente. Compromete el futuro de la nación. Es completamente indiferente que el mal sea causado por muchos informales pobres (agricultores, madereros, pescadores o mineros) o por algunos formales ricos (grandes empresas). El daño es igual y, en principio, no cabe aceptar que sea realizado impunemente. Pero, mientras que la ley se cumple razonablemente en el caso de las actividades económicas formales se incumple sistemática y flagrantemente con las informales, pese a que son las que más perjudican al ambiente.

La actividad económica extractiva informal es practicada por centenas de miles de ciudadanos, es decir una masa crítica considerable. Esa es su fuerza casi siempre muy bien aprovechada por los que lucran más con ellas (patrones, acaparadores y otros) y que organizan esas masas para hacer frente a las autoridades cuando estas se atreven a aplicar la ley. Siempre cuentan con el apoyo de políticos oportunistas. Los jueces se compadecen, los fiscales se acobardan, el gobierno piensa en la próxima elección y, así se deja hacer, se deja pasar. La experiencia reciente de los intentos de controlar la minería de oro aluvial en Madre de Dios es un buen ejemplo, entre otros.

El recelo de las autoridades por el alto costo político de enfrentarse “al pueblo” es perfectamente comprensible. Y así surge el intento mal sucedido de diferenciar entre “informal” e “ilegal” y, por cierto, la sucesión de plazos nuevos y otras excusas para no confrontar a los infractores que, pobres o no, eso es lo que esos mineros son. Y así termina ocurriendo el peor escenario posible. La ilegalidad da réditos al que la practica y deja al que cumple la ley con la sensación de ser un imbécil. Esa es una situación bien conocida en el medio urbano donde los invasores de tierras obtienen propiedades y toda clase de servicios públicos sin pagar mientras que otros ciudadanos, ni siempre más ricos, deben pagar cada centavo de los terrenos para sus viviendas y los servicios que reciben.

[pullquote]Existe un enorme y complejo trasfondo ético en hacer leyes discriminatorias y, aun peor, en aplicar leyes en forma discriminatoria. Su principal consecuencia es la subversión del orden y un sabotaje a la democracia.[/pullquote]Otra consecuencia de esa situación es que a pesar de que la ley debe ser, por definición, igual para todos excepto en lo que ella misma haga diferencias, su aplicación en la práctica es discriminatoria. Si hubiese leyes que dicen que los pobres, por el mero hecho de serlo tienen derecho a ser informales, es decir que pueden invadir tierras, explotar madera, cazar y pescar o extraer minerales en cualquier lugar sin pedir permiso, la situación sería quizá más aceptable. Pero, aunque existen leyes que otorgan privilegios a algunos segmentos de la sociedad, las que se ocupan del ambiente en general no lo hacen pues ello equivaldría a un suicidio colectivo. De otra parte, si las leyes que conciernen a esta discusión son de carácter universal, los poderes ejecutivo y judicial también incurren en desacato al no aplicarlas así. En suma lo que viene ocurriendo es una subversión del orden y un sabotaje a la democracia.

Ignorar la informalidad solo empeora el problema

La práctica generalizada de ignorar la ilegalidad cuando es practicada masivamente por personas pobres, bien sea por motivos políticos (votos) o por compasión, simplemente agrava y acumula los problemas, en especial para la población pobre. Al final, la contaminación de los ríos, la disminución de la pesca, los fenómenos erosivos violentos afecta a los ciudadanos de baja renta mucho más que a los demás. Dejar pasar sus actividades ilegales no los hace más ricos ni les posibilita salir de su situación de pobreza. Al contrario, la agrava.

[pullquote]Es tiempo de abordar seriamente el tema de la informalidad, dejando de lado las acciones coyunturales que suelen resultar apenas en confrontaciones violentas y en acciones cosméticas rápidamente olvidadas. Es tiempo de poner en marcha un programa de largo plazo que cree verdaderas opciones de hacer esas mismas actividades mencionadas de forma legal.[/pullquote]El Poder Ejecutivo puede resolver esos problemas sin entrar en confrontación. Las invasiones de tierra para agricultura se pueden resolver regularizando la tenencia de la tierra y, como antaño, con programas de asentamiento rural estratégicamente localizados y bien planificados, asistencia técnica y crediticia. Los extractores ilegales de madera pueden ser agrupados en verdaderas empresas pequeñas o medianas a las que, como en el caso anterior, se brinde apoyo técnico y financiero además de orientación para obtener concesiones de manejo forestal o apoyando a las comunidades nativas a manejar sus recursos y a negociar de igual a igual con las empresas madereras. Los mineros informales pueden ser organizados en cooperativas o en empresas y recibir apoyo económico y orientación para trabajar dentro de la ley. Todo eso, aunque exige acciones de largo aliento, costaría mucho menos que el costo de los perjuicios que la informalidad ocasiona al ambiente, a la salud pública y al futuro, sin mencionar que eso permitiría que los políticos ganen votos honestos, construyendo un país mejor, con menos pobres y más equidad. Atacar la informalidad también pasa por reforzar la educación, haciéndola más adecuada a las actividades económicas de la zona.

Ya es tiempo, pues, de abordar seriamente el tema de la informalidad, dejando de lado las acciones coyunturales que suelen resultar apenas en confrontaciones violentas entre manifestantes y policías y en acciones cosméticas rápidamente olvidadas. Es tiempo de poner en marcha un programa de largo plazo que cree verdaderas opciones de hacer esas mismas actividades mencionadas de forma legal, brindando oportunidades de progreso económico personal, con seguridad y sin perjudicar el futuro de la nación.

Y, hacer eso no debe implicar el descuido del comportamiento socioambiental de las grandes empresas, de las que se espera brinden el ejemplo. Cuando ellas se portan mal el castigo que imponga la justicia administrativa, civil o penal debe ser tan severo como manda la ley. Pero la justicia no puede ablandarse ni acobardarse ante las violaciones que cometen los actores informales. Si lo hiciera, contribuirá a mantener vigente una situación que perjudica a todos, pero especialmente a los más pobres del Perú.