Foto: Thomas Müller / SPDA
- El exviceministro del Ambiente y coordinador de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Perú, Mariano Castro, resaltó los beneficios del Acuerdo de Escazú y desmintió los argumentos que utilizan los opositores de este tratado ambiental y de derechos humanos.
Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe
En el 2018, el Perú suscribió el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el “Acuerdo de Escazú”, debido a la ciudad costarricense donde se firmó este tratado.
Este acuerdo tiene como fin garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso la información, participación ciudadana y a la justicia ambiental; además, busca fortalecer la protección de los defensores ambientales. Es el primer tratado regional ambiental de América Latina y El Caribe y el primero en el mundo que contiene disposiciones referida a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Si bien, hasta el momento, 24 países han suscrito el acuerdo, solo 13 lo han ratificado. En el caso de Perú, el Congreso de la República ha rechazado en dos ocasiones ratificar este tratado internacional pese a la recomendación de especialistas, organizaciones internacionales y nacionales, como la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.
En abril de 2021, el Acuerdo de Escazú entró en vigor y este año celebró su primera conferencia de las Partes (COP1). El gran ausente, por supuesto, fue Perú, pese a que nuestro país tuvo un rol importante en las negociaciones para la redacción de este tratado.
¿Qué oportunidades está perdiendo Perú al no ratificar este acuerdo? Para responder a esta interrogante, conversamos con Mariano Castro, coordinador de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Perú, e integrante de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN.
¿Por qué Perú debería ratificar el Acuerdo de Escazú?
Es importante destacar que este acuerdo es beneficioso porque contribuye a mejorar la institucionalidad, genera confianza y mejora los derechos de acceso. El Acuerdo de Escazú también genera una mayor estabilidad al país porque contribuye a prevenir y gestionar mejor los conflictos. Asimismo, promueve la inversión responsable porque permite que la población pueda acceder a información al participar en el proceso de toma de decisiones y en los mecanismos de resolución de conflictos.
Si las personas y las entidades están mejor informadas, y participan de manera más responsable en los procesos de gestión, tienen mejores capacidades para atender los enormes desafíos que se tienen en materia ambiental y climática.
Este año, el Acuerdo de Escazú realizó su primera COP. ¿Qué procesos se está perdiendo Perú al no ratificar este tratado?
Los países de América Latina y el Caribe tienen similares problemas y desafíos. Los avances que se han realizado en la región en las materias que abarca el Acuerdo Escazú son la base para una cooperación entre países. Esa cooperación se ha demostrado claramente en la primera Conferencia las Partes.
Ya se han iniciado los mecanismos de financiamiento y el Acuerdo de Escazú que van a permitir desarrollar de manera autónoma y soberana todos sus procesos a nivel regional.
En estos procesos iniciales, ¿cuál es el tema más importante que se está discutiendo ahora y Perú no es protagonista?
En tanto que no somos parte por no haber ratificado el acuerdo, no participamos en el proceso de decisiones. Ahora se está construyendo la estructura institucional del Acuerdo de Escazú, y en este proceso están participando además países europeos por su experiencia similar, también organismos multilaterales y de financiamiento como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Cooperación Andina de Fomento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras. Todas estas organizaciones están muy atentas, estuvieron en la COP1 y están dispuestas a cooperar en este proceso de mejoramiento de aplicación de los derechos de acceso. Es decir, lo que el Perú está perdiendo aquí es la condición de liderazgo que ha tenido en el proceso de implementación de este tratado desde el 2012, como parte del comité coordinador.
Hay que resaltar que, desde el 2012, el Ejecutivo ha sido consistente en este tema, y ha mostrado que este tema es parte de la política exterior. En ese sentido, es importante que se corrija la decisión adoptada por el Congreso de archivar el acuerdo porque constituye una decisión que no corresponde a la historia de este tratado, además porque la decisión del Legislativo carece de sustento.
Los congresistas y los opositores del acuerdo, argumentan que este tratado le quitará soberanía al país y pondrá traba a las inversiones. ¿Qué opina sobre ello?
El Acuerdo de Escazú tiene expresamente, en diversos artículos, un señalamiento respecto a el respeto de la soberanía de cada uno de los países, no solamente la soberanía en términos generales, sino además la soberanía respecto a la gestión, dirección y administración de los recursos naturales, que era una de las observaciones infundadas.
También se dijo que este acuerdo cede territorio nacional, que cede la Amazonía, lo cual es absolutamente falso. No hay una sola referencia a la Amazonía, ni una sola opción a que haya una cesión del territorio. El artículo 3 del acuerdo establece claramente el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y además también el principio de igualdad soberana de los Estados. Además, varios artículos del Acuerdo Escazú otorgan a los Estados la autonomía para implementar los estándares en materia de información, participación y justicia ambiental, y además agrega que se ejecutarán de acuerdo a la legislación nacional.
Esas afirmaciones expresadas por el excanciller Tudela, entre otros que siguieron con esas falsedades, contradicen no solo a todo lo que acabo de decir, sino a todas las cancillerías de todos los países de América Latina y el Caribe que han participado en el proceso de negociación y que han firmado el acuerdo. Creer en esas afirmaciones sería afirmar que las cancillerías de Perú, México, Chile o Colombia, de orientaciones políticas diferentes, han cedido territorio o soberanía. Esto no tiene ningún sustento. En ningún país ha habido observaciones de tal falsedad.
[Ver además►“Los defensores ambientales somos perseguidos y amenazados en nuestras propias casas”]
Mariano Castro. Foto: SPDA
¿El Acuerdo de Escazú pondría traba a las inversiones?
Eso también es falso. En primer lugar, los contenidos del Acuerdo de Escazú tienen que ver con los derechos humanos y la materia ambiental. Hay que recordar que los derechos de acceso son derechos humanos reconocidos en diversas declaraciones, pronunciamientos, acuerdos internacionales, y está en línea además con la promoción de inversión responsable. En consecuencia, asumir que garantizar esos derechos ahuyenta la inversión, es defender la inversión que no es responsable.
Hay que agregar además que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala claramente la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para garantizar y proteger los derechos de acceso a participación, a información, a justicia ambiental. Hay que tener en cuenta que, si bien tenemos reconocidos estos derechos, tenemos que mejorar su aplicación.
Los opositores también afirman que como país ya tenemos garantizados los derechos de acceso y que el Acuerdo de Escazú ya no es necesario…
Creo que es importante que se entienda el propósito del acuerdo, lo que busca es mejorar las condiciones de aplicación de esos derechos. Es decir, sabemos muy bien que fundamental y esencial que estos derechos estén reconocidos. El siguiente paso es que los Estados desarrollen políticas públicas para garantizar la aplicación de estos derechos. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú es un paso importante y un beneficio para los países porque establece orientaciones para mejorar las condiciones de aplicación. Además, provee mecanismos de cooperación entre los países, respecto a estas materias.
Existe también otro argumento sin sustento, y la verdad es vergonzoso. Algunos opositores dicen antes de ratificar el acuerdo hay que esperar cómo le va a los demás. ¿Cómo es posible que asuntos que tienen que ver con derechos humanos no sean tomados en serio? ¿Por qué no decidimos formar parte de estos asuntos y hasta liderarlos?
Finalmente, los opositores también señalan que el Acuerdo de Escazú permitirá que asociaciones civiles y ciudadanas decidan el futuro de un proyecto de inversión.
Esa afirmación también es equivocada. Si bien el acuerdo impulsa el derecho de participación, no significa que el Estado deja de tomar la decisión final o que una organización reemplaza al Estado. No es así.
En el artículo 7 del Acuerdo Escazú se precisa efectivamente que los las personas tienen el derecho a participar el proceso de toma de decisiones, pero participar en este proceso no es tomar decisiones y la participación de las comunidades no es vinculante, la decisión siempre es de la autoridad pública.
Foto: SPDA
El Acuerdo de Escazú también es importante porque hace referencia a los defensores ambientales, quienes en los últimos años son víctimas sufren diversas amenazas. ¿Cuál es el mayor desafío del Estado para protegerlos?
En el Perú las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales están ubicadas sobre todo en la Amazonía, y están amenazadas principalmente por actividades ilegales como la minería y el narcotráfico. El derecho de defender el ambiente está también garantizado por las Naciones Unidas, pero el Acuerdo de Escazú lo que hace es precisar la obligación de los Estados para que establezca los mejores mecanismos para la protección del ejercicio de este derecho.
En el caso de Perú hay varios defensores asesinados que han dejado familias sin sustento y a comunidades aterrorizadas. Estamos frente al crimen organizado. En consecuencia, se requiere una acción clara del Estado para que las personas vivan en un entorno seguro y propicio para el ejercicio de los derechos ambientales.
El Acuerdo de Escazú ya está preparando un Plan de Acción para proteger a los defensores ambientales. ¿Perú está participando de alguna manera en este plan?
Hace poco se realizó un foro sobre defensores para elaborar ese Plan de Acción de manera colaborativa entre varios países, y ese documento debe estar listo ya cuando se realice la tercera Conferencia de las Partes. Lamentablemente Perú no es Parte del acuerdo, pero puede contribuir en base a su experiencia en el tema normativo e institucional en esta materia.
¿Cree que el Congreso actual ratificará este tratado?
Yo creo que la ciudadanía debe seguir insistiendo en todos los espacios, y promover el diálogo para que aquellos que fueron sorprendidos por estos argumentos falsos -que afirman que el acuerdo tiene efectos nocivos para el país- se convenzan de que este tratado sí tiene beneficios, que sí contribuye a la institucionalidad, a la democracia, al estado de derecho y mejora la reputación del país. Espero que, desde la acción ciudadana, junto a partidos políticos y congresistas más conscientes y responsables con esos temas se pueda tomar pronto una decisión de ratificación del acuerdo. Ojalá que, pese a la inestabilidad política de hoy, se pueda poner en agenda este tema.
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