• Este tratado internacional fue adoptado en marzo de 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Sin embargo, dicho país aún no lo ha ratificado. ¿Por qué?

Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un trato ambiental y de derechos humanos que hasta el momento fue suscrito por 24 países y ratificado por 17.

El acuerdo nació en marzo de 2018, en la ciudad de Escazú (Costa Rica), tras más de cinco años de negociaciones. Y en setiembre del mismo año fue firmado por 14 países, entre ellos Costa Rica y también el Perú. Sin embargo, este trato internacional no puede entrar en vigencia si es que el Congreso de cada país no lo ratifica.

En el Perú, el Congreso ha tenido la oportunidad de ratificar este tratado en dos ocasiones, pero la Comisión de Relaciones Exteriores decidió archivarlo. Los argumentos, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), no tenían sustento y solo se trataban de mitos apoyados por una campaña de desinformación. La supuesta pérdida de soberanía y la paralización de las inversiones, fueron algunos de los principales argumentos de quienes se oponían al acuerdo.

En el caso de Costa Rica llama la atención que el tratado, que nació en su territorio y recibió el nombre de una de sus ciudades, aún no ha sido ratificado. ¿Cuáles son las razones? ¿Los opositores usan los mismos argumentos que en el Perú?

Para contestar a estas preguntas, conversamos con Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR).

¿Cuál es la razón principal de por qué el Acuerdo de Escazú no se haya ratificado en el país que le dio nombre a este tratado?

La principal razón se debe a una campaña de desinformación en contra el Acuerdo de Escazú orquestada desde diversas cámaras empresariales costarricenses a partir de los años 2020-2021. Recordemos que, en febrero de 2020, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú con 44 votos a favor y 0 en contra. Luego el texto pasó a ser examinado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual en una extraña sentencia de marzo del 2020 vino a señalar algo que ningún otro Poder Judicial de América Latina ha señalado: que el Acuerdo de Escazú supone para la justicia costarricense un gasto adicional en su presupuesto ordinario.

Paralelamente, las cámaras empresariales empezaron a diseminar verdaderos mitos y leyendas en contra del Acuerdo de Escazú. En febrero del 2023, se venció el plazo cuatrienal y se debió de archivar el expediente legislativo por parte de la actual legislatura. Recordemos que en mayo de 2022 terminó la anterior legislatura y se instaló la actual a raíz de las elecciones de febrero del 2022.

¿Qué argumentos utilizan los opositores a este tratado?

Son argumentos bastante fantasiosos: desde la supuesta inversión de la carga en materia ambiental que amenazaría la presunción de inocencia en materia penal, hasta el freno que significaría el Acuerdo de Escazú para proyectos de infraestructura pública en Costa Rica, pasando por la idea -totalmente falaz- según la cual las empresas corren el riesgo de revelar información comercial o industrial de carácter confidencial, si se aprobara este tratado, y otras «joyas» más que evidencian un grado de creatividad bastante inusual. Si se compara a los argumentos escuchados en Perú, Chile, Colombia, en realidad se observa que es una réplica casi idéntica de algunos de estos seudos «argumentos» oídos en Sudamérica. Una publicación realizada desde el 2021 por parte de la Universidad de Costa Rica (UC) se titula «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú», puede explicar por qué estas mismas cámaras empresariales se hayan mostrado renuentes a debatir públicamente sus supuestos «argumentos» con especialistas en derecho ambiental y en derechos humanos. En tres ocasiones, a último momento, los abogados de estas cámaras empresariales declinaron participar.

[Ver además►Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales]

¿Hay interés del Gobierno en ratificar este tratado? ¿Existe alguna campaña a favor para que lo ratifique el Congreso de Costa Rica?

No existe ningún interés de las actuales autoridades costarricenses de aprobar el Acuerdo de Escazú. Se trata de autoridades muy identificadas con el sector empresarial, a tal punto que están desmantelando los pocos espacios de participación ciudadana en materia ambiental existentes en la legislación nacional. El escándalo  ambiental reciente (2024) de la tala de árboles en Gandoca Manzanillo, uno de los 12 humedales de Costa Rica inscritos en la lista Ramsar, la ocurrente idea de reducir los límites de este humedal (agosto del 2024), aunado a un intento por parte del Poder Ejecutivo de revivir la minería química a cielo abierto en Costa Rica (octubre del 2024), la cual fue objeto de una prohibición total en el 2010 a raíz del escándalo del proyecto minero Crucitas de la empresa canadiense Infinito Gold, nos puede dar una idea de cuán cercanas están las actuales autoridades costarricenses  al sector empresarial.

Las organizaciones ecologistas costarricenses han exigido desde su firma en septiembre del 2018 por parte de Costa Rica, la aprobación del Acuerdo de Escazú y ello hasta el 2022. Creo que con el actual Poder Ejecutivo y la composición de la actual Asamblea Legislativa (instalados formalmente desde mayo del 2022), consideran que resulta innecesario destinar recursos y energía.

En países como Perú y Colombia, se usaron argumentos como la posible “pérdida de soberanía” de un país si ratifica este tratado. ¿Pasó lo mismo en Costa Rica?

Es un argumento muy usado en Costa Rica también. Por ejemplo, se sostuvo en algún momento que, de aprobarse el Acuerdo de Escazú, Costa Rica se vería obligada en futuras negociaciones a asociar siempre a la sociedad civil, lo cual es de lo más fantasioso que he oído en contra del Acuerdo de Escazú. Sería de interés que quiénes sostienen semejante «argumento» sobre una supuesta pérdida de soberanía averigüen si los militares argentinos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, mexicanos o colombianos han perdido alguna atribución en la defensa de la soberanía desde que sus Estados aprobaron el Acuerdo de Escazú. El mismo ejercicio se recomienda a quiénes sostienen que, de aprobarse este tratado, la economía nacional se vería afectada. Si no se ha afectado la economía en los ya 17 Estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú, deberían tener la honestidad de replantearse este supuesto «argumento».

¿Cuál sería el motivo de fondo de los opositores de este acuerdo? ¿Serían económicos? ¿El sector empresarial ve con malos ojos la participación ciudadana?

Hay un sector económico en Costa Rica que siente como una verdadera amenaza toda regulación nueva en materia ambiental. Este sector considera como una amenaza adicional la participación ciudadana en materia ambiental. Este sector tiene sus relevos en el mundo político costarricense y también en el mundo judicial: en el 2012, un magistrado constitucional (Fernando Cruz) fue objeto de un burdo intento para no ser reelecto por no «favorecer el clima de negocios» en Costa Rica. El intento fracasó, pero quedaron en evidencia los partidos políticos que se prestaron para semejante ocurrencia. En el 2017, en una sentencia que es una verdadera vergüenza, la Sala Constitucional declaró que la participación ciudadana ya no califica como un derecho fundamental. La innecesaria complicación en el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Sala Constitucional confirma esta lectura totalmente errada que hace el juez constitucional.

Datos:

• Para conocer un poco más sobre cómo el sector empresarial se opuso a este tratado ambiental en Costa Rica, y cómo sus representantes nunca aceptaron el debate con especialistas de derecho y activistas, ver el video aquí.
• Mira además el video de la campaña a favor de los defensores ambientales que serían beneficiados con el Acuerdo de Escazú.