Escribe Katherine Sánchez / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

 

Durante este 2020, cinco personas fueron asesinadas por defender un derecho humano fundamental: el derecho al medio ambiente sano. Pese a ello, la actual Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, en octubre pasado, archivó el Acuerdo de Escazú, y relativizó lo ocurrido con las personas que perdieron la vida, afirmando que no es riesgoso ejercer la defensa del derecho a un ambiente sano.

A menos de un mes después, una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificó que, en el contexto de las recientes protestas, se produjeron graves afectaciones a estos derechos. Sin duda, este año nos deja reflexiones importantes sobre cómo se protege y garantiza el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país.

Chota y Pacheco, dos contextos legislativos distintos, mismo desenlace

En setiembre de 2014, Edwin Chota fue asesinado como consecuencia de su activa defensa de los bosques. La víctima, desde el año 2008, puso al descubierto a grandes mafias vinculadas con el tráfico ilegal de madera que operaban cerca a su comunidad y, ante las recurrentes amenazas, solicitó garantías para su vida. Han pasado ya seis años y este crimen continúa impune.

Pese a los avances normativos para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, seis años después esta historia se repitió en Madre de Dios, una de las regiones más convulsionadas por actividades ilegales de nuestro país. En setiembre, Roberto Pacheco fue asesinado. Su padre, Demetrio Pacheco, accionó las mismas vías legales que el defensor Chota, llegó a organismos internacionales con sus expedientes en mano para que estos llamen la atención de las autoridades peruanas, participó en espacios nacionales con diversos funcionarios y, aún así, tuvo el mismo desenlace, el asesinato de su hijo.

Las fichas parecen ser las mismas en ambos casos, lo cual nos lleva a pensar que si bien tenemos un Ministerio de Justicia y una Defensoría del Pueblo que reman en un mismo sentido, no está ocurriendo lo mismo con otros sectores y niveles del Estado, y por ello aún no podemos evitar que un desenlace parecido al de Chota y Pacheco vuelva a ocurrir.

Este es uno de los grandes pendientes que tenemos como país: promover, prevenir riesgos y proteger de estos a quienes defiendan activamente los derechos humanos, entre ellos, el medio ambiente sano, en bloque, como un todo articulado que tenga como consigna garantizar la participación de todos en nuestro sistema democrático.

Los casos de Chota y Pacheco nos hacen pensar en que es valioso reconocer a los defensores de derechos humanos como un grupo de especial protección y en la necesidad de contar con mecanismos de protección; sin embargo, esta visión aún no es asimilada por todos los órganos y entidades que deberían sumar esfuerzos en un mismo sentido.

[Ver además ► [Opinión] Ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger a nuestros defensores ambientales]

¿Qué debe cambiar?

Los asesinatos contra nuestros defensores ambientales continuará si perpetuamos la impunidad. En ese sentido, la incorporación del Ministerio Público y el Poder Judicial en una estrategia integral es un mensaje claro contra aquellos que piensan que la comisión de estos ilícitos no será juzgada de forma oportuna y eficaz. No podemos seguir violentando a las familias de los defensores que fueron asesinados por proteger un bien de todos, ni mucho menos acostumbrarnos a que este sea el común denominador en nuestro sistema de justicia.

Desacreditar a los defensores con calificativos peyorativos es otro problema que debemos superar. La estigmatización es real y busca desacreditar luchas justas utilizando términos que tocan fibras sensibles de nuestra nación. Debemos informarnos e interiorizar que no existe incompatibilidad entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, ir más allá de lo que leemos en redes sociales y compartir información real con nuestros pares. Este es nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos para garantizar la democracia de nuestro país.

La reparación a los deudos es otro tema pendiente. No lograremos reconciliarnos con aquellos que han sido impactados con la pérdida de sus seres queridos si no se reconocen los errores e identifican oportunidades de mejora. El Estado debe determinar con claridad y hacer públicos los mecanismos de reparación existentes cuando se han afectado derechos humanos. No olvidemos que los casos planteados exigen también una profunda reflexión sobre la oportunidad de acción de nuestras autoridades de todos los niveles y órganos. Su actuación oportuna puede salvar una vida.

Finalmente, no lograremos prevenir estos escenarios si no contamos con información en tiempo real y precisa que le permita al aparato estatal evitar riesgos o adelantarse a la materialización de una amenaza. Este año, el Ministerio de Justicia aprobó un registro de riesgos y amenazas contra personas que defiendan derechos humanos; sin embargo, su implementación adecuada requiere la remisión de información de otros sectores y niveles, tales como los gobiernos regionales o locales, actores que al encontrarse en campo podrían volver realmente temprana una alerta.

En conclusión, tenemos varias tareas pendientes hacia el Bicentenario para dejar de contar pérdidas. Estas tareas trascienden a nuestros gobernantes y legisladores, y requieren de ciudadanos y ciudadanas activas y vigilantes para defender a aquellos que protegen el medio ambiente en la primera línea: los defensores y defensoras ambientales.

[Ver además ► Crean registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos]