El día de hoy, el diario La República publicó un editorial señalando que las propuestas legislativas enfocadas en el sector ambiente, enmarcadas en el llamado «paquete de reactivación económica» debilitarían al Ministerio del Ambiente.

Para dicho diario, el contenido de las propuestas remitidas al Congreso «supone un desmantelamiento de la débil y aun inicial institucionalidad ambiental de la que se está dotando el país con el propósito de fortalecer un modelo de desarrollo sostenible y sustentable y garantizar una gobernanza ambiental».

Lea a continuación el editorial de La República:

 Golpe al MINAM

No se debe reactivar desmantelando la institucionalidad ambiental del país.

El Congreso de la República debe someter a una minuciosa revisión los proyectos de ley N0 03626 y N0 03627 remitidos por el Ejecutivo y cuyo propósito inicial es reactivar la economía, conforme fue anunciado por los voceros del gobierno. Al hacerse públicas las iniciativas de ley se advierte un claro propósito de reducir las competencias del Ministerio del Ambiente (MINAM) y disminuir la potestad controladora, reguladora y sancionadora del Estado en materia ambiental.

El contenido de las disposiciones remitidas al Parlamento supone un desmantelamiento de la débil y aun inicial institucionalidad ambiental de la que se está dotando el país con el propósito de fortalecer un modelo de desarrollo sostenible y sustentable y garantizar una gobernanza ambiental, objetivos inscritos en un vasto consenso nacional de aprovechar para los peruanos de ahora y mañana las enormes ventajas comparativas que significa nuestra biodiversidad.

De aprobarse estas leyes sin modificaciones se concretará un severo golpe al MINAM, un corte de brazos, reduciendo sus facultades para establecer Áreas Naturales Protegidas, para establecer los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y para sancionar a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a quienes vulneren las disposiciones ambientales.

La ofensiva contra la legislación ambiental es peligrosamente más audaz; reduce a 30 días el plazo para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), un período en el que, de acuerdo con la experiencia, no es posible una valoración técnica competente de un proyecto que implicará daño ambiental. Del mismo modo, se pretende revertir los afanes en el manejo territorial de las políticas públicas al promover que no se asignen usos o exclusiones de uso en virtud de la Zonificación Económica Ecológica o el Ordenamiento Territorial.

Las medidas planteadas rompen el consenso ambiental alcanzado desde la recuperación de la democracia y que ha venido perfeccionándose con la creación de una institucionalidad que requiere ser fortalecida. La creación del MINAM, la OEFA, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), han enriquecido nuestras políticas públicas y dibujado un Estado más calificado para resolver las controversias y conflictos sociales, y más amigo del diálogo como un elemento de la inversión, especialmente la de carácter extractivo.

Es cierto que el Estado necesita dinamizar las inversiones. No obstante, como lo ha señalado el titular del MINAM, la llamada “permisología” no se encuentra en su sector debido a que el MINAM no aprueba los estudios de impacto ambiental sino reside en la desarticulación del espacio público y la demora de procedimientos por exceso de trámites. Por esa razón, siendo justa y políticamente correcto el interés de reactivar la economía y encarar la desaceleración del crecimiento, estos propósitos no se alcanzarán a costa del sacrificio de otros valores e imperativos, los de equidad y justicia. Es preciso recordar que el mundo está renunciando a un desarrollo dañino del ambiente, ahora ya considerado un no desarrollo.