Editorial publicado en la edición de hoy del diario El Comercio

Conciencia ambiental: sanción más prevención

Finalmente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha sancionado a la Compañía Minera Caudalosa por el daño irreparable que causaron sus relaves en perjuicio del río huancavelicano Escalera y sus afluentes, a fines del mes pasado.

La medida es correcta, aunque no se puede decir lo mismo de la reacción de la empresa sancionada que, de acuerdo con lo informado, no solo está pidiendo explicaciones sobre el monto de la multa aplicada (36 millones de soles), sino que además cuestiona la autoridad de la ANA para fiscalizarla.

Sin duda, falta conciencia ambiental en todos los niveles. Desde la autoridad responsable que debe anticiparse a los atropellos que se perpetran contra el ecosistema, hasta las empresas que cumplen labores extractivas, llamadas a reconocer que más allá de las multas nada devolverá la situación al estado original.

Los ríos Escalera y sus afluentes —Huachocolpa, Opamayo y Lircay— fueron contaminados gravemente. Las concentraciones de metales en sus aguas, producto de los relaves que recibieron, sobrepasaron los límites permitidos, al punto que han quedado inutilizadas para el consumo humano y para la actividad agrícola. Es decir, un daño ecológico mayúsculo, invalorable porque no tiene precio, y que pudo evitarse. Más bien, lo que corresponde ahora es que la minera proceda de inmediato a presentar un plan de mitigación y restauración de la calidad del agua, que le ha exigido la ANA para, por lo menos, reducir la magnitud de perjuicios que en otros países —probablemente, con mayor conciencia ecológica— habrían ameritado incluso sanciones mucho más drásticas a las aplicadas por las autoridades peruanas.

Por su parte, dichas instancias públicas tienen que tomar nota de lo sucedido en Huancavelica y, como hemos señalado en este espacio, no conformarse con acudir solo cuando la crisis ya se produjo. Lo que se necesita es que actúen de manera preventiva para evitar mayores impactos ambientales.

Esto implica, a su vez, varias tareas que la ANA y, sobre todo, Osinergmin tendrían que cumplir, empezando por exigir sólidos estudios de impacto ambiental antes de autorizarse la realización de obras o proyectos de desarrollo. Esto compromete también a los gobiernos municipales y regionales que parecen actuar de convidados de piedra en estos casos. Se necesita revertir los procesos negativos en el ambiente, para lo cual se requiere hacer cumplir, supervisar y fomentar los programas de adecuación y manejo ambiental y los ISO 14000.

Nadie se opone a la inversión, y menos a la minera que tantos beneficios ha generado al país en los últimos años. Lo que se demanda es que los negocios se ajusten a las exigencias medioambientales mínimas, con base en un verdadero sistema nacional de gestión ambiental, que no está funcionando, para relanzar la responsabilidad social y empresarial en el tema.

Una empresa es socialmente responsable cuando vela por el bienestar de sus trabajadores y sus familias, así como cuando mantiene una coherente política hacia sus proveedores. Pero, además, cuando trabaja activamente en provecho del bienestar y del ecosistema de las jurisdicciones donde desarrolla sus actividades industriales, extractivas o comerciales.