El sexto número de la revista Regiones Sostenibles, elaborada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), está dedicado a informar y analizar las propuestas ambientales desarrolladas por los principales candidatos a la Presidencia de la República.
>> Descargar Regiones Sostenibles aquí (en pdf)
Así, en esta edición destaca una encuesta realizada a diversos actores y expertos en temas amazónicos sobre los que deberían ser los principales temas de desarrollo -concernientes a esta región del país- a ser tomados en cuenta por los candidatos. También hay un análisis de las propuestas ambientales presentadas por los principales candidatos a la Presidencia; así como un resumen de algunas de las propuestas ambientales presentadas por los voceros de las agrupaciones políticas en el Pacto Ambiental 2011-2016.
Además figuran los artículos “Tiempo de balance: la Amazonía peruana en la década del 2010”, escrito por Juan Luis Dammert; “Minería ilegal; la importancia de contar con otros usuarios de bosques”, de Ramón Rivero; “Integración energética e hidroeléctrica: La necesidad de un debate nacional”, por Carmen Heck; “Chaparrí, diez años después”, de Jonathan Hunter y una entrevista al presidente regional de Madre de Dios, Luis Aguirre, a cargo de Jimmy Carrillo.
>> Descargar Regiones Sostenibles aquí (en pdf)
3 comentarios · Dejar un comentario
Para que la energía y las represas dejen de ser sinónimo de graves impactos socioambientales
LA CAJA NEGRA DE LA ENERGÍA
El reciente debate sobre la construcción de represas hidroeléctricas en la Amazonía comenzó a levantar la cortina de silencio que ha mantenido a la opinión pública ignorante sobre las causas y consecuencias de la política del sector eléctrico. Comienzan a flotar dudas acerca de la opción de inaugurada por la represa Tucuruí dentro del régimen militar, por el nada transparente ministro de Minas y Energía Shigeaki Ueki, quien comenzó a hacer de la Amazonia una fuente de energía para las industrias electro-intensivas (bauxita/aluminio, especialmente).
Será en realidad la energía hidroeléctrica, como dicen los heraldos del modelo eléctrico brasileño, una energía limpia y barata?
Necesitamos mucha más información y debate, como acaban de señalar Miriam Leitão (O Globo) y Washington Novaes (“Estado de S. Paulo”). Incluso porque, como advirtió el fiscal del Estado de Pará, Felicio Pontes Jr., “El sector de la energía en el país es una de las mayores cajas negras de gobierno” (O Globo, 8/1/2011).
.
Artículo de Carlos Vainer – 14.03.2011 – Jornal O Globo http://www.mabnacional.org.br/noticias/140311_energia.html
La inundación de 5,300 km2 de bosques en los próximos diez años, la transformación de nuestros ríos en escaleras de lagos artificiales, la extinción de especies de río con alto valor nutricional y enorme potencial económico, todo esto implica altos costos, a menudo costos incalculables. Los desastres ambientales, sin embargo, son probablemente pequeños en comparación con los desastres sociales que impactan a las personas afectadas. Se estima que alrededor de un millón de personas fueron desplazadas por las represas en el Brasil. En los últimos 50 años, sufrieron la destrucción de sus aldeas, pueblos, cementerios e iglesias. Los cultivos y el ganado fueron inviables. Las reparaciones se casi siempre fueron insuficientes para reiniciar sus vidas – muchas veces no recibieron nada. Y un capítulo aparte merece la dramática situación que han sufrido los grupos indígenas, cuyo territorio, medios y formas de vida se sacrifican en el altar de “desarrollo” que no les reservado nada a ellos.
Nueva información está disponible al público gracias al Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, vinculada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, que ve de aprobar el informe de la Comisión Especial que examina las denuncias de violaciones de derechos humanos en la planificación, implementación y operación de las represas.
Los resultados de los informe son graves: “Los estudios de caso mostraron que el patrón actual de construcción de represas ha propiciado graves violaciones recurrentes de los derechos humanos, cuyas consecuencias en última instancia, acentúan las desigualdades sociales ya graves de por sí, lo que desemboca en situaciones de miseria y desintegración social, familiar e individual. ”
Es larga y variada lista de los derechos violados por los contratistas, las empresas energéticas públicas y privadas y las agencias gubernamentales: el derecho a la información y la participación, la libertad de reunión, asociación y expresión, derecho al trabajo, derecho a una vivienda adecuada, derecho a la educación; derecho a un medio ambiente sano y a la salud, derecho a una compensación completa por pérdidas, derecho a sus modos de vida tradicionales, así como al acceso y la preservación de los bienes culturales, tanto tangibles como intangibles. Las poblaciones indígenas, ancianos, mujeres cabeza de familia y los niños son los que pagan el precio más alto.
El CDDPH (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana) va más allá del diagnóstico y alinea casi un centenar de recomendaciones para reparar la enorme deuda social contraída con las personas afectadas y evitar violaciones en el futuro. Una de estas recomendaciones ha sido adoptado, con la creación del registro para identificar las calificaciones socioeconómicas en un catastro, y un registro público de la población afectada por las obras de generación de energía hidroeléctrica (Decreto-Ley N º 7.342, 26/10/2010). Todavía es poco, pero el informe y el decreto son pasos en la dirección correcta.
Ahora hay que exigir del sector eléctrico, a la Aneel, al MME y el MMA, que las nuevas represas, el nuevo Plan Decenal de Energía y el Plan Energético Nacional, incorporen las recomendaciones de CDDPH. Y que la energía y las represas dejen de ser sinónimo de violaciones de derechos humanos.
Carlos Vainer es profesor en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional, Universidad Federal de Río de Janeiro.
——————————————-
malcolm.allison@gmail.com
Qué hacer cuando los derechos han sido ya vulnerados para no perdernos en recomendaciones. Sé que se comenten muchos atropellos en materia ambiental y poblaciones indígenas. Pero me pregunto si hay algún caso que podamos celebrar y decir se hizo justicia, o en todo caso si existe algún modelo de explotación de los recursos que maneje un equilibrio entre el ser humano, el medio ambiente y la economía.
Si no existen los casos, hay que conseguirlos.