Escribe Manuel Pulgar-Vidal / Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

La reciente intervención de una dotación militar-policial para la destrucción de un conjunto de dragas que operaban ilegalmente en los ríos de Madre de Dios, pone en el tapete aquello que constituye un lugar común de los que rechazan este tipo de medidas. “El problema es social y no se puede resolver con intervenciones de esta naturaleza”. Más específicamente en Madre de Dios, su Presidente Regional pide tres meses para darle una solución integral al problema, aunque no identifica elemento alguno de su plan de acción.

Pero volvamos al argumento principal. ¿Es la participación de millares de pobladores andinos pobres en la actividad minera en la región amazónica en Madre de Dios resultado de un problema social, de pobreza, falta de oportunidades y desempleo?, definitivamente sí. Pero, ¿es a su vez la contaminación, la deforestación, la degradación de un ecosistema, la irreversibilidad para su rehabilitación, la prostitución, la violencia armada, la inseguridad, la invasión de territorios ajenos, el trabajo infantil, el enganche, la inexistencia de derechos laborales, entre muchas otras consecuencias de esta actividad minera, un problema social? De hecho también y podríamos pensar que incluso bastante más grave que el problema social que le da origen.

Ese es parte del dilema. Un problema social que deriva, por el desarrollo de actividades al margen de la ley, en un problema social de mayor magnitud y con variables diversas que lo hacen aún más complejo. Es el mismo dilema que en el caso de las drogas o las combis.

¿Es el cultivo de la hoja de coca en zonas pobres de ceja de selva resultado de un problema social? De hecho sí, tan problema social como el que ha llevado a miles de personas a convertirse en conductores de vehículos pequeños para el transporte público en las principales ciudades del país. Pero la consecuencia de estas actividades constituye de hecho un problema mayor. Jóvenes adictos, narcotráfico, presencia de carteles violentos y en el segundo caso inseguridad, accidentes y muertes.

De hecho un narcotraficante capitalizado por su ilegal actividad y que maneja instalaciones de procesamiento, promoverá y protegerá al pequeño cultivador que no parece encontrar alternativa económica para su subsistencia. Estos a su vez saldrán en su defensa frente a cualquier intervención militar-policial.

No es significativamente distinto en el caso de las dragas. Una persona capaz de invertir más de un cuarto de millón de dólares en un artefacto para dragar el cauce, alterar el curso del río y contaminarlo por el procesamiento con uso de mercurio, incluso sabiendo que estos artefactos están prohibidos, no puede ser considerado minero pequeño o artesanal. Es un procesador ilegal que promueve la actividad y moviliza a los pequeños, a quien habilita y engancha, bajo condiciones que en el mundo moderno son consideradas de semi-esclavitud. A esta persona le interesa poco las condiciones laborales, de salud, de seguridad o la contaminación que su ilícita actividad genera.

Los problemas sociales deben ser enfrentados y la búsqueda de soluciones debe constituir tarea inmediata, para combatir el desempleo, generar oportunidades y promover la inclusión y la equidad, siempre bajo el imperio de la ley, la presencia del Estado, la participación civil y bajo valores de convivencia y solidaridad. Sólo ello nos conducirá al desarrollo. En cambio, las consecuencias nefastas que las actividades ilícitas genera, deben ser eliminadas de plano y constituir una política permanente y una práctica que los ciudadanos debemos valorar y respaldar. Intervenciones para la destrucción de dragas como la ocurrida recientemente tienen ese objetivo y deben ser complementadas con políticas permanentes que enfrenten la raíz del problema. Sólo así dejaremos hábitats, ecosistemas y recursos disponibles para nuestros hijos y las futuras generaciones.

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Foto: Thomas Müller / SPDA