Escribe José De Echave C. / Cooperacción
La semana pasada el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú, anunció su intención de iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.
¿Qué argumenta Renco/Doe Run? Haber recibido un trato injusto e inequitativo de parte del Estado peruano que además no les ha brindado seguridad total y protección de a sus inversiones. Nada menos.
Luego del anuncio se han producido algunas reacciones. Llama la atención, sobre todo, la del ex ministro Alfredo Ferrero y principal negociador del TLC con los Estados Unidos. El ex ministro ha hecho mención a los capítulos ambiental y de los derechos laborales y ha señalado que “el TLC no amparará a Doe Run” y que en los TLC sólo “se protege la inversión bien hecha”, “más aún cuando es un tema ambiental”.
En realidad el capítulo del TLC que debería revisar el señor Ferrero es el capítulo X, que se refiere a las inversiones y es el que pretende utilizar Doe Run. Además, no es cierto que los procesos de arbitraje internacional sean muy sensibles a los temas ambientales. El primer laudo arbitral al amparo de un TLC (el TLC de América del Norte) tuvo a la base un tema ambiental: una empresa de los Estados Unidos, Metalclad, quería construir un depósito de desechos tóxicos en la localidad de Guadalcazar, en el Estado de San Luis de Potosí y el municipio le denegó el permiso. La empresa demandó y abrió un proceso. Según el laudo arbitral, favorable para la empresa, el Estado mexicano tomó medidas “equivalentes a una expropiación”.
Podríamos citar varios ejemplos que muestran que el espíritu de estos procesos arbitrales es sobre todo proteger los derechos de los inversionistas y no aspectos ambientales, como pretende hacer creer Ferrero. Al amparo del los TLC, los estados receptores de inversiones se han visto obligados a pagar millonarias indemnizaciones a empresas.
Como lo señala un comunicado de la Red Globalización con Equidad y CooperAccion, se debe evitar cometer nuevos errores de apreciación que terminen favoreciendo a Doe Run. De ahora en adelante, todo dependerá de lo que se haga o se deje de hacer y en esta ocasión debemos esperar que los derechos de todos los peruanos sean bien defendidos y así evitar que Doe Run se salga con la suya.
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Foto: Diego Pérez / SPDA
3 comentarios · Dejar un comentario
Hay que leer cuidadosamente el contrato que est
Existe consenso nacional que el TLC entre el Perú y USA protege adecuadamente los intereses del país (Perú).
Existe un contrato entre Doe Run y el Perú donde las reglas de juego se determinaron. Hablando fríamente, bajo el arbitraje del TLC no se discute si social, ambiental o económicamente es o no es conveniente para una de las partes, sino se examinan los compromisos asumidos por cada una de las partes y se verifica que no haya existido un trato discriminatorio entre ellas.
Doe Run indica que ha cumplido y excedido sus compromisos establecidos en ese contrato cosa que, según ellos, no ha sucedido con las obligaciones del Estado.
Los medios han hecho leña la imagen de Doe Run a la que la han tildado de incumplidora por no completar en una fecha su plan ambiental prometido. Sin embargo de acuerdo al contrato, se estipula que una situación como la de crisis económica externa es una condición de Fuerza Mayor que puede ser invocada por cualquier parte para pedir prórrogas de sus obligaciones. Así lo hizo Doe Run.
No solicitó una prórroga sin no haber hecho nada, sino por el contrario luego de haber realizado un esfuerzo importante en su programa ambiental cuya finalización lo impidió la crisis financiera del 2008/2009.
La empresa Doe Run en comunicados ha señalado que su esfuerzo de mejora ambiental está reflejado en sus logros ambientales: no se contamina el agua ni los suelos y ha reducido significativamente los niveles de azufre en el aire. También señala que su esfuerzo puede verificarse en el nivel de inversión realizada, donde según el contrato, debió invertir 107 millones de dólares y ellos han invertido más de 310 millones y aún no terminan. También ha declarado que está dispuesta a seguir asignando todos sus excedentes a terminar su programa ambiental para lo cual requiere algo de tiempo.
Creo que todo no dependerá de los que se haga ahora y en el futuro sino por el contrario de lo que se hizo o no hizo en el pasado.
Un arbitraje determinará quien incumplió. Y está en juego miles de millones de dólares. El gobierno peruano debe contar con una posición muy sólida si piensa que el arbitraje lo favorecerá. Si no fuera así, todos nosotros pagaremos los platos rotos. Esa cantidad podría desestabilizar la economía peruana y generar un caos inflacionario nuevamente.
Si no se tiene una posición sólida, es mejor negociar inteligentemente.
No es un tema de quien se sale con la suya, sino que conviene mejor a todas las partes manteniendo razonabilidad y equilibrio en los valores sociales, económicos y ambientales de los potencialmente afectados.
No es mi deseo defender a nadie, pero el gobierno peruano solo ha cometido un abuso por una PATALETA, antes los dirigentes de CENTROMIN solo se dedicaban a que?? a propósitos ambientales?!!!, me pregunto. Desde que tengo uso de razón es sabido que las empresas peruanas siempre hicieron mal uso de sus recursos, no quieran culpar a nadie de sus dirigencias anteriores, querer salirse de la responsabilidad culpando a otros es lo que no me parece justo. Si el pacto era de Máximo 107 mllnes. y han gastado más de ellos para cuidar lo que otros antes de ellos hicieron, pues que cumplan y que la gente siga trabajando, que ridículos inmaduros políticos y berrinchosos son!! ya portense como hombres!!