Escribe Juan Luis Dammert Bello / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Una vez más, Doe Run, el concesionario del Complejo Metalúrgico de La Oroya, vuelve a ser noticia. La historia, sin embargo, es la misma de siempre: la empresa no asume sus deudas y compromisos ambientales, el Estado se muestra incapaz de hacerle cumplir sus obligaciones, y la población de La Oroya se moviliza exigiendo una solución para que el Complejo Metalúrgico, eje de la economía local, reinicie operaciones antes del 24 de julio, que es el plazo límite impuesto por el gobierno.

La situación es tan crítica esta vez, que incluso Alan García ha admitido que “esta empresa ha tenido muchas gollerías, muchas excepciones a lo largo de muchos años, no solo en este gobierno”, y ha señalado que “esto no debe permitirse, se le dio un plazo legal, si no cumple con instalar y completar el tratamiento ambiental, entonces la mina y refinería deben ser cerradas de acuerdo a lo que está establecido en los contratos.” (RPP, 14 de junio de 2010). Las declaraciones de García son de sentido común: ha llegado el momento de ponerle fin a una empresa que “ha incumplido sistemáticamente sus compromisos” (Pedro Sánchez dixit), se resiste a pagar sus impuestos, a pagarle a sus acreedores y a cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual ha sido ya varias veces prorrogado.

Así, estaríamos ante una situación sin precedentes, en la cual, a contracorriente de lo ocurrido en distintos casos de incumplimiento o daños ambientales por parte de grandes empresas, la situación es tan insostenible que al gobierno no le queda otra alternativa que ponerse firme y exigir que una empresa de la “gran minería” cumpla, como cualquier ciudadano de a pie, con la ley y sus obligaciones ante el Estado y la sociedad.

Sin embargo, en los últimos días diversos analistas han advertido que, si el Estado interviene, cierra y nacionaliza Doe Run, sería un mal negocio ya que tendría que pagar alrededor de 1,180 millones de dólares. De acuerdo con María Chappuis, ex directora general de Minería, “Doe Run adeuda US$150 millones a su propietario, US$120 millones a sus proveedores, US$270 millones a la Sunat, US$40 millones por limpieza ambiental, US$100 millones por su planta de ácido sulfúrico y más de US$500 millones por indemnizaciones en EE.UU. por daños a la salud de la población y de los trabajadores de La Oroya”. (El Comercio, 16 de junio de 2010).

De esta manera, la estrategia de la gerencia de Doe Run de poner cada vez más condiciones para dilatar la reanudación de sus operaciones en La Oroya, escondería una intención: obligar al Estado Peruano a intervenir la empresa o a comprarla, para que los enormes pasivos sean asumidos por el Estado.

Habríamos llegado así a una situación en la que, aparentemente, no hay cómo castigar a una empresa con pésimos manejos financieros, ambientales y sociales. Se alude hasta el cansancio a que no se pueden incrementar los cobros a las mineras que gozan de convenios de estabilidad tributaria, pero cuando estas empresas no cumplen estos convenios, ¿no se puede hacer nada? Se destaca la limpieza de la “minería moderna”, pero cuando una empresa contamina en niveles inaceptables y no es capaz de cumplir los estándares ambientales, ¿la única solución es prorrogar los PAMA? Se señala que se debe actuar de acuerdo a la ley, pero ¿cuál es la lógica de tener un fideicomiso y cartas fianza si, llegado el momento, estas no se pueden ejecutar?

El caso Doe Run transmite crudamente la sensación de que las empresas pueden hacer “lo que les da la gana”, que el Estado es incapaz de obligarlas a cumplir con la ley, y que no es posible implementar los procedimientos que corresponden cuando una empresa incumple con sus obligaciones. Es inadmisible que, amén del discurso del “respeto a la inversión privada” y del gran costo social que ocasionaría una ruptura definitiva con esta empresa, el Estado se ate de manos, otorgue prórrogas, excepciones, privilegios, etc. a Doe Run, y que seamos los peruanos –y, sobre todo, los oroyinos– quienes asumamos los enormes pasivos generados.

El discurso oficial sugiere que la minería abusiva y contaminante ha quedado en el pasado; Doe Run demuestra, lamentablemente, que ese pasado no ha sido superado. Lo más preocupante es que en este caso el Estado se muestra incapaz de sancionar con firmeza las malas prácticas de la minería, aquellas que le otorgan mala fama a toda la actividad. Esta situación es inaceptable, y lo más preocupante es que genera precedentes tan malos que podrían poner en riesgo la sostenibilidad del sector. ¿Qué garantiza que de ahora en adelante otras empresas no incumplan abiertamente sus obligaciones si el Estado no tiene como exigirles que acaten la ley?

Si queremos pensar en una minería limpia y responsable, debemos deslindar claramente con empresas como esta y ser capaces de decir, de una vez por todas, que todo tiene un límite, que todo tiene su final, y que en el Perú existe capacidad de hacer cumplir la ley, incluso cuando se trata de sancionar a grandes empresas mineras.

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Foto: Ministerio de Energía y Minas