Video cortesía El Comercio

Un punto ha quedado aún en debate, tras la reunión sostenida ayer entre representantes del Ministerio de Energía y Minas y Doe Run: la pretensión de la empresa de realizar una modificación legislativa a su favor que le permita no cumplir con plazos y los compromisos pactados.

Según declaró el director general de Minería del MEM, Víctor Vargas, “lo que ellos (los directivos de Doe Run) quieren es que se cambie la Ley 29410, que prorroga el plazo para el financiamiento y culminación del proyecto de la planta de ácido sulfúrico, por una norma a su medida. Como Estado, tenemos que poner firmeza en las decisiones”.

Lo cierto es que DRP llegó a las negociaciones con el MEM, en realidad, con una carta de respuesta a la última versión corregida del contrato de garantías que se le envió el pasado 19 de mayo. En el documento presentado, la empresa planteó cuatro observaciones.

El pedido más saltante de DRP es una modificación legislativa para definir el Contrato de Constitución de Garantías a favor del Estado. En resumen, propusieron la modificación del artículo tercero de la ley Nº 29410, que establece que Doe Run presentará las garantías para respaldar el íntegro del cumplimiento de los plazos, compromisos e inversiones del proyecto.

Para la empresa, de no resolverse este punto, el proceso de negociación con el Poder Ejecutivo podría dilatarse.

El Ministerio de Energía y Minas no aceptó esta observación realizada por la compañía minera, pues ello conllevaría cambios en la Ley Nº 29410 -que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación del proyecto de la Planta de Acido Sulfúrico y la modificación del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya-.

Para Víctor Vargas, del MEM, “la empresa no quiere que se pongan plazos, compromisos e inversiones, quiere que la ley sólo diga que las garantías respaldan el cumplimiento del término del proyecto de planta de ácido sulfúrico”.

Es más, Vargas aseguró que el pedido de DRP no es factible, pues para ello el mismo Congreso de la República debería modificar la ley: “Esto requiere una modificación legislativa y no es factible. Entonces les hemos propuesto alternativas de solución y ellos harán la evaluación al respecto con su casa matriz”.

¿LOS ÚLTIMOS DÍAS DE DOE RUN EN LA OROYA?

Víctor Vargas enfatizó que el Estado no realizará más prórrogas a favor de Doe Run Perú, y reiteró que el plazo para el reinicio de sus operaciones en La Oroya vence, sí o sí, el 27 de julio.

Sin embargo, indicó que Ministerio evalúa un plan de contingencia, si se Doe Run no cumple con los plazos establecidos.

Los activos de Doe Run están valorizados en más de 614 millones de dólares. De acuerdo a los funcionarios del MEM, si al término de los 30 meses de plazo la empresa no cumple con el contrato, se ejecutaría garantías por 250 millones.

“El objetivo de la ejecución de garantías sería tener los recursos que cubren el 100 por ciento del proyecto, que suman 163 millones de dólares”, indicó Vargas.

“Como Estado estamos tratando de llegar a una solución, pero también debemos poner firmeza en las decisiones y asumir todo lo que esté de nuestra parte y hacer viable, y no ir sacando nuevos temas cada sesión tal como lo hace Doe Run”, expresó Vargas.

> Más información sobre los cuatro puntos tratados en el encuentro, además de una entrevista en video a Víctor Vargas, en la página del MEM