La empresa Doe Run Perú, conocida por incumplir acuerdos estatales, podría recibir una sanción. En declaraciones al boletín 127 de CooperAcción, el adjunto para el Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, recordó que la minera tenía hasta el 31 de octubre pasado para procurar que todos los niños de La Oroya no excedan de 25 miligramos por decilitro de plomo en la sangre.
Como se recuerda, la prórroga otorgada por el gobierno para el cumplimiento del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) no exime a la empresa de saldar compromisos ya adquiridos.
DOE RUN NO HABRÍA CUMPLIDO
Doe Run Perú debía cumplir con la meta de no sobrepasar los 25 miligramos por decilitro de plomo en la sangre de los niños de La Oroya, según resolución ministerial Nº257-2006-MEM/DM. Pero todo indica que no honró este compromiso.
El mes de junio, el Estado peruano presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe de Digesa de finales del 2008 donde se evidenciaba que no se había alcanzado la meta, pues había atenciones de menores de 6 años con concentraciones superiores a 45 ug/Dl en sangre.
De acuerdo Carmen Rosa Sandoval, del programa de Defensa del Interés Ciudadano de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), “existen informes posteriores, que corresponderían a la fase de inactividad de la metalúrgica. Estos, sin embargo, serían inexactos, pues el plomo se traslada de la sangre a los huesos con el tiempo. Lo cierto es que la intoxicación necesita atención médica”.
Carmen Rosa Sandoval precisa: “La sanción depende del grado de incumplimiento que deberá establecerse una vez terminada la fiscalización externa que ya debió comenzar el 2 de diciembre. La multa es de 600 UIT y contempla la ejecución de la carta fianza para el pago de esta”.
El encargado de monitorear el cumplimiento de los otros acuerdos, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming), aún no se ha pronunciado sobre el caso.
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ENVENENAMIENTO CON PLOMO:DOE RUN MIENTE,MIENTE COMPULSIVA Y DESCARADAMENTE .
«La poderosa influencia de los intereses mineros distorsiona la democracia y somete a nuestras autoridades –nacionales y locales – a presiones y tentaciones abrumadoras, contra las cuales la sociedad está desprotegida. La mala minería aprovecha y profundiza la exclusión social: La misma desesperación impulsa a los adolescentes sumergidos en el infierno del oro de la selva y a los trabajadores de La Oroya que defienden a Doe Run. Los mismos criminales que trafican con niñas púberes proveen impunemente los burdeles de enclaves mineros legales e ilegales. El desprecio por la dignidad humana, la corrupción social y el abandono de la infancia vulnerable, en la minería, es la principal y obscena catástrofe.»
Dr Ernesto Ráez-Luna
Por mérito a un esforzado trabajo para salvar la cuenca del río Tambopata, que se encuentra en peligro por una serie de amenazas, entre las que destaca la minería del oro, y los proyectos de represamiento hidroeléctrico en toda la cuenca del río Madeira, del cual el Tambopata es tributario, al peruano Ernesto Ráez-Luna le fue entregado el premio Whitley destinado a los que luchan por la conservación de zonas críticas en el planeta; el premio lo recibió el 2008 de manos de la princesa Ana de Inglaterra.
Ráez-Luna, fue una de las once personas honradas en la ceremonia que se llevó a cabo en el Royal Geographical Society, organizada por el Fondo Whitley para la Naturaleza (WFN).
El premio otorgado a Ráez-Luna reconoce su trabajo en la cuenca del río Tambopata, una zona muy rica en flora y fauna que además es considerada canal de drenaje para el río Madeira, el más largo tributario del Amazonas y que constituye una fuente vital de nutrientes para el Océano Atlántico.
Respecto a la problemática de la minería en Cerro de Pasco, el Dr Ráez-Luna ha sido claro, he aquí una comunicación suya en respuesta a las denuncias hechas por muchos medios de prensa peruanos a principios de noviembre de 2009, especialmente El Comercio.
Respuesta a editorial de El Comercio del 11-nov-09
Estimado Sr. Director:
Felicito a El Comercio por los artículos y el editorial de ayer, que enérgicamente denuncian la devastación que la minería aurífera ilegal causa en Madre de Dios y otras partes de la patria. Felicito también el propósito del Sr. Ministro del Ambiente, de empezar a ordenar una actividad cuyos pasivos sociales y ambientales invalidan cualquier opción de progreso derivada del beneficio económico. Sin embargo, un problema que es producto de décadas de desgobierno y vista gorda, debe ser bien diagnosticado para ser bien solucionado.
Tres precisiones son imperativas. Primero, la “pequeña” minería ilegal y la gran minería legal no son mundos separados, sino dos caras de una misma moneda. Las diferencian los volúmenes y capitales en juego, su formalidad y visibilidad relativas; pero la cuenca del Rímac y La Oroya son catástrofes ecológicas donde tuvo parte la gran minería, que fueron permitidas por la misma ideología sectorial que incubó el caos minero en Madre de Dios. En uno de los países más vulnerables al cambio climático y al estrés hídrico, el MINEM ha otorgado grandes concesiones mineras sobre lagunas, nevados y glaciares. Requerimos una profunda modernización ideológica del sector y la definición de zonas rígidas para la pequeña y la gran minería, por igual.
Segundo, la catástrofe principal y más profunda no es ecológica, sino social e institucional. La poderosa influencia de los intereses mineros distorsiona la democracia y somete a nuestras autoridades –nacionales y locales– a presiones y tentaciones abrumadoras, contra las cuales la sociedad está desprotegida. La mala minería aprovecha y profundiza la exclusión social: La misma desesperación impulsa a los adolescentes sumergidos en el infierno del oro de la selva y a los trabajadores de La Oroya que defienden a Doe Run. Los mismos criminales que trafican con niñas púberes proveen impunemente los burdeles de enclaves mineros legales e ilegales. El desprecio por la dignidad humana, la corrupción social y el abandono de la infancia vulnerable, en la minería, es la principal y obscena catástrofe.
Tercero, las acciones iniciadas, en buena hora, por el MINAM en Madre de Dios ofrecen un nuevo escenario a los esfuerzos que durante años y con considerable riesgo han sostenido numerosos ciudadanos, la Iglesia Católica y las ONGs. ¿Cómo sinó explicar los frecuentes ataques verbales, amenazas y daños a la propiedad que las ONGs en Madre de Dios reciben en cada asonada minera? Prácticamente todos los informes y denuncias de los últimos cinco años sobre el daño social y ambiental de la minería en Madre de Dios han sido producidos y emitidos desde la sociedad civil. Informes que entregamos al MINAM hace muchos meses.
Hemos sostenido innumerables reuniones y coordinaciones con la Defensoría del Pueblo y las autoridades de Madre de Dios, hemos escrito y declarado a la prensa. Un principio nos ha guiado en este
esfuerzo: La solución debe darse con los mineros (chicos y grandes) y no contra ellos.
No es buscando culpables ni imponiendo prohibiciones efectistas, sino reconociendo a todos los actores y construyendo sobre los avances que ya se han logrado mediante el diálogo (ejm., entre la Reserva Nacional Tambopata y los mineros del río Malinowski), que alcanzaremos una minería social y ambientalmente saludable. Cordialmente,
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Ernesto F. Ráez-Luna
Director de Ciencia y Desarrollo / Science and Development Director
Centro para la Sostenibilidad Ambiental / Environmental Sustainability Center – Universidad Peruana Cayetano Heredia