Escribe César Ipenza / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la SPDA

Lo que viene y ha venido sucediendo con Doe Run Perú (DRP), sencillamente no tiene nombre. En años anteriores, el Estado ha dado claras muestras de debilidad ante las presiones de una empresa que no sólo ha incumplido con sus obligaciones ambientales, sino que además lo ha demandado internacionalmente. Y, por si fuera poco, ha conseguido apoyo en el Congreso para extender todos los plazos referentes a sus compromisos.

DRP tiene 15 años en la Oroya, y tiene dos (02) ampliaciones de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), fundamentalmente relacionado a la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y la Modernización del Circuito de Cobre. Dicha planta es indispensable para proteger la salud de los pobladores y hasta que no se concluya, DRP no debería volver a operar. De reanudar sus actividades, además, la empresa estatal Activos Mineros no podría remediar los suelos ya contaminados, porque DRP seguiría contaminado, y sería una inversión sin mucho sentido.

El gobierno del Perú, incluido el Congreso de la República, debe garantizar que está considerando y protegiendo no solamente los derechos de los trabajadores, la economía de la región, la salud y los intereses económicos nacionales, sino también los derechos humanos de los ciudadanos de La Oroya, los que podrían ser perjudicados por la reapertura del complejo sin haber cumplido con el PAMA.

Por otro lado, tengamos en cuenta que el Congreso al insistir en ampliarle el PAMA, está regulando para un particular, lo cual podría declararse inconstitucional. No se puede regular con nombre y apellido. Sin embargo, si el Estado quiere extenderle el plazo del PAMA, este debe darse SÍ y SÓLO SÍ el Grupo Renco y Doe Run Perú:

• Desisten de continuar con la demanda de arbitraje ante el CIADI.
• Acuerden que asumirán toda responsabilidad en los EE.UU., relacionada con la contaminación proveniente de la fundición.
• Cumplan con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación.

No podemos seguir visibilizándonos como un país débil, que cede ante la presión de una empresa irresponsable. El Perú no debe dilatar el cumplimiento de las normas ambientales, ni permitir la sistemática vulneración de derechos fundamentales. El Perú que todos queremos es aquel que hace cumplir las reglas que como Estado hemos decidido e impuesto, y que la vida está sobre cualquier interés particular. Así lo recoge nuestra Constitución y ese tema debe ser entendido por empresarios y políticos.

Señores congresistas, nuestro Congreso debe asegurar el cumplimiento de la Constitución y el Proyecto de Ley que pretende dar una prórroga por tercera vez atenta contra la misma, atenta contra la vida de las personas, de los ciudadanos de La Oroya y son ustedes los que deben hacer cumplir ese mandato: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal…».

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Foto: Servindi