Tal como lo habían anunciado en enero, el Grupo Renco –de propiedad del millonario Ira Rennert– y Doe Run Perú iniciaron el pasado 7 de abril un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado peruano, exigiendo una indemnización de 800 millones de dólares debido al cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Según el Ejecutivo, la demanda fue presentada ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIDAI), institución del Banco Mundial, y se ampara en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos.

Para Doe Run, nuestro país trató injustamente a la empresa minera respecto a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La firma alega que el Gobierno exigió responsabilidades adicionales y no otorgó la prórroga necesaria para concluir la construcción de la planta de ácido sulfúrico.

Otro argumento es que el Gobierno trató con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar de que tampoco cumplió con las obligaciones correspondientes del PAMA. Para Renco, esto constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.

Doe Run también alega que está con problemas de financiamiento, lo que lo llevó a un proceso concursal ante Indecopi, por ello señala que busca dicho financiamiento para pagar a sus acreedores. Sin embargo, denuncian un intento de expropiación de parte del Gobierno porque éste pretende ser reconocido como el mayor acreedor, debido al incumplimiento del PAMA.

Por otro lado, la firma señala que tanto el Gobierno como Activos Mineros deben asumir la responsabilidad por las denuncias presentadas por daños a la salud y medio ambiente, las cuales fueron presentadas en el Perú y EE.UU.

Cabe resaltar que hace dos semanas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Doe Run con 7.1 millones de soles (2 mil UIT), debido a una serie de compromisos incumplidos por la empresa minera desde el inicio de sus operaciones en La Oroya.

Hasta el año pasado la empresa debía 110 millones de dólares a sus proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por 150 millones para la culminación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pero hasta la fecha Doe Run no había mostrado interés en mejorar la situación del complejo metalúrgico y de los trabajadores.

MEM YA ESPERABA ESTA MEDIDA

Ante los diversos comunicados difundidos por Doe Run en diferentes medios de prensa, que advertían sobre dicha demanda, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Sánchez, se había mostrado de acuerdo con la medida porque la empresa tenía todo el derecho de hacerlo.

“Si la empresa entiende que tiene una reclamación contra el Estado Peruano, va a tener que ir a un arbitraje. Los comunicados no son la forma de exigirle algo al Estado (…) debe hacerlo vía los mecanismos que la ley o los contratos le confieren”, señaló Sánchez en noviembre del año pasado.

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Foto: Andina