Doe Run amenaza con llevar al Gobierno Peruano a un arbitraje internacional
jueves 6 de enero, 2011
Mediante un comunicado publicado en diversos medios de comunicación, el Grupo Renco, matriz de Doe Run Perú, amenazó al Estado Peruano con iniciar un proceso de arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Renco alegó un supuesto incumplimiento del Gobierno peruano “en honrar sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes internacionales”. Para la empresa, esto incluye la negativa del Gobierno de remediar los suelos en La Oroya y sus alrededores, tal como se habría comprometido legalmente.
The Renco Group notificó formalmente a la Dirección General de Asuntos de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado 29 de diciembre, su intención de iniciar dicho arbitraje internacional. Asimismo la empresa exhortó al Gobierno que tiene 90 días para cumplir con esas exigencias o someterse a un arbitraje.
En declaraciones al diario El Comercio, el Director Ejecutivo de CooperAcción, José de Echave, indicó que el intento de la empresa de llevar al Estado peruano a un arbitraje es una maniobra más de la firma minera para tratar de evadir sus responsabilidades.
Para De Echave, Doe Run solo tiene dos opciones: la reestructuración de la empresa o su liquidación, y por las deudas cuantiosas que tiene, todo apuntaría a lo segundo. En los próximos 15 días, Indecopi definirá la lista de deudas que tiene la minera y formará una junta de acreedores, que decidirá el destino de la empresa.
Renco Group controla el mayor complejo metalúrgico de Perú que está paralizado desde hace un año y medio por no garantizar al Estado la ejecución de un plan de cuidado ambiental por unos 150 millones de dólares. Además posee deudas impagas por 100 millones de dólares a los proveedores de materias primas, como la minera de oro Buenaventura y la productora de zinc y plata Volcan.
La paralización de las operaciones de Doe Run, que alguna vez fue la sexta exportadora de metales de Perú, dejó sumidos en la incertidumbre a 3 500 trabajadores directos y a otros 16 mil empleados.
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Foto: Archivo / SPDA
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