Foto: FEMA 

El Ministerio Público anunció la aprobación del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, un documento que dirige la labor de los fiscales encargados de velar por nuestros recursos naturales.

El reglamento, aprobado a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 435-2020-MP-FN, establece los lineamientos generales y específicos que definen la competencia, organización y funciones de las fiscalías especializadas en materia ambiental y demás fiscalías que tengan similares competencias.

Como se recuerda la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) tiene como objetivo investigar y prevenir los delitos ambientales, promoviendo la defensa del ambiente y los recursos naturales, así como el mantenimiento de un ambiente sano y equilibrado, como derecho fundamental de las personas.

Según la resolución, se incluye las anteriores modificaciones que se hizo en dicho reglamento con el fin de tener un texto único. Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA, resalta dos aspectos del reglamento aprobado. El primero tiene que ver con la institucionalización de la labor de las Unidades de Monitoreo Georreferencial Satelital de Delitos Ambientales (UMGSDA): “El reglamento establece roles y funciones dentro de la organización fiscal especializada en materia ambiental, destacando los relativos a la emisión de informes periciales oficiales para las FEMA y Fiscalías provinciales con competencia ambiental, realizar verificaciones de campo, realizar alertas tempranas de deforestación, entre otros”.

El especialista también destaca, como segundo punto, que el reglamento releva el trabajo de la Fiscal Superior Coordinadora de la FEMA, en aspectos como el control del cumplimiento de plazos de investigación, la organización anual del Congreso Nacional de FEMA, la articulación con redes y organizaciones nacionales e internacionales de fiscales.

“Ambas modificaciones impactarán sin duda en la mejora de los procesos de investigación, dotándolos de mayores herramientas de convicción para su evaluación en la vía penal, así como facilitará el acceso a nuevas fuentes de información, investigación, financiamiento y capacitación, al promoverse la articulación en espacios de trabajo nacional e internacional dedicados a la lucha contra los delitos ambientales a nivel nacional y transfronterizo”, explicó el abogado de la SPDA.

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