• Líder indígena Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu (Huánuco), luchaba a favor de la titulación de su territorio. A finales de enero él junto a otros dirigentes sostuvieron una reunión con el relator especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Michel Forst, para dar conocimiento de las amenazas constantes que recibían por la defensa de su territorio.
• Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, hace un llamado al Gobierno para que este caso no quede impune.

Por Angela Rodriguez y Fiorella Fiestas 

 

El último domingo 12 de abril se hizo conocimiento público de la muerte del líder indígena Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu, del pueblo indígena Cacataibo, en el distrito Codo de Pozuzo, provincia Puerto Inca (Huánuco). La muerte del líder indígena se da en medio del largo proceso emprendido por la comunidad a favor de la titularidad de su territorio.

“La policía llegó recién anoche (miércoles 14 de abril), hicieron levantamiento del cadáver ya en la comunidad (Santa Martha). ¿Por qué? En un momento de desesperación la mujer (esposa de Arbildo) pidió a algunos comuneros para cargarlo. El acompañante, que es el que avisó a la esposa y a nosotros, ayer dio su manifestación y declaró que él había sido el autor del crimen”, indicó Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) a la que pertenece la comunidad de Arbildo Meléndez.

De acuerdo a Diques, el autor confeso no es comunero de Santa Martha, ni indígena, es “colono migrante que se casó con una comunera de la localidad”. “Es culpable, por el momento, como autor material”, indica el presidente de ORAU, que integra 320 comunidades con 13 federaciones locales y 15 pueblos indígenas.

Actualmente, ORAU está recibiendo el apoyo de la Defensoría del Pueblo. “Aún no tengo información, no sabemos todavía quién es el autor intelectual. Solo tenemos la confesión del declarante. Sí hay una investigación en curso. La investigación continúa con la fiscalía de Puerto Inca”, precisó.

El presidente de ORAU también pide apoyo para la familia del líder indígena. “Hay necesidad de apoyar a la familia y dar garantías a la comunidad”, agregó Diques.

Por su lado, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, hizo un llamado al Gobierno para que este caso no quede impune. “Es un tema muy preocupante. Es un caso como el de Edwin Chota. El hermano estaba amenazado por los cocaleros, traficantes de tierras, invasores. Lo que exigimos desde Aidesep es que esto no debe quedar impune, que desde la Fiscalía haya una investigación muy clara, no dejar esto”, enfatizó Cauper.

Asimismo, resaltó que esta problemática se replica en diferentes partes del país. “Hay muchos líderes amenazados y este es un indicador más de que no hay justicia para los pueblos indígenas. Este escenario sucede casi en toda la Amazonía, sea por narcotraficantes o traficantes de tierras, entre otros. Hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, del Interior que se ponga en agenda esta situación que no es de ahora, que viene sucediendo hace años. Nosotros decimos que toda la Amazonía es como el VRAEM actualmente”, indicó el presidente de Aidesep.

Lucha histórica por la titularidad

La Comunidad Nativa Unipacuyacu reconocida en 1995 se encuentra en la etapa de demarcación de su territorio, primer paso para la titulación de la comunidad. Más de 30 familias que conforman esta comunidad han emprendido una lucha histórica para lograr su seguridad jurídica, esta vez como parte del proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras en el Perú Tercera Etapa (PTRT3).

Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en abril del 2019 denominado «El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas» concluye entre sus hallazgos que entre el periodo de 2011 y 2017 el Gobierno Regional de Huánuco solo ha reconocido la personería jurídica de 10 comunidades campesinas y no ha registrado avances en titulación de estas comunidades nativas, a pesar que se registran 90 comunidades campesinas y 4 comunidades nativas pendientes de titulación, entre las que resalta las comunidades de Unipacuyacu, Nueva Alianza de Honoria y Nueva Austria de Sira, ubicadas en la provincia de Puerto Inca. “Vienen esperando más de 10 años para ser tituladas”, indica la nota de prensa.

Con respecto a la comunidad Nueva Austria de Sira, en setiembre del año pasado una denuncia publicada en el portal de noticias Convoca menciona las amenazas dirigidas a uno de sus líderes, Pólico Díaz, quien fue golpeado por un grupo de al menos 30 personas. Según la denuncia, esta agresión se habría dado por parte de un grupo de presuntos invasores de tierras.

Defensor de derechos humanos

A través de sus redes sociales, Michel Forst, relator especial por los derechos humanos de la ONU expresó su profunda tristeza por la muerte del líder indígena. Forst visitó nuestro país a inicios de año donde recogió testimonios de 475 defensores ambientales de Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios. Asimismo, se reunió con Arbildo Meléndez, quien expuso las constantes amenazas que venía recibiendo por su lucha expresa a favor de la titularidad de su territorio.

Profundamente triste por la muerte de Arbildo Melendez, líder indígena Cacataibo. Me reuní con él hace unos meses en #Peru. Se deben esclarecer las condiciones de su muerte. Alta preocupación por la situación de su comunidad, amenazada por oponerse a cultivos y tala ilegales pic.twitter.com/LnQM90Tedu

— Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) April 14, 2020

La visita de Forst respondió a las alarmantes cifras de ataques y asesinatos contra defensores de derechos humanos ocurridos en Perú en los últimos años. En una conferencia de prensa concluyó que nuestro país no es un lugar seguro para los defensores de derechos humanos. “Hay esfuerzos, pero un gran número de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas no pueden actuar en un entorno seguro y propicio”, declaró en su momento.

“La labor que las personas defensoras ambientales realizan en nuestra Amazonía tiene un gran valor para la promoción y protección de los derechos ambientales y, como consecuencia, la protección de nuestros bosques. Sin embargo, el contexto que afrontan es completamente inseguro y la impunidad con la que actúan sus opositores genera cada vez más situaciones de riesgo e incluso muerte, como es el caso de Arbildo Meléndez”, resaltó la coordinadora regional de la Oficina de Madre de Dios, Luisa Ríos.

Asimismo, resaltó los casos de Alfredo Vracko y Edwin Chota. “A pesar de ser de conocimiento público, no logran una respuesta acertada del Estado. Fuera de las medidas de autoprotección que ponen en práctica[1] algunas personas defensoras, debemos asegurar que los mecanismos de protección que establezca el Estado permitan un entorno seguro para ellas”, finalizó.

 

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[1] Acciones colectivas, comunicación telefónica más segura, redes de contactos nacionales e internacionales, entre otros.

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