Desde que el complejo metalúrgico La Oroya reanudó operaciones -el pasado 29 de julio-, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), alertó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado, según un reportaje de El Comercio publicado el día de ayer. El estado de alerta advierte los altos niveles de concentración de gases que pueden causar daños en la salud de las personas.

Entre el 1 y el 24 de agosto, la Digesa registró en La Oroya los valores del dióxido de azufre superaron -al menos durante 10 días- los estándares de calidad ambiental del aire, que establece un promedio máximo de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) cada 24 horas.

Meses atrás, el Gobierno había asegurado que el complejo metalúrgico no reanudaría sus actividades mientras no se garantizara el cuidado de la salud de las personas, sin embargo el complejo ha vuelto a trabajar, generando nuevamente el peligro de contaminación.

Sobre el permiso para reanudar las actividades, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) señaló que “la decisión es responsabilidad de la empresa liquidadora (Right Business), la cual fue comunicada a la Dirección General de Minería, que luego de requerir la documentación pertinente señaló que Doe Run Perú solo cuenta con marco normativo para operar el circuito de zinc y de plomo”. Las autoridades explican que por eso ahora solo funciona el circuito de zinc.

COMPLEJO NO CUENTA CON PAMA

Respecto a la reanudación de operaciones, César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indica que hasta ahora el complejo no cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) concluido, por lo que se pregunta “¿con qué instrumento de gestión ambiental el MEM dio luz verde a la vuelta de las operaciones?”.

Según el MEM, “Right Business está operando el circuito de zinc bajo el marco normativo de la Resolución N° 257-2006, que otorgó un plazo adicional para la construcción de cada una de las plantas de ácido sulfúrico del complejo (zinc, plomo y cobre)”. Sin embargo, precisa Ipenza, solo hay dos instrumentos ambientales: el estudio de impacto ambiental y el PAMA, y el complejo de La Oroya no cuenta con ninguno de ellos.

“Nadie puede negar el gran problema social y las exigencias de los trabajadores en La Oroya, pero no se puede permitir que se vulneren las normas ambientales”, insiste el abogado.

RIGHT BUSINESS RECHAZÓ DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN

Rocío Chávez, representante de Right Business, empresa liquidadora de la metalúrgica Doe Run Perú, rechazó la denuncia por contaminación en La Oroya, indicando que “nosotros hemos venido con pruebas que demuestran que cada una de esas aseveraciones son falsas”.

Chávez, calificó la información propalada por El Comercio como “alarmista” y que “no se ajusta a la verdad”. Señaló además que el complejo no necesita un PAMA, ya que la normatividad a la que éste se rige no exigía realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para ejecutar la obra, por lo que remarcó que es suficiente que el proyecto de modificación del circuito de zinc y la planta de ácido sulfúrico haya sido “culminado y fiscalizado” por el Osinergmín para iniciar su funcionamiento.

En declaraciones a RPP, indicó también que de los ocho proyectos establecidos por el PAMA, no se finalizó con uno: la modificación del circuito de cobre y la planta de ácido sulfúrico, hecho que impediría el inicio de sus operaciones.

“Si nosotros hiciéramos funcionar ese circuito a la fecha, como lo que quería hacer Doe Run con la anterior administración -con el plan presentado en mayo de este año- ahí sí estaríamos incumpliendo la norma”, argumentó.

EL PAMA ES OBLIGATORIO

Respondiendo a Right Business, César Ipenza recuerda que “los PAMA se dieron para aquellas empresas que venían desarrollando actividades y que no tenían EIA. Sin embargo, ambos constituyen instrumentos de gestión ambiental y son de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa del rubro minero”.

“No se le puede eximir de contar con un instrumento de gestión ambiental a dicho complejo metalúrgico. Si bien es cierto que los PAMA no existen hoy en día, la labor de fiscalización la ejerce hoy en día el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quien deberá fiscalizar en base a los compromisos ambientales recogidos en el instrumento de gestión ambiental, que podría ser el PAMA, el cual actualmente no está aprobado”, agregó.

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Foto: Diego Pérez / Archivo SPDA