Foto: Andina
- La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), junto con nueve organizaciones de la sociedad civil, emitieron un pronunciamiento a favor de la erradicación de la minería ilegal y demás delitos ambientales que se desarrollan en el país.
- Asimismo, expresaron su respaldo a la minería artesanal y de pequeña escala, que opera conforme a ley, con las garantías de salud y seguridad para los mineros, sus familias y las poblaciones aledañas, sin afectar ecosistemas y la vida misma.
El jueves 18 de junio, diez organizaciones de la sociedad civil, incluida la SPDA, a través del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad, suscribieron un pronunciamiento donde reiteran su compromiso frente a actividades ilegales, como la minería ilegal y otros delitos ambientales que se desarrollan en el país.
El avance de la minería ilegal, por sus efectos nocivos en el ambiente, la biodiversidad, los medios de vida y los derechos fundamentales de las personas, viene generando una serie de reformas en políticas de formalización para la pequeña minería y minería artesanal, la fiscalización ambiental y la persecución penal de la actividad ilícita en este sector. A pesar de los esfuerzos del Estado Peruano por enfrentar este flagelo, la pérdida de biodiversidad parece no detenerse, lo cual se refleja en los reportes oficiales sobre el avance de la deforestación de nuestra Amazonía.
Sin embargo, el Estado peruano no está siendo firme en esta búsqueda de la formalización, debido a que el pasado 21 de junio se aprobó el Decreto Supremo 015-2020-EM, el cual amplía el plazo para cumplir con presentar el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) hasta el 31 de diciembre de 2020.
El IGAFOM es un instrumento de gestión ambiental cuya aprobación permite identificar, controlar, mitigar y/o prevenir los impactos ambientales negativos generados por los mineros en vías de formalización. La ampliación de este plazo muestra una mayor flexibilidad en las normas referidas a las obligaciones ambientales. Esto podría generar que los impactos ambientales negativos no se logren minimizar, ni fiscalizar, en referencia al proceso de formalización.
A partir del trabajo realizado desde la SPDA en materia de justicia ambiental, en los departamentos de Madre de Dios y Loreto, compartimos información relevante respecto al estado de la minería ilegal en estas regiones y por qué la urgencia de su atención.
Escenario actual: Madre de Dios
Desde 2007, en esta región, con la construcción de la carretera Interoceánica, se abrieron nuevas posibilidades para el crecimiento excesivo y desordenado de las actividades económicas extractivas. Por esos años, el precio del oro tuvo un aumento de precio sostenido hasta el día de hoy.
Precio del oro en US$ entre 2007 al 2018
Junto a este incremento progresivo en el precio del oro, se sumó la poca atención del Gobierno central en fortalecer la institucionalidad regional para atender los problemas, lo que facilitó el crecimiento de la minería ilegal en Madre de Dios. Para el 2018, esta actividad ilegal alcanzó 10,000 hectáreas deforestadas, lo que representó el 42.56% de la deforestación total del departamento.
Fuente: GEOBOSQUES
La minería ilegal impacta en la calidad de vida de la ciudadanía, no solo por los efectos de la deforestación, sino también por el incremento de otros delitos como el tráfico de personas, el asesinato a sueldo, el tráfico de tierras, entre otros.
A nivel geográfico, la minería ilegal en Madre de Dios ha mostrado sus mayores impactos en la zona de amortiguamiento de la RNTAMB y al interior de dicha ANP desde el 2016. Además, en los últimos años se han denunciado impactos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y desde el 2018-2019 también en la zona del río Piedras. Todas ellas consideradas como zonas de alta biodiversidad.
El impacto de la minería ilegal en Madre de Dios[1]
A continuación, compartimos algunos de los datos más alarmantes generados a partir de una serie de investigaciones sobre los impactos ambientales, sociales y a la salud, generados por la minería ilegal en Madre de Dios:
- Entre los años 2010 y 2017, se perdieron 64.586 hectáreas como resultado de la minería ilegal en Madre de Dios, más del doble de la superficie total perdida en el período precedente de 26 años (1985-2009, 31.165 hectáreas).[2]
- La deforestación acumulada en las zonas de Huepetuhe (1990-1995), Delta (1997-2010) y La Pampa (2004-2009), representan el 49% de la deforestación acumulada generada por la minería ilegal en la región.[3]
- En diciembre de 2017, el “Reporte de inventario: estimaciones del uso y consumo de mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el Perú”, elaborado por expertos del Artisanal Gold Council, alertó que anualmente se arrojan al ambiente en Madre de Dios 181 toneladas de mercurio.[4]
- Se presume una relación entre exposición a Mercurio (Hg) y pobre desempeño cognitivo en niños.
- Los niveles de mercurio en los ríos son de 3 a 25 veces el estándar nacional. Este es un aspecto muy relevante si consideramos que casi la totalidad de la población rural utiliza el agua de quebradas para consumo diario.
- Las máquinas y equipos usados en la actividad minera han arrojado 1,500 litros de aceite en los últimos 10 años, impactando directamente el suelo.
- La pequeña minería es la mayor causa de pérdida de bosque en Madre de Dios.
Nuestra experiencia en Madre de Dios
A partir del trabajo en el Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) de la SPDA en Madre de Dios, en noviembre de 2010, se buscó promover el respeto y la defensa de los derechos ambientales en esta región, así como aportar a la conservación de su paisaje, determinando entre sus principales beneficiarios a actores rurales como concesionarios forestales y agricultores.
En ese contexto, los temas de atención principales del CJG han sido los conflictos generados por mineros ilegales, que por lo general son dos de los delitos más recurrentes: delitos ambientales y el de usurpación.
Los casos de atención más recurrentes en el CJG correspondían a minería ilegal. Sin embargo, por el contexto de inseguridad que se generó alrededor de las zonas de actividad minera, así como represalias contra quienes denunciaban, ahora son hechos poco reportados o denunciados bajo reserva de identidad.
Entre los años 2012 al 2018, desde el CJG de Madre de Dios se registraron 79 casos relacionados a minería ilegal, mediante los cuales se reportaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios (36) e instancias competentes del Gobierno Regional de Madre de Dios (39), así como comunicaciones ante el OSINFOR (4) por afectaciones sobre áreas de concesiones forestales maderables, concesiones para ecoturismo, predios agrícolas, áreas de conservación privada (ACP) y la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. En la actualidad, de los casos tramitados en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), se mantienen 24 casos y 12 han sido archivados.
Asimismo, como una herramienta de incidencia hacia la ciudadanía desde la plataforma Alerta Ambiental Madre de Dios, se han generado fichas virtuales de los casos reportados por el CJG, a través de los cuales se generó un mapa de zonas afectadas e imágenes de los daños ocasionados, así como la determinación de hitos de acuerdo con las respuestas de las autoridades ante las denuncias realizadas.[5]
Durante el último año, la SPDA ha redoblado sus esfuerzos para acompañar al Comité de Gestión de la RNTB en reuniones con Defensoría del Pueblo y con los tomadores de decisión del Operativo Mercurio 2019 (FEMA, PNP, Ejército, Alta Dirección Minam). Con motivo de ello se ha facilitado información oportuna y útil para la toma de decisiones.
Como parte de nuestro compromiso en la lucha contra la minería ilegal, desde la SPDA buscamos: a) poner en marcha herramientas de planificación y gestión del territorio en Madre de Dios; b) mejorar la capacidad del Estado para generar información que permita acciones más oportunas en la lucha contra minería ilegal y actividades preparatorias; y c) asegurar financiamiento para la Operación Mercurio, a fin de que exista una estrategia sostenida en el tiempo (2 años), así como activar el presupuesto para actividades y servicios sostenibles en las zonas liberadas de la minería ilegal.
Escenario actual: Loreto
Los mineros ilegales en Loreto han desarrollado nuevas modalidades para continuar con sus actividades ilegales. Hoy operan en peque peques, embarcaciones pequeñas hechas a base de madera que son típicas de esta región, las cuales acondicionan con la maquinaria y equipos necesarios para extraer oro del fondo del río mediante el vertido de mercurio (peque-dragas). Esta modalidad les permite movilizarse fácilmente, sea para cambiar su punto de extracción o para evadir los operativos. Además, según indican las autoridades, los mineros están organizados y se comunican entre ellos para advertirse ante la presencia de la Marina de Guerra y la Fiscalía.
En los últimos meses se ha reportado el incremento de estas “peque-dragas” en los ríos Napo y Nanay. Sin embargo, las comunidades del Napo indican que la minería ilegal opera por esta zona aproximadamente desde hace diez años y según un estudio realizado por el Gobierno regional de Loreto esta es una problemática socioambiental presente en los ríos, playas o terrazas desde 1999. También se avistaron pequedragas en los ríos Chambira y Pintuyacu, ambos continuos al Nanay.
Mapa de avistamiento de dragas en las cuencas Pucacuro, Napo y Nanay. Elaboración: SPDA / Fuentes: informes de jefaturas de ACR Alto Nanay – Pintuyacu Chambira y ACR Maijuna Kichwa
La minería ilegal perjudica principalmente a las comunidades ribereñas, dependientes del río para subsistir. Así, cuando el río es contaminado, también lo son los peces, y de esta forma se quedan sin una fuente de agua y sin alimentos. Por esta contaminación, a muchas de las comunidades asentadas en las riberas del Napo les prohibieron consumir algunas especies de peces.
En el Nanay la minería ilegal ha llegado incluso a áreas naturales protegidas. Desde mediados del 2019, comunidades de Alto Nanay y ciudadanos de Iquitos han realizado diversas denuncias advirtiendo que, cada vez hay más dragas en esta zona. Las que estarían operando en diversos puntos de la cuenca del Nanay, inclusive dentro del Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay-Pintuyacu Chambira y su zona de influencia, así como en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM).
Mapa de avistamiento de dragas en las cuencas Nanay, Pintuyacu y Chambira. Elaboración: RNAM Fuentes: Sernanp
El impacto socioambiental llega a Iquitos, por ser el Nanay la fuente de agua potable para más de medio millón de iquiteños. Sin embargo, el oro ilegal obtenido del Nanay, del Napo y otros ríos de la región, estaría siendo comercializado sin ningún tipo de restricción y ante los ojos de todos.
Del mismo modo la minería ilegal de material no metálico es una problemática recurrente en la zona de amortiguamiento de la RNAM, sobre todo en el eje de la carretera Iquitos – Nauta. Pues, esta área alberga bosques de varillal, ecosistemas únicos que se caracterizan por su arena blanca, la cual es empleada para la construcción en Iquitos.
Aunque la extracción de arena es una actividad que puede realizarse legalmente, su desarrollo en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas implica un proceso en el que debe dar opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp).
Sin embargo, en el caso de Allpahuayo todas las quebradas que entran al área nacen en su zona de amortiguamiento, lo que hace que algunas zonas (donde se ha desarrollado la actividad ilegal) sean de alta sensibilidad biológica. Asimismo, uno de los objetivos de creación de la RNAM es la protección de los bosques de varillal, por lo que el desarrollo de minería no metálica afectaría directamente los objetivos de creación del área. Además, este tipo de minería no solo consiste en la extracción del recurso aprovechado directamente, es decir, la arena, sino que conlleva deforestación del bosque.
El trabajo en Loreto: articulación multisectorial
Frente al aumento de la minería ilegal en las cuencas de Loreto, la FEMA de Iquitos y Maynas, la jefatura de la RNAM y la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto, han empezado a organizarse, reunirse y desarrollar un trabajo articulado que les ha permitido dar pequeños, pero importantes golpes a la minería ilegal. De esta manera, han podido identificar los puntos en los que se ubican las dragas, realizar operativos exitosos e incluso lograr la detención de 8 personas vinculadas a la minería ilegal el año pasado.
En esta misma línea, desde la sociedad civil la Plataforma de Buena Gobernanza de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos de Loreto ha tenido una importante participación. Y ha logrado que se involucren en el tema el Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu Chambira y el de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, entre otros actores como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la SUNASS, la EPS Sedaloreto y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
La SPDA también viene acompañando las acciones para erradicar la problemática de la minería ilegal en Loreto, generando sinergias entre el Gobierno Regional de Loreto (Gorel), el Sernanp y el Ministerio Público. De este modo, en marzo de este año apoyo y estuvo presente en la reunión de trabajo convocada por el Gorel, a través del ARA, con la ministra del ambiente, la jefatura del Sernanp, el director de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente (Minam) y las Fuerzas Armadas.
Dicha reunión, que tuvo por objetivo establecer acciones en conjunto para erradicar la minería ilegal en Loreto, dio como resultado que se implemente un puesto de control y vigilancia con presencia de la Marina de Guerra y la Policía Nacional, en la cuenca del Nanay.
Además, desde el Consultorio Jurídico Legal (CJL) de la SPDA en Loreto, se han dado asistencia legal a las autoridades para la toma de decisiones en marco a consultas sobre la regulación ambiental en las actividades de minería en Loreto.
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