El congresista electo Javier Diez Canseco denunció que la empresa minera Doe Run Perú (DRP), luego de ser suspendida al no pagar una millonaria deuda con el Estado peruano, habría hecho algunas ‘jugadas’ financieras para convertirse en la mayor acreedora de la propia compañía, es decir, de sí misma. Diez Canseco considera que esto debe ser llevado a un proceso judicial y el Congreso debe revisar este caso.

Para el legislador electo, la empresa minera “estafó al país, porque se comprometió a invertir alrededor de 250 millones de dóalres, sin embargo lo que hizo fue crear una serie de empresas subsidiarias off shore para prestarse a sí misma dinero, es decir, un crédito fraudulento que ahora lo ha llevado a encabezar la junta de acreedores del proceso concursal iniciado ante el Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)”

“La deuda de una de las subsidiarias que creó, frente a Doe Run Perú es a todas luces ilegítima, le brinda el control en la junta de acreedores, en perjuicio del resto de acreedores legítimos como las entidades del Estado involucradas, los proveedores mineros, y otros”, señaló a Diario 16.

Según Diez Canseco, DRP solicitó un crédito y luego lo derivó a varias empresas ‘off shore’ creadas en Gran Caimán, y otros lugares, “para hacer un circuito de dinero mediante el cual se prestaba plata afuera, la colocaba aquí y cuando le cobraban sus acreedores, decía que no tenía cómo pagarles”.

“Doe Run tenía que aportar en total unos 370 millones de dólares, entre pago de acciones, capital de trabajo e inversión adicional, pero el mismo día que la matriz norteamericana entrega el dinero a DRP, esta se lo presta a una de las off shore a 0% de interés y cinco años de plazo para pagar, entonces lo que hay ahora es un circuito de flujo puramente contable. Es un carrusel de plata con el fin explícito de no gastar lo acordado y trabajar con la empresa tal como estaba”, agregó.

Debido a estas operaciones, “la empresa era insolvente porque carecía de capital por hacer estas operaciones; en pocas palabras, está en una quiebra fraudulenta. Hay un grave problema además porque se desinformó a los accionistas minoritarios, los trabajadores, que tienen un 0.066% de participación en la empresa”.

Diez Canseco calificó a este caso como ‘faenón de DRP’ y mencionó que existe “un proceso concursal ante Indecopi y la posición del regulador debería ser clara y nítida, pero parece que la entidad está pintada en la pared”.

Finalmente, el legislador señaló que si no se llega a realizar un proceso judicial inmediato, el Congreso “debería investigar este caso, así como otros contratos de privatización ilegales y lesivos, producto de manejos de empresarios inmorales como Ira Rennert que tiene pésima reputación en el mundo”.

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Foto: La República