Miles de ciudadanos se han manifestado en contra de la actividad minera en el río Nanay.

• Fallo ordenó la nulidad de la concesión minera ubicada sobre las aguas del río Nanay, fuente de agua de más de medio millón de personas en Loreto.   

La sala del Primer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto fue el escenario de un hito importante en la lucha por la protección de la cuenca del Nanay, que encabeza actualmente el Comité de Defensa del Agua en representación de las más de medio millón de personas que dependen de las aguas y peces de este río para vivir. Tras escuchar los argumentos y declaraciones de ambas partes, el juez Luis Miguel Del Águila Campos declaró fundada la demanda interpuesta por el mencionado comité en contra del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemet), la cual buscaba la nulidad de la concesión minera otorgada por este a la empresa Raíces Gaddaffy.

Como se recuerda, el pasado 31 de agosto de 2023, el Ingemet otorgó el título de la concesión minera Raíces Gaddaffy a Ricardo Moreno Valderrama, gerente general de una empresa con el mismo nombre que, según Sunat, se dedica a la silvicultura y otras actividades forestales. Esta concesión abarcaba un área de mil hectáreas que se extendían considerablemente hasta parte de la cuenca del Nanay.

Frente a este hecho, diversas organizaciones emitieron pronunciamientos e iniciaron acciones en rechazo al otorgamiento de esta concesión minera por abarcar parte del Nanay, río que actualmente soporta la contaminación de dragas de minería ilegal que impactan sobre la vida de miles de personas que dependen de esta fuente de agua.

Tres meses después y tras multitudinarias protestas ciudadanas en rechazo a la minería ilegal y a esta concesión minera, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió un decreto supremo que ordena la suspensión de toda admisión de petitorios mineros en el área del río Nanay. Sin embargo, la norma no pudo ser tomada como una solución definitiva porque no es retroactiva; es decir, no se aplicaba a la concesión ya otorgada.

Una sentencia que marca un precedente

En este contexto, el Comité de Defensa del Agua procedió con acciones legales, como la demanda de amparo que se resolvió ayer en el primer juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto. De esta manera, un año después de otorgada la concesión minera, se ha logrado su nulidad.

“Queda claro que la extensión sobre las cuales se ha proyectado la concesión que ha sido otorgada, la mayor parte está sobre áreas de recursos hídricos (del río Nanay), que es la principal fuente de captación de agua potable”, enfatizó el juez Luis Del Águila Campos, y aseguró que la “concesión y autorización que se pueda haber otorgado con la resolución de presidencia, presupone un riesgo inminente en la cual los recursos naturales, entre ellos el agua, pueden verse afectados por elementos químicos que usa esta actividad, y que no se necesita mayor sustento técnico para saber que una actividad minera en la cuenca del río Nanay resulta perjudicial”.

Finalmente, agregó que lo señalado anteriormente “es suficiente para acreditar una afectación de los derechos que han sido invocados en esta audiencia, por lo tanto la demanda debe ser declarada fundada en parte. Por ello, declaro fundada en parte la demanda y que se declare la nulidad de la resolución 2195”.

Ciudadanía rechaza todo tipo de minería en el Nanay

En paralelo a la audiencia, en los exteriores del Poder Judicial, un grupo de activistas y ciudadanos miembros del Comité de Defensa del Agua se manifestaron con carteles para pedir la erradicación de la minería de los ríos de Loreto. Hasta el momento, en Iquitos se han realizado hasta cuatro movilizaciones para pedir a las autoridades acciones frente al incremento de la minería ilegal y el otorgamiento de una concesión minera en el Nanay. Por lo tanto, la resolución del Poder Judicial ha sido un logro para ellos.

“El fallo judicial corona una lucha emprendida por miles de loretanos por tener un río Nanay libre de mercurio y metales pesados que hasta la fecha no ha sido asumido por el Estado como debería, y nos alienta a seguir convocando a la población hasta lograr nuestros objetivos. La resolución de este valiente juez es también una llamada de atención a los ministerios, a la presidenta, al gobernador de Loreto, a las fuerzas armadas, policiales y fiscales. Es posible ser ético y eficaz”, señaló José Manuyama, defensor ambiental que preside el Comité de Defensa del Agua de Iquitos.